Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El informe de Human Rights Watch vino a confirmar lo que hemos dicho en La Hora desde hace meses, en el sentido de que los implicados en casos de corrupción están entrampando los procesos confiados en que en poco tiempo tendrán un Fiscal General que se haga de la vista gorda y que Iván Velásquez será por fin removido de su función al frente de la CICIG. En general, el problema de la administración de justicia es tan conocido que llevó a la propuesta que hicieron diversos sectores de la sociedad para reformar la Constitución en cuanto a la forma en que se integra el Organismo Judicial, puesto que se entiende que aunque cambie la actitud de los entes acusadores, si no cambiamos la forma en que trabajan los tribunales, no habrá fin a la impunidad.
Y lo ocurrido es el ejemplo claro, concreto y perfecto de cómo la institucionalidad funciona para que nada importante cambie. Los presidentes de los tres poderes del Estado hicieron conjuntamente la presentación del proyecto de reforma y el mismo no pasó ni siquiera los primeros trámites en el Congreso de la República porque los diputados, defensores de la institucionalidad que tanto les beneficia, no están para aprobar cambios que interesen al país si eso significa que puedan perder algo tan valioso como la posibilidad de reírse de la Ley y delinquir impunemente.
El aporte de Human Rights Watch es importante porque pone fechas y detalles a la forma en que se entrampan los procesos y cómo es que opera el litigio malicioso para dar tiempo a que se cumpla lo que ofrecía Mario Estrada en su campaña presidencial cuando cantaba “ya vienen tiempos mejores”, es decir, cuando se vayan Aldana y Velásquez. Es una realidad constante de nuestro sistema de justicia el incumplimiento de los plazos que causa enormes perjuicios. Y uno se pregunta cómo es que estando presos sus patrocinados, algunos abogados entrampan una y otra vez los procesos. Obviamente no es sólo para sacarles más pisto, sino que además es para esperar que baje la marea de la opinión pública de manera que los juzgadores que fueron nombrados dentro de todo ese proceso de cooptación del Estado, puedan hacer su trabajo tal y como de ellos se espera.
Algunos ilusos piensan que en el tema de los cambios hay que ir como la canción de Fonsi, es decir Despacito, sin entender que justamente eso es lo que pretenden los que enarbolan la bandera de la institucionalidad para asegurar que si hay reformas tienen que ser mínimas, simplemente para que no digan que aquí no ha cambiado nada. No es cierto, ni por asomo, que todos los sectores están claros de que el país tiene que cambiar y que las diferencias sean apenas en el cómo lograrlo. Hay poderosos sectores que no quieren que nada cambie y tienen en esa institucionalidad el instrumento para lograrlo. Por eso digo que las fallidas reformas al importantísimo sector justicia son un ejemplo claro y concreto de que aquí no va a pasar absolutamente nada porque, además, la ciudadanía se goza su indiferencia.
