Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La inmunidad que establece nuestro ordenamiento legal para protección de ciertos funcionarios públicos constituye no sólo la garantía de que no serán procesados, sino también de que no pueden siquiera ser investigados por los órganos competentes en caso de que exista la posibilidad de comisión de delito. Cuando el viernes pasado se anunció la investigación preliminar que se realiza de las finanzas del partido de gobierno y se solicitó el trámite de antejuicio en contra de Jimmy Morales, quien era el Secretario General y representante legal de FCN durante la anterior campaña, fue claro el anuncio de que ello era para continuar investigando debido a que la protección constitucional no permitía ahondar el trabajo para ahondar en los aportes y el manejo que de ellos se hizo.
Los que pregonan que la CICIG y el MP están montando una especie de fantasioso golpe de Estado, están dando ya por sentado que Morales, al terminar la investigación, sería acusado, ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, lo que significa que deberá dejar la Presidencia. Puede que exista esa creencia por ignorancia de lo que se busca al levantarle la inmunidad o puede que sea como consecuencia de que están, desde ya, convencidos de que cuando se produzca la investigación van a encontrar tanto como para que se llegue a esa situación extrema. Si el presidente Morales y su partido están convencidos y seguros de que no hubo financiamiento ilícito ni hubo alguna otra clase de delitos relacionado con el manejo de fondos durante la campaña, no debieran sentirse amenazados. Seguramente tendrán toda la información pertinente y la contabilidad al día para demostrar que no recibieron fondos de oscuro origen y que tampoco se embolsaron nada del dinero que recolectaron, especialmente de los esforzados migrantes que decidieron reducir un poco sus remesas, vitales para sus familias, creyendo en la causa de quien les aseguró que merecía la Presidencia porque no era ni corrupto ni ladrón.
Antes decían que “quien está limpio ni de jabón necesita”, dicho que también funciona a la inversa. Todo el alboroto que se ha armado contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la profunda división que se trata de aprovechar, puede reducirse si simplemente entendemos que no hay tales de que aprobado el antejuicio Morales se vaya al Zavala. Para empezar no parece viable que el Congreso lo apruebe, por aquello de “hoy por ti, mañana por mí”, y vistas así las cosas tengo que decir que alguien asustó al Presidente con el petate del muerto y lo puso en grave evidencia. Aparte de los errores legales de bulto en su proceder, el error político es mucho más grande y se entiende por la influencia que en su entorno tienen personajes oscuros que se están jugando el todo por el todo al defender el sistema de corrupción y de impunidad que rige en el país. Políticos y militares para quienes la corrupción e impunidad es vital y empresarios que han amasado su fortuna gracias a esa forma “normal” de proceder en Guatemala, donde todo tienen precio.
