Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los jóvenes de hoy no lo saben y posiblemente muchos de los viejos lo han olvidado, pero en 1980, cuando en noviembre de ese año fue electo Ronald Reagan presidente de los Estados Unidos, en las zonas residenciales de Guatemala se quemaron no solo cohetillos sino fuegos artificiales porque nuestro empresariado intuyó que era el fin de las sanciones impuestas por el gobierno de Jimmy Carter por la violación de derechos humanos en el gobierno de Lucas. Se llegó al colmo de decir que la exmujer de Romeo Lucas era amiga de los Carter y que usó esa relación para vengarse de quien fue su marido, mientras aquí algunos columnistas célebres por su estupidez trataban de ridiculizar al mandatario llamándolo “Jimmy Castro”.
Hoy ocurre lo mismo, puesto que mucha gente siente que tras el triunfo de Donald Trump, quien no se ha caracterizado por ser escrupuloso en temas de corrupción, Estados Unidos dará marcha atrás en el apoyo que ha dado a países como Guatemala, El Salvador y Honduras en la lucha contra la corrupción. Y por lo visto se forman caravanas para ir a Washington a poner de pinto y colorado no solo al embajador Robinson, a quien ven como el mismo diablo, sino también a Iván Velásquez y a Thelma Aldana. Contra el primero repiten los infundios que la gente de Uribe (muy ligada a círculos poderosos en Guatemala) ha lanzado contra quien como fiscal mostró mano de hierro para perseguir a los políticos y delincuentes en su país. Respecto a Aldana utilizan los insultos que ya circulan en las redes sociales que repiten como si fueran hechos probados.
Pero debemos recordar que Ronald Reagan, por mucho apoyo que mostró a los Contras en Nicaragua (hasta mediante prácticas ilegales) no pudo modificar la política bipartidista de derechos humanos que en el gobierno de Carter se tradujo en el embargo que prohibió surtir de armas al Ejército de Guatemala. Y es bueno que los lectores sepan que ese castigo por violación de derechos humanos es política de Estado y no de gobierno y por esa razón hoy, nada menos que CUARENTA AÑOS DESPUÉS y a pesar de que Reagan, sigue vigente y nuestro Ejército no se ha librado del estigma.
La política anticorrupción de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica se enmarca en el plan de la Alianza para la Prosperidad cuyo objetivo esencial es detener la migración de nuestros compatriotas porque saben que la corrupción brutal de estos países resta oportunidades a los pueblos que terminan con la migración como única esperanza. Es un plan bipartidista y así debieran entenderlo los que, con el mismo criterio obtuso de hace cuatro décadas, empiezan a frotarse las manos porque creen que Trump les dará luz verde para que se sigan enriqueciendo mediante prácticas ilegales e inmorales.
La corrupción no debe ser el motor de la economía, como sostienen los que claman por el fin de la lucha contra ese vicio. El fin de la impunidad dará certeza a los honrados y así podrá cambiar y crecer Guatemala.
