Jorge Santos
En este país de absurdos y en donde el Estado guatemalteco se ha organizado para garantizar los derechos y privilegios de los históricamente protegidos, una vez más el Sistema de Justicia vuelve a producir una grave violación al derecho de Libertad de Expresión de uno de los más connotados miembros de las organizaciones campesinas e indígenas en el país, y permite que un personaje declarado violador de derechos humanos por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pase por encima del Estado de Derecho.
Este lunes el juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Delitos Penales, contra el Ambiente y Narcoactividad, resolvió ligar a proceso al dirigente campesino e indígena Daniel Pascual por los delitos de calumnia e injuria, producto de la denuncia presentada por el Presidente de la autodenominada Fundación contra el Terrorismo y declarado violador de derechos humanos, Ricardo Méndez Ruiz.
Este caso da inicio luego de que el dirigente campesino e indígena del Comité de Unidad Campesina –CUC– Daniel Pascual, denunciara a través de diversos medios de comunicación que producto de la campaña de odio que dicha fundación y el presidente en particular había provocado un ataque que vulneró la integridad física y dignidad del defensor de derechos humanos en cuestión y de dos acompañantes internacionales que estaban con él. Es preciso mencionar que Daniel Pascual sufrió un atentado el 25 de enero de 2013, en San Juan Sacatepéquez y el mismo fue provocado producto de la campaña de odio despertada por la Fundación en cuestión.
Producto de este hecho, Daniel Pascual realiza unas declaraciones en las que responsabilizaba a Méndez Ruiz y a la Fundación que dirige, ya que con sus afirmaciones difamatorias había creado un clima en su contra y realizado un llamado a la violencia. Es a partir de allí que un caso producto del reiterado y sistemático llamado a la violencia desde estos actores, es que se dan los hechos de agresión en contra de Daniel y que ahora en el país de los absurdos enfrentará juicio oral y debate público por unos delitos que jamás cometió y que contrario a lo que ocurre el que debiese de estar respondiendo ante la justicia es quien difama, calumnia, produce discurso del odio y sin lugar a dudas insta a delinquir a partir de lo que dice y publica.
Sin embargo en este país al revés, el caso del defensor Daniel Pascual no es el único, ni es el primero. Este caso constituye el segundo en que los juzgados obvian la formación de un Tribunal de Imprenta para acelerar los procesos que tienden a criminalizar. De tal cuenta que lo importante de este momento es acuerpar, solidarizarse y no permitir que la infamia, ignominia, el odio y el sin sentido hagan uso a su sabor y esfuerzo del Sistema de Justicia.
Rindo homenaje a quienes por diversas causas sufren el proceso de criminalización e incluso la prisión por la defensa del territorio y los recursos naturales.
