El Ministerio Público, está obligado a despejar las dudas, en relación al influyente personaje del presidente Alejandro Giammattei, Miguel “Miguelito” Martínez, por el señalamiento que le hace Estados Unidos, que recibió una sanción con la Ley Global Magnitsky, donde le imputa una supuesta corrupción, que el ex director del desaparecido Centro de Gobierno, dice que es una venganza luego que el Congreso, despojó de su inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que salieron al extranjero, al conocer que podrían ser capturados al retirarles la seguridad que autorizó el Ministerio de Gobernación.
“Miguelito” (Luis Miguel Martínez Morales), ha sido el personaje más “cercano” a Giammattei, por razones que en su momento fueron públicas. El gobierno se vio casi forzado a cancelar el Centro de Gobierno, que funcionaba con un presupuesto millonario, por las presiones de varias entidades que consideraron en aquel momento que dicha dependencia era innecesaria y que el citado personaje había obligado al vicemandatario Guillermo Castillo, a alejarse del mandatario.
Ahora que ya son públicas las imputaciones que se hacen al citado, que de la noche a la mañana resultó ser millonario, obliga al MP. de oficio aclarar qué hay de cierto que Martínez, ha recibido sobornos millonarios de varios sectores y es uno de los guatemaltecos que sin tener nada, ahora es millonario y se le incrimina que recibió grandes cantidades de dinero por facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V. y confabuló con funcionarios nacionales para adjudicar contratos que se consideran ilegales.
A raíz de los negocios ilícitos que son del dominio público, Martínez es dueño de grandes extensiones de terreno en los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez. En fecha reciente éste sujeto, con sus familiares llegó a una ceremonia religiosa en la Antigua Guatemala, y varios antigüeños cuando abandona el templo lo vapulearon y hubo de salir furtivo de la triste escena. Sus familiares fueron alcanzados por la turba, su vehículo sufrió daños y sus acompañantes, denuncia que el referido sujeto presentó en el MP. local y tiene protección de seguridad presidencial, sin ser funcionario, como él lo ha aceptado.
Si bien es cierto que tiene el derecho a defenderse y que no se pueden imputar hechos que no han sido sustanciados en los tribunales, el Ministerio Público, que ha sido la piedra en el zapato del proceso electoral, debe y está obligado a aclarar qué hay de cierto de las acusaciones que se hacen a Miguelito. La sanción estadounidense tiene gravísimas consecuencias. Si tiene fondos depositados en los Estados Unidos y bienes inmuebles, son embargados y hacer depósitos bancarios y otras implicaciones que la sanción Global Magnitsky norma y pone al mencionado entre los sujetos con tácita prohibición para visitar la tierra estadounidense y si es falso o verdadero lo que se le acusa, el MP. debe despejar las dudas y de no hacerlo sería una complicidad de los funcionarios de esa entidad que están en la mira de la población nacional e internacional, por la judicialización del proceso electoral, donde el futuro presidente Arévalo, los sindica de propiciar un auto golpe de estado e impedirle su ascenso a la presidencia.
El gobierno está obligado a aclarar si es cierta la denuncia de los Estados Unidos. De no hacerlo se aceptaría como verdad y aquí se acuña un dicho popular…el que calla…otorga…
