El viernes pasado entre asombroso estupor y una profunda indignación combinada con la impotencia del ciudadano común, escuché al igual que los internautas que seguíamos la transmisión del Ministerio Público las declaraciones del funcionario y fiscales, alrededor de la ya consabida letanía del «fraude electoral» inexistente.
La imposición de los argumentos sobre la defraudación en el proceso de afiliación del partido ganador de las elecciones de este año, tiene el propósito de constituirse en una arista adicional para impedir que el binomio electo asuma el ejercicio de los cargos para los cuales los guatemaltecos los elegimos. A ello se aúnan calificativos como el de «estructura criminal, lavado de activos» y otras afirmaciones cuya convicción seria y objetiva solo puede anidarse en seguidores de aquellos poseídos por el dios de la ira y la irracionalidad.
El Congreso de la República, convocado para plenaria extraordinaria para este miércoles, podrá reunirse, ahora de nuevo a resguardo de cientos de agentes de la Policía Nacional Civil que ya acordonaron los alrededores de la sede del Legislativo. Habrán de resolver por mero trámite los argumentos esgrimidos contra el decreto número 18-2023, ese que contiene el presupuesto de 2024, entre otros temas y; muy probablemente «mediante moción privilegiada» pues no está en el Orden del Día, elegirán a los dos magistrados suplentes al Tribunal Supremo Electoral que no hicieron con antelación.
El viernes los demonios se liberaron. Al medio día atentaron contra la Constitución Política, violentaron la normativa electoral, la ley orgánica del propio Ministerio Público y otras normas de tipo penal; campantes se aproximan a consumar la obstrucción final a la alternabilidad en el Organismo Ejecutivo. Las posibilidades efectivas del golpe de Estado están latentes. Hoy los demonios liberados se mueven a esa sede tan resguardada. Y quizás, tan solo quizás, no se concrete esa selección, pues parece que sí afectan las sanciones que vienen con fuertes vientos del Norte.
El trámite a las supuestas irregularidades de los comicios podrá continuar. Y cualquiera que sea la resolución será impugnada, llegará a la Corte Suprema de Justicia y ahí, cualquiera que sea la resolución habrá de llegar finalmente a la Corte de Constitucionalidad (CC). El detalle de si la magistrada B. Alfaro integra o no ese pleno, será noticia de pocos minutos y nada más. Urge allanar el caminio para «anular los comicios». ¿Se atreverán los magistrados de la CC, ahora que las sanciones también llegan al ámbito económico y ya no son solo mensajes en las redes sociales? Quizás antes de que concluya diciembre sabremos el impacto del Averno o Xibalbá generado a consecuencia de la liberación final de los demonios hoy desatados.
