Walter Juárez Estrada
La piedra angular de una democracia real radica que la administración de justicia se aplique de acuerdo con lo que norma la Constitución. Si no hay justicia, no hay democracia, sino dictadura que es la que estamos viviendo al no cumplir los poderes del Estado, con lo que regula la Carta Magna y estar sometido el Organismo Judicial, a otros poderes. Debe preocupar al guatemalteco, que no puede ser cómplice o testigo del maremágnum que estamos padeciendo donde ahora por desgracia ser “honrado, es un crimen”.
Hay una cacería contra fiscales y jueces que, en el ejercicio de su función, han sido criminalizados y en salvaguarda de su vida y su familia, se vieron forzados a salir del país y esperar que, en Guatemala, la primavera que todos esperamos, vuelva ser lo que por años hemos pregonado. Es desafortunado que, en un régimen de derecho, prevalezca una dictadura y que ahora se violentan las leyes, los que imparten justicia, sean ahora los tiranos que en las dictaduras que en los años pasados obligaron al pueblo a unirse y que floreciera una prima de paz, para ricos, pobres y sin distingos de ideologías.
El 23 de Julio del año pasado, se abrieron las puertas para dejar claro que el ente investigador removió sin causa, al jefe de la FECI. Juan Francisco Sandoval Alfaro, que hubo de traspasar fronteras y pedir asilo en los Estados Unidos, al saber que su vida estaba en peligro y está en curso una imputación, por haber sido un funcionario de primera clase para combatir la corrupción. El caso de Sandoval sembró las bases para accionar contra fiscales y jueces honrados.
Ha causado revuelo a nivel nacional e internacional, la renuncia y autoexilio de la valiente juez de alto impacto Erika Lorena Aifán Dávila y la separación del juez Pablo Xitumul de Paz. Esos casos han dado pie para que Guatemala y sus funcionarios de primera línea estén en la picota pública, de aquí y de organismos internacionales que han puesto en evidencia que a los jueces honrados no se les quiere y se les enjuicia sin prueba y que en salvaguarda de su vida, tuvieron que dimitir después de dejar parte de su vida en las judicaturas, donde sustanciaban procesos de alto impacto contra políticos de viejo cuño, empresarios y narcos y asociarse para amasar dinero.
El pueblo de Guatemala, ha sido valiente en otras épocas. En el 2015, cuando funcionaba la CICIG, corruptos como Pérez Molina y Baldetti y sus socios, dejaron las plazas que el pueblo les había confiado y es denigrante que con las resoluciones que han proferido los órganos de justicia –entre ellos la sumisa CC– los delincuentes de cuello blanco, logren su libertad que sería ni más ni menos un ¡crimen de lesa patria!, que no debemos permitir.
Tanques de pensamiento, sectores de prestigio que quieren una Guatemala, no sea una Nicaragua y se demanda la unión de los honrados para que se pronuncien y no permita que nuestro país, este estancado por sus pésimos y malos funcionarios y esperan que en el proceso electoral, se designe a gente honrada y no corrupta, que el Congreso elija a los magistrados de las Cortes que el 12 de octubre entrante, cumplen 7 años de estar en el cargo, que es considera ilegal, pero es parte de esa dictadura solapada que estamos viviendo y como decíamos, somos cómplices porque vemos que el agua nos llega al cuello y no tengamos salvavidas para salir a flote.
