El dinero sucio sólo subsiste en las cavernas de Xibalbá. Procura medrar en la oscuridad de los desagües, en la fetidez de las cloacas. Es dinero mal habido que, como Drácula, teme a la luz. Es dinero de marcado que ha costado la vitalidad y salud de los jóvenes –cuando la droga–; el bienestar de las comunidades –cuando la corrupción–; la esperanza de los padres de familia –cuando la extorsión y el secuestro–; el esfuerzo de los emprendedores honestos –cuando el contrabando y la piratería–; el sano patriotismo de quienes quieren participar limpiamente en procesos abiertos –cuando el financiamiento electoral ilícito–. “Dinero de sangre”, monedas de Judas Iscariote. Ay de vosotros, “me acordaré de vuestra maldad hasta la tercera y cuarta generación” (Ex. 20,5). Por ello aplaudo la iniciativa de modernizar los sistemas de control y seguimiento: “sigue la huella del dinero querido Watson”. Es que la tecnología avanza a pasos agigantados y la autoridad va siempre un paso atrás: “los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz” (Lc. 16:8). Por eso quiero aportar algunas ideas para consolidar la ley; para que no tenga parches que puedan ser aprovechados para torpedear la iniciativa.
La buena fe. Uno de los principios fundamentales del intercambio entre los individuos, es la buena fe guardada conforme lo resalta el artículo 669 del Código de Comercio. La buena fe guardada significa que la ley asume que los comerciantes actúan con honestidad, lealtad y rectitud desde el primer momento en que negocian. Implica que ninguna de las partes está buscando ocultar información maliciosa o engañar al otro para obtener una ventaja injusta. Este principio aplica entre individuos, entre empresas, entre todo aquel que realiza negocios en el país o en el extranjero. Si queremos que Guatemala empalme en el concierto financiero internacional, que sea un socio más, debemos honrar este principio de buena fe y una de sus expresiones es el control del dinero manchado. La aprobación de la ley.
El costo de la desconfianza. Si confío en mi proveedor de verduras, café, etc. le puedo adelantar financiamiento y solo firmamos, para ayuda de memoria, una carta de intención. No hacen falta mayores formalismos ni gastos. De igual manera a una persona de conocida honorabilidad le puedo ofrecer en venta un terreno, en 1 año plazo, al precio tal. Nos basamos en la palabra de “caballeros” (con el perdón de las damas). Pero si la contraparte no me inspira confianza entonces llamaremos a un abogado que faccione una escritura pública de promesa de venta, la que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. Honorarios y gastos. Obvio.
Si un banco quiere facilitar créditos expeditos le pedirá a los interesados que muestren documentos de respaldo de su estado patrimonial u origen de fondos. Si se niega pues generará sospecha. Es claro que no le darán préstamos.
Si un grupo financiero internacional quiere invertir en Guatemala hará las investigaciones pertinentes, entre ellas cómo dan seguimiento a los capitales y su adhesión a las recomendaciones internacionales. Siendo Guatemala fiel cumplidora de esas reglas comunes, los trámites de créditos serán más expeditos, menos costosos; las corresponsalías bancarias más fluidas. Eso se traduce a mi tarjeta de crédito que será aceptada en los otros países. Por su lado, las remesas no tendrán mayores valladares. Por el contrario, si en un país no han implementado esas garantías internacionales entonces los demás lo verán como un “paria”, como un “apestado”, con el que se debe mantener distancia prudencial. Pocos querrán invertir su dinero. Recordemos que nada es más miedoso que un millón de dólares; por eso le llaman capital “golondrina” porque vuela al menor indicio de malos tiempos.
Aspecto tributario. La informalidad no constituye, per se, “ilegalidad” y la elusión fiscal no es lo mismo que lavado. La elusión es un hecho jurídicamente incorrecto, ciertamente, en contra de la Hacienda pública. Pero es de tipo económico y lo cometen ciudadanos promedio sin nexo alguno con el crimen organizado. Sencillamente procuran pagar menos impuestos. Por eso acuden a argucias (guizachadas): consignar menor precio en la escritura, asignar valor solo a la finca y el resto del precio etiquetarlo como “mejoras al inmueble”, etc. Pero de este tema, muy amplio, hablaré en otra columna.
Las remesas. Si un país se “da color” de tener controles turbios entonces se sufrirán los efectos negativos. Adiós a las transferencias internacionales operadas en el mismo momento. En todo caso, que se investiguen a fondo los dos extremos de esos traslados. Nada de apertura para financiamientos externos.
Estados Unidos. El gobierno estadounidense está emprendido en una campaña contra el trasiego de drogas, contra la delincuencia de los carteles y el financiamiento del terrorismo. Entendamos, es un problema de los guatemaltecos, pero también de los Estados Unidos. Por eso han extendido sus campos de acción, por eso tienen claro interés en la aprobación de la ley. Y ¿por qué nos debe importar tanto? pues por la sencilla razón que la economía nacional, de consumo, se sostiene con un 24% del PIB que viene de las remesas, y es el destino de más del 30% de nuestras exportaciones. A ello debe agregarse esa solidaridad, entendimiento, de luchar por una noble causa común. En este contexto me parecen absurdos, acaso criminales, los reclamos de una supuesta “soberanía”. Cabe agregar que, ante la poca colaboración pueden imponer más requisitos o impuestos a las remesas. ¡Sería trágico!
Delito autónomo. Esta disposición, contenida en el artículo 73, tiene reflejos de la ley de extinción de dominio en el sentido que el hecho que se persigue es el solo hecho de usar o transferir fondos “sabiendo” de su origen ilegal. Las defensas técnicas de los procesados no podrán enredar los juicios exigiendo que “antes se pruebe que es dinero mal habido”. Es además, un delito transnacional.
Denuncia. Al día de hoy cuando se detecta una actividad sospechosa, el banco activa una alerta que conlleva automáticamente la denuncia al MP. Pero las explicaciones de una operación inusual se pueden explicar dentro del expediente de la IVE (sin necesidad de recargar al MP), hasta el propio banco puede servir de filtro, por ejemplo va a exigir la escritura que documenta la transacción.
Economía informal. El presidente del Congreso, diputado Contreras, reconoció que en los mercados del Cenma y La Terminal hay comerciantes que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo a diario, pero los banqueros los conocen. Agregó que la ley permitirá al MP abrir una investigación porque hay quienes “lavan y no se dan cuenta”. Interesante. Se tiene que comprobar que alguien está lavando dinero u otros activos de forma adrede. A sabiendas. Esto se debe aclarar. Agregó Contreras: “El comerciante que se levanta todos los días y que va al banco para sacar Q100 mil para comprar y vender durante el día, y al día siguiente deposita Q20 mil, eso lo sabe el banco y reconoce que no es una persona de riesgo”. El tema de la trazabilidad de los negocios informales en los que no se ha extendido factura: venta de ganado a finqueros, ventas de productos agrícolas (verduras, aguacates, mangos, etc.) a los intermediarios se abordó en reforma legal reciente, pero todavía quedan unos engranajes pendientes de articular como lo comentaré en otra columna.
Notarios. Hay un aspecto que merece análisis y consiste en la participación de los notarios. Espero lo regule o adecúe el reglamento. Me parece extraño ver que un notario, profesional de confianza, sea quien dé el aviso (con características de denuncia) de una transacción sospechosa. Después de todo, en una compraventa participa mi cliente y un tercero; para un “para un tango se necesitan dos”. Si la operación me parece extraña entonces, conforme a mi ética, ¿por qué autorizar la escritura? Por otro lado, al dar aviso me estoy llevando “de corbata” a mi cliente, quien además es mi amigo. Estaría juzgando al propio cliente, incapaz de “detectar” las irregularidades. Por otro lado, es evidente que los afectados sabrían que alguien los denunció ¿quién? el abogado. Ajá. Sugiero que los notarios sean sujetos obligados y que den aviso, pero en base a parámetros más objetivos, por ejemplo una transacción de unos 100 salarios mínimos y que consignen con mucho detalle los medios de pago que se utilizan.
Diputados. Señores diputados, la mesa está servida para este dos de junio. Por el bien de Guatemala, por ese mandato constitucional que tienen de responder al clamor popular y atender el beneficio de nuestra patria: ¡aprueben la ley!
