Hay momentos en la historia de un país en que una pregunta aparentemente simple revela el estado real de sus instituciones. Guatemala vive uno de esos momentos. La pregunta es sencilla: ¿habrá justicia en el caso de la ilegal elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)? La respuesta, sin embargo, trasciende a la universidad y alcanza el corazón mismo de nuestra democracia, nuestra negada y capturada democracia.
Desde hace varios años he sostenido en estas páginas que la crisis de la Usac no es un problema universitario. Es una manifestación particularmente visible de un fenómeno mucho más profundo: la cooptación sistemática de instituciones que deberían servir al interés público y que, en cambio, han sido convertidas en instrumentos para preservar privilegios y concentrar poder. Esta ha sido la larga y obscura noche de la falsa democracia guatemalteca.
La Universidad de San Carlos ocupa un lugar especial en la historia nacional. La autonomía universitaria conquistada durante la Revolución de 1944 no fue una concesión administrativa. Fue la creación de una nueva universidad, una universidad nacional y autónoma, 1944. Ni siquiera fue la extensión de la Universidad Colonial de San Carlos de Borromeo, no. Esta fue una nueva universidad. Esta fue una valiente decisión de los revolucionarios por la libertad de pensamiento, la crítica al poder, la movilidad social y la construcción de ciudadanía. La universidad pública debía ser un contrapeso intelectual frente a las tendencias autoritarias que periódicamente han amenazado al país.
Por ello, lo ocurrido en la elección de rector trasciende la disputa por un cargo. Lo que está en juego es la naturaleza misma de la universidad y, por extensión, la calidad de la democracia guatemalteca.
Las irregularidades denunciadas durante el proceso electoral, la exclusión de cuerpos electorales, las controversias judiciales, los amparos, las resoluciones contradictorias y los intentos posteriores de consolidar una reelección cuestionada han expuesto algo más grave que un conflicto administrativo. Han revelado el deterioro de los mecanismos institucionales encargados de garantizar legalidad, transparencia y legitimidad.
Lo preocupante es que este fenómeno no constituye una excepción. La politóloga mexicana Irma Méndez de Hoyos ha documentado cómo, en diversas democracias latinoamericanas, los actores políticos aprenden a manipular las reglas del juego sin necesidad de abolirlas. Las elecciones continúan existiendo, los tribunales siguen funcionando y las leyes permanecen vigentes, pero los procedimientos son alterados de tal manera que los resultados terminan favoreciendo sistemáticamente a quienes ya controlan el poder.
La apariencia de legalidad se convierte entonces en un instrumento de dominación.
En Guatemala observamos una versión particularmente sofisticada de este fenómeno. No se necesita cerrar universidades ni cancelar constituciones. Basta con capturar órganos de decisión, influir sobre tribunales, utilizar selectivamente los mecanismos legales y debilitar gradualmente la capacidad de resistencia de las instituciones.
La crisis de la Usac es un ejemplo paradigmático de este proceso. Sin embargo, los recientes fallos judiciales que han suspendido actuaciones vinculadas al intento de reelección cuestionada del destazador constituyen una señal relevante. No representan todavía una victoria de la legalidad ni una restauración institucional completa. Pero sí que demuestran que los mecanismos jurídicos aún conservan capacidad para resistir, aunque sea parcialmente, las presiones de las redes de captura. La pregunta es si esa capacidad será suficiente.
Aquí resulta útil recordar una reflexión desarrollada por la jurista C. L. Skach. Las sociedades justas no surgen únicamente de constituciones bien redactadas ni de sistemas legales sofisticados. Las leyes son indispensables, pero insuficientes. Cuando las instituciones son utilizadas para proteger intereses particulares en lugar del bien común, el derecho puede convertirse en una herramienta de exclusión y opresión. La justicia, entonces, depende también de la existencia de una ciudadanía capaz de exigir rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad pública.
Por ello, la pregunta sobre la justicia en la Usac no puede reducirse a un expediente judicial ni a una resolución de tribunales. La verdadera cuestión es si Guatemala conserva la capacidad de reconstruir instituciones que respondan a principios y no a intereses.
Si los procesos judiciales terminan restableciendo plenamente la legalidad, si las autoridades universitarias recuperan legitimidad mediante procedimientos transparentes y si la comunidad sancarlista puede elegir libremente a sus representantes, estaremos frente a un paso importante hacia la recuperación institucional. Pero, siempre hay un «pero». Pero si las irregularidades son normalizadas, si la fuerza política prevalece sobre la legalidad y si la captura institucional logra consolidarse bajo una apariencia de legitimidad, lo que se ha normalizado en Guatemala, el mensaje será devastador: que las leyes existen únicamente para violarlas.
La importancia de esta lucha trasciende los muros universitarios. La Usac forma maestros que educarán a futuras generaciones, médicos que atenderán hospitales públicos, ingenieros que construirán infraestructura y profesionales que participarán en la vida pública nacional. Cuando una institución de esta naturaleza es capturada, las consecuencias se extienden mucho más allá de su campus.
Por eso la defensa de la autonomía universitaria no es un interés corporativo ni una causa sectorial. Es una defensa de la democracia misma.
La historia demuestra que las autocracias modernas rara vez se presentan como dictaduras abiertas. Con frecuencia operan bajo formas aparentemente legales. Conservan elecciones, tribunales y procedimientos administrativos, mientras vacían gradualmente de contenido los principios que deberían sostenerlos. La legalidad sin legitimidad termina convirtiéndose en una forma sofisticada de autoritarismo que es justamente la especialidad de los dueños de la finca, los oligarcas rancios y rateros que se especializan en tener esclavos y choleros para que les administren las fincas (léase la larga lista de nombres de presidentes guatemaltecos, jueces y otros funcionarios públicos que sirven al bien privado llamado oligarquía).
La Usac representa hoy una de las principales pruebas para determinar si Guatemala puede revertir esa tendencia.
¿Habrá justicia?
Nadie puede responderlo con certeza. Pero sí sabemos algo: la justicia no depende exclusivamente de jueces, magistrados o funcionarios. Depende también de ciudadanos dispuestos a defender la verdad frente a la conveniencia, la legalidad frente al abuso y el interés público frente a la apropiación privada de las instituciones.
La respuesta a esa pregunta todavía está siendo escrita no solo en los tribunales. Esa respuesta también debe escribirse en la conciencia cívica de Guatemala. Por eso, recuperar a la Usac es una urgencia nacional, una nueva oportunidad para diseñar un sistema de Educación pública superior que no sea ajeno a la población, ni al ministro de Educación en turno ni al presidente que en su momento dirija la vida política del país, ambos que en este momento juegan a ciegos, sordos y mudos. Debemos repensar la autonomía universitaria como elemento clave para la mejora de la calidad de vida de los y las guatemaltecas. hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca,
