![GUATEMALA-ELECCIONES Votantes eligen a sus candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023.](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/AP23232673245811.jpg?w=696&h=0&crop=1)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, rechazó la suspensión de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, el cual ganó las elecciones presidenciales recién pasadas y llevó a la Presidencia y Vicepresidencia a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, respectivamente. También instó al Estado de Guatemala a «respetar» el resultado de las elecciones.
#Guatemala: #CIDH urge al Estado respetar el resultado de las Elecciones Generales.
Lee el comunicado de prensa: https://t.co/7IS6bnUhz7 #DerechosHumanos pic.twitter.com/u3PyhxjNQv
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 1, 2023
En la nota se detalló que el resultado de los comicios refleja «la más alta expresión de la soberanía popular, con estricto apego a la democracia representativa y a los derechos humanos».
La referida aseveración se relacionan con las acciones del pasado 28 de agosto, cuando el Registro de Ciudadanos (RC) notificó de la suspensión provisional de Semilla, horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializara los resultados de la segunda ronda de los comicios, y declarara como ganadores a Arévalo y a Herrera.
De acuerdo con la nota, se destacó que el RC dio cumplimiento a la resolución del juez séptimo penal A, Fredy Orellana, las medidas en contra de Semilla.
ANTEJUICIO CONTRA MAGISTRADOS
En el comunicado también se manifestó la preocupación de la CIDH por las solicitudes para retirar el derecho de antejuicio a dos magistrados titulares y uno suplente del TSE, ante una pesquisa preliminar que desarrolla la Fiscalía.
Los señalados son la presidenta del órgano electoral, Irma Palencia, así como Mynor Franco, ambos magistrados titulares, y el magistrado suplente Álvaro Cordón.
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DESCONOCIMIENTO DE BANCADA
Otro aspecto que también se señaló fue la decisión de la Junta Directiva del Congreso de la República de desconocer a la bancada Semilla, debido a las acciones que se desarrollan en su contra, así como a los diputados electos para el período 2024-2028.
El pasado 30 de agosto, el órgano de dirección del Legislativo dio a conocer las medidas en contra del referido bloque por la orden judicial emitida por Orellana, dada a conocer por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), así como por la decisión de Ramiro Muñoz, director del RC, quien acató la orden de la judicatura.
POSTURA DE GUATEMALA
La CIDH informó que la respuesta del Estado de Guatemala fue que la suspensión provisional de la personería jurídica de Movimiento Semilla es una medida precautoria, dictada por un proceso judicial con el apego al artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
También se dijo que el partido puede hacer uso de los recursos legales correspondientes para revertir las acciones que consideren adversas.
En esta misma línea, el Estado guatemalteco «indicó que en ningún momento se está faltando a la voluntad de la población expresada en la oficialización de los resultados de la segunda vuelta emitidos por el Tribunal Supremo Electoral», según el comunicado.
Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, se reunieron con Patrick Ventrell, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Conozca los detalles 👇
https://t.co/RIe7bXK2hX— Diario La Hora (@lahoragt) September 1, 2023
RECOMENDACIONES DE LA CIDH
La CIDH destacó que según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la propia Carta Democrática Interamericana, el gobierno de Guatemala, en conformidad del artículo 23, debe respetar los resultados de las elecciones celebradas.
Por otro lado, la Comisión recomendó que se realice una transición “ordenada, transparente y eficiente” con las autoridades electas y en acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Asimismo, reiteró la obligación del Estado de Guatemala por adoptar medidas para garantizar la seguridad personal y proteger los derechos a la vida e integridad del presidente y vicepresidenta electos, cumpliendo con las medidas cautelares otorgadas el pasado 24 de agosto.