Por Redacción La Hora
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El Organismo Judicial (OJ) publicó un vídeo en el que señaló que sigue impulsando acciones en la lucha contra la corrupción y mencionó entre ellas la reciente designación del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal para que conozca los casos de funcionarios y empleados públicos. La publicación se da a días que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tramitó un antejuicio contra la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.
En los juzgados de mayor riesgo se han tramitado muchas causas relacionadas a la corrupción.
La creación del juzgado por la CSJ ha causado críticas, entre ellas la de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la cual señaló que lo decidido es “incoherente con la actividad permanente de perfeccionar los modelos de justicia”.
Además, se da un contexto donde la CSJ ha dado trámite a solicitudes de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y recientemente la jueza Aifán, reconocida por tener a su cargo varios casos de alto impacto que ha destapado la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
No obstante, el OJ indicó que esta judicatura fue impulsada por su presidenta, Silvia Valdés, con el apoyo del pleno de magistrados de la Corte, razón por la que se tiene prevista la inauguración de ese órgano jurisdiccional especializado -para el 16 de julio-.
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“Este juzgado cuenta con instalaciones que permiten el resguardo de funcionarios y público en general ante la pandemia provocada por el COVID-19”, expuso el Organismo en el audiovisual, al tiempo que agregó que se ha fortalecido la “justicia especializada”.
En ese contexto, ese poder de Estado manifestó que, debido al elevado número de víctimas de explotación sexual, se creó el Juzgado de Instancia y Tribunal de Sentencia Especializada en delitos de Trata de Personas, tanto en Quetzaltenango y Guatemala.
“Sumado a ello se han impulsado diversas campañas en contra de la corrupción y la más reciente impulsada por la presidenta del OJ, Silvia Valdés, en la campaña ‘Yo soy OJ al servicio de mi país’”, expresó esa entidad.
Por último, en el vídeo se indicó que la CSJ continúa con su “firme compromiso del fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción”, pese a que en la última semana ha emitido resoluciones cuestionables, como mantener la inmunidad a Felipe Alejos o darle trámite a una solicitud de retiro de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán.
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LA JUDICATURA
La CSJ detalló el 25 de junio pasado, en un acuerdo publicado en el Diario de Centro América, que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal será el encargado de conocer, a partir de la fecha de su reinauguración, de todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos.
Ese documento explica que ese órgano jurisdiccional se constituirá en uno especializado para conocer de los ilícitos contenidos en la Ley Contra la Corrupción, Código Penal y otros delitos en otras leyes de la materia.
De hecho, ante dicha acción de la Corte, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) ya hizo las convocatorias para poder integrar la judicatura y, según explicaron personas que conocen del proceso, el mismo se conformará con dos jueces.
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¿FIN DE JUZGADOS DE ALTO IMPACTO?
La CSJ no ha sido clara cuál será el futuro de los juzgados de alto impacto, pero se teme que los mismos queden sin mayor materia al retirárseles la facultad de poder juzgar casos de corrupción. Se ha requerido respuesta de la presidenta de la CSJ pero no se ha obtenido respuesta.
