Por Eder Juárez y Mariela Castañón
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Los medios de comunicación matutinos y “La Hora” han publicado una serie de eventos de licitaciones que está realizando el Gobierno a dos meses de dejar el poder, lo que ha levantado suspicacias por la forma apresurada en que se hacen dichos procesos de adquisición. Analistas consultados aseguraron que estas licitaciones son susceptibles de corrupción a la vez que consideran que las autoridades deben ser transparentes.
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) fue consultado por las bases de licitación del servicio de emisión de pasaportes que pretendería dejar el Gobierno de Jimmy Morales, antes de que concluya, sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
Una publicación de Prensa Libre reveló hace algunos días que las bases de licitación ya están listas y según documentos a los que tuvo acceso, la información del evento fue remitida al IGM el pasado 7 de octubre, para que funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob) lo analicen, “luego de su revisión y correcciones, el documento sería subido a Guatecompras”, refirió.
Tras la develación de esta información, se consultó a la portavoz de IGM, Alejandra Mena, quien dijo que desconocía la contratación de un servicio para la emisión de pasaportes y por eso consultaría al director de esa institución, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
“Tenemos en proceso la compra de cartillas para pasaportes, la contratación de un servicio para la emisión como tal lo desconozco”, indicó Mena.
TRANSPARENCIA
Analistas consideran que todos los procesos de licitación y cotización deber ser públicos y las decisiones que se tomen deben ser transparentes para el beneficio de la población.
Verónica Godoy, directora de la Instancia de Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), explicó que es necesario que los procesos sean públicos, incluso eso ayudaría para que se deje de especular sobre algo que no se conoce plenamente.
“Hay muchas cosas que se han hecho que dan la impresión que no han sido transparentes, habría que –hacerlo público– lo más antes posible, porque –al Gobierno– le quedan más o menos tres meses”, indicó Godoy.
La entrevistada agregó: “Cualquier mejora o cambio tiene que ser en función de la población, del servicio que se preste, porque para eso existe Migración, todo tiene que ser a partir del usuario”.
Por otro lado, Julio Rivera Clavería, exviceministro de Seguridad, opinó que es de “suma importancia” revelar todos los detalles del proceso.
“Cualquier proceso de licitación, de cotización tiene que hacerse con absoluta transparencia y darse a conocer, porque algunas personas podrán estar interesadas en cómo se lleva a cabo una licitación, quiénes participan, quiénes son favorecidos, precios, eso es sumamente importante”, reiteró.
Rivera dijo que es fundamental que el servicio que se contrate sea para el beneficio de la población guatemalteca.
“El servicio que se contrata por parte del Estado es para la población, cualquier servicio que sea: agua, electricidad, licencia de conducir, pasaporte, DPI, tiene que ser de calidad y confiable. En ese sentido, la población es la que debe recibir el beneficio”, refirió el exviceministro de Seguridad.
NO SE PUEDE CONFIAR EN LICITACIONES JUSTO A FINALES DE GOBIERNO
Por su lado, la extitular de Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan), Karin Slowing, indicó que en un Estado en los que funcionará este tipo de licitaciones o procesos, no tuvieran ningún problema, ya que el Gobierno está en funciones hasta el 14 de enero, y es normal que vea procesos que le tocan, sin embargo, Guatemala tiene una situación en la que la suspicacia es legítima.
“No se puede confiar que este Gobierno esté haciendo las licitaciones justo a finales de Gobierno porque justo ahora tocaba hacerla, sino porque tienen intereses de dejar amarrados los negocios con determinadas empresas antes de salir”, señaló Slowing.
Además, indicó que las licitaciones van tarde, porque por ejemplo en el caso de la contratación de la empresa para la emisión de licencias la licitación se subió en septiembre y finaliza el 15 de noviembre con la recepción de ofertas, cuando debieron empezar hace seis meses, porque los procesos se hacen entre ocho y seis meses antes de que concluyan los contratos.
Si el contrato vence en diciembre el evento debió de haber iniciado en mayo para que hubiera salido a tiempo, para que la ciudadanía no sufra. “El tema es que hay un atraso en los procesos, entonces hay que ver que esto no tenga la intención de adjudicar a empresas predestinadas” manifestó Slowing.
LICITACIONES DE ESE TIPO ADOLECEN DE TRANSPARENCIA
Para Marvin Flores, de Acción Ciudadana, ese tipo de licitaciones es sintomático que se haga a finales de año y más a finales de Gobierno, con plazos muy cortos que son dañinos para la transparencia porque no permiten la alta participación de empresas.
De acuerdo con Flores, el corto plazo que tienen este tipo de eventos afecta la calidad de los documentos y confiabilidad de los datos y por supuesto el precio.
“Estas licitaciones son sintomáticas susceptibles de corrupción que no deben hacerse a fin de año y mucho menos a final de un Gobierno, porque adolecen de transparencia, deberá la propia Contraloría General de Cuentas intervenir y solicitar que se anulen esos procesos y sean las próximas autoridades que lleven esos casos”, indicó.
Según el analista ,“aquí lo que se busca es dejar amarrado un negocio con una empresa determinada con autoridades salientes, por eso es que la Contraloría debería de intervenir y anular esos procesos, porque es más que evidente que están siendo amañados y no para el bienestar de la población”.
Aunque sean servicios básicos que no deben dejarse de prestar, las autoridades tuvieron que tener la mínima planificación de ese tipo de procesos y no hacerlo a última hora ni de forma apresurada, de cualquier forma lo que se puede dar es una extensión de contrato mientras las autoridades toman posesión y lleven un proceso que no esté señalado con anomalías, opinó Flores.
