Por Margarita Girón
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Representantes de más de 50 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad que actúen contra los funcionarios de Gobierno que no permitieron el ingreso del investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Yilen Osorio al país.
Lenina García, secretaria general de AEU señaló que las autoridades de Gobierno están desacatando a la Corte de Constitucionalidad (CC) lo que es “un retroceso a la democracia”.
Los representantes de la sociedad civil señalan en un pronunciamiento que las acciones que el Gobierno de la República encabezadas por el presidente Jimmy Morales ha realizado desde octubre del 2018 son constitutivas del delito de desobediencia a resoluciones del máximo órgano constitucional.
Respecto a las acciones contra el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Yilen Osorio, expresaron que dicho acto es constitutivo de delito, en la medida que varios tribunales y la propia CC, habían dado un plazo de 12 horas para extenderles visa y permitirles el ingreso a los 11 investigadores de la CICIG entre ellos, Osorio.
Las organizaciones demandan al Ministerio Público ordenar el inmediato encausamiento penal de los funcionarios implicados flagrantemente en la desobediencia de la resolución del Juzgado sexto y dela CC.
Asimismo, piden a la CC certificar lo conducente contra el Presidente Morales, la Canciller Sandra Jovel, Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, contra el PGN, Jorge Luis Donado Vivar y los funcionarios de Migración y PNC que hayan participado en la retención ilegal del funcionario de la CICIG.
Además, piden a la ciudadanía manifestar su repudio frente al duro golpe a la institucionalidad, que está asentando el pacto de corruptos, encabezado por Morales y de ser necesario salir a las calles en defensa de la institucionalidad y democracia en Guatemala acogiéndose al principio de resistencia pacífica.
En ese sentido, la Secretaria General de la AEU, dijo que las convocatorias no se descartan, “todos debemos salir a las calles, dejar las redes sociales” señaló García.
En el pronunciamiento piden a la ciudadanía estar atenta ante la posibilidad de que el gobierno de Guatemala cancele unilateralmente el convenio con Naciones Unidas.
Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la Paz señaló que el MP tiene que actuar de oficio. “Todas las organizaciones en Guatemala tenemos que actuar juntos y no permitir retrocesos de varias décadas” dijo Menchú.
Francisco Soto, de CALDH, indicó que el ministerio de Gobernación tiene que permitir el ingreso de los funcionarios de la CICIG ya que es una orden de la CC.
En ese tema, Helen Mack, resaltó que o que se está poniendo en juego son las elecciones. “CICIG es sólo una excusa para lo que ellos quieren, han cooptado varias instituciones”, dijo Mack
Asimismo, destacó que “las resoluciones de la Corte se acatan, no se discuten, aquí hay rasgos autoritarios de romper el orden constitucional”.
La activista señaló que en este momento la situación depende MP, “las instancias llamadas a proteger el Estado de Derecho son el MP y la CC”, dijo.
Además, solicitan a la comunidad internacional, manifestar su condena ante los delitos que se han cometido por parte del Gobierno de Guatemala y solicitar que prevalezca el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país.
Dentro de los colectivos que firman el pronunciamiento se encuentran la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, CALAS, Fundación Myrna Mack, Voces de Mujeres, AEU, Convergencia por los Derechos Humanos, entre otras.
