Por Redacción La Hora
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Para el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ), Ramón Cadena, la solución a la crisis generada en el país por las acciones del Gobierno, es la implementación de la Carta Democrática Interamericana, como instrumento para la defensa del Estado de Derecho, así como medidas urgentes de carácter preventivo y correctivo que permitan someter el caso de Guatemala a una apreciación de aspecto colectivo frente a la “alteración del orden constitucional”.
Según Cadena, dicho mecanismo se constituye como un instrumento regional de trascendencia, que además contiene en su capítulo IV, diferentes normas para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democráticas.
“Estas normas podrían constituir un camino o vía jurídica, que contribuiría a encontrar una salida de la crisis que atraviesa Guatemala”, detalló Cadena.
Para el director del CIJ, la coyuntura actual, es una muestra de “alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático”, que de continuar podría significar una “ruptura del orden democrático”, que sería de graves consecuencias para el respeto de los derechos humanos.
A UN PASO DE LA RUPTURA DEL ORDEN DEMOCRÁTICO
Según Cadena, la prohibición de ingreso al país de un funcionario de la CICIG es una muestra que el país se encuentra a un breve paso de la ruptura del orden democrático, por lo que resulta importante recordar la proximidad de las elecciones general, las cuales se verían afectadas con bajos estándares de transparencia.
“La situación que se presenta en Guatemala es tan grave, que amerita la atención de la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la Carta Democrática Interamericana y demanda que se lleve a cabo este esfuerzo a la mayor brevedad posible. En este contexto, el recurso de la valoración colectiva que la Carta ofrece bien podría ser aprovechado para rescatar el Estado de Derecho.”, afirmó Cadena.
TRABAJO DE CICIG ORIGINÓ LA LUCHA EN SU CONTRA DE ACUERDO CON CIJ
De acuerdo con la CIJ, fue el exhaustivo y positivo trabajo de la Comisión General contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que trajo como consecuencia la lucha que emprendió el presidente Jimmy Morales en contra del organismo y su comisionado Iván Velásquez, que surgió a partir de la declaración del Non Grato en agosto de 2017 y que se profundizo tras la decisión de no renovar el mandato de la Comisión en 2018, para luego prohibir la entrada al país de su encargado.
Asimismo, destacan las múltiples muestras de apoyo que la Comisión ha recibido desde entonces, de diferentes actores políticos y sociales.
“Estos funcionarios, entre investigadores policiales, legales y financieros y algunos incluso con hijos y esposa o esposo guatemalteco, tienen relación con casos específicos y su expulsión del país, vendría a afectar la lucha contra la corrupción e impunidad”, mencionaron.
MP DEBERÍA ACTUAR DE OFICIO
También destacaron el amparo otorgado de manera provisional de la Corte de Constitucionalidad, que ordenaba la detención de la expulsión de los 11 investigadores del ente internacional.
“La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional para detener la expulsión de 11 investigadores de la CICIG y de esta forma, volvió a defender los derechos de las y los guatemaltecos e hizo prevalecer el bien común, en contraposición a los intereses personales del Presidente de la República y otros funcionarios del más alto nivel, que, con sus actos, han promovido más impunidad y corrupción en el país”, destacan los juristas.
Además, tras los hechos ocurridos ayer, la CIJ considera que el acto del Gobierno de incumplir la resolución de la CC de detener a un funcionario de la Organización de Naciones Unidas constituye un grave delito y por ello el Ministerio Público debería actuar de oficio la persecución penal.
