POR REDACCIÓN LA HORA
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El mensaje expulsando al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estaba anunciado para las ocho de la noche del domingo 27 de agosto, pero el conocimiento que tuvo el gobierno (el mismo sábado por la noche) con relación a que la Corte de Constitucionalidad (CC) buscaba sesionar el sábado 26 por la noche hizo que adelantaran la publicación del video en el que el presidente Jimmy Morales declaraba non grato a Iván Velásquez, mismo que había sido filmado el sábado a su regreso de Nueva York.
Y es así como quedará marcado en la mente de muchos guatemaltecos el domingo 27 de agosto, ya que pasadas las 6:00 de la mañana, la cuenta del Gobierno de Guatemala de la red social de Twitter publicó un video que dejaría en claro la información que el mismo Ejecutivo había negado la semana anterior; el Presidente ya no quería a Velásquez al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Minutos antes de la publicación del video, la Redacción de este medio conoció que el canciller Carlos Raúl Morales había sido destituido y eso hizo suponer que la declaratoria de Velásquez como persona non grata era el próximo paso.
Y así fue, Morales declaró non grato al comisionado Iván Velásquez y ordenó que abandonará inmediatamente el país. El anuncio se dio a conocer en un video corto de 1 minuto y 44 segundos.
El mandatario indicó que basó esa decisión en los artículos 9, 41 y 43 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y artículo 10 del acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“En el ejercicio de mis facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 183, inciso b de la Constitución, como Presidente de la República y por los intereses del pueblo de Guatemala y la institucionalidad declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de Comisionado y le ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”.
Morales dio instrucciones al Canciller para que “cumpla con el marco legal y diplomático” para que Velásquez deje el país “inmediatamente”.
Minutos después del anuncio la Cancillería informó de manera oficial que Carlos Raúl Morales hasta entonces Ministro de Relaciones Exteriores había sido removido del cargo, así como el embajador, Carlos Ramiro Martínez. En sustitución del Canciller fue nombrada, Sandra Jovel.
Dos días antes, Morales viajó a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para sostener una reunión con el secretario general de ese organismo, António Guterres, en el encuentro el mandatario habría pedido la remoción de Velásquez, extremo que fue negado por el Gobierno y la Cancillería.
Ese mismo día, la fiscal general, Thelma Aldana y el titular de la CICIG, anunciaron la solicitud de un antejuicio contra el presidente Morales, para aclarar una serie de anomalías en el financiamiento electoral del partido al que representó como Secretario General, en las elecciones de 2015, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
CORTE ENMIENDA LA PLANA
Tras el anuncio de la expulsión, se conoció que el mandatario habría apresurado la declaración de non grato, debido a que le informaron que el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reuniría el sábado para conocer varios amparos interpuestos por diferentes personas y organizaciones sociales para evitar cualquier intento de Morales de sacar a Velásquez del país.
La Corte de Constitucionalidad (CC) pudo sesionar tras haberse publicado la declaración del mandatario y otorgó un amparo provisional para detener la expulsión del jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
Como resultado de ese fallo, la Corte notificó al Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que no ejecutara ninguna acción contra el diplomático.
La votación fue de 3 a 2. A favor del fallo votaron José Mata Vela, Gloria Patricia Porras y María Cristina Fernández, mientras que en contra se pronunciaron Dina Josefina Ochoa y Neftalí Aldana.
En primera instancia los magistrados decidieron otorgar el provisional debido de que: “a juicio de esta Corte, las circunstancias lo hacen aconsejable”.
Elvyn Díaz, uno de los interponentes del amparo, dijo que la acción legal la presentaron el sábado como una medida “preventiva”, ya que por medios de comunicación tenían conocimiento de intenciones del Presidente por perjudicar el mandato del comisionado Iván Velásquez.
“Lo que sucede es que el amparo de carácter preventivo lo presentamos ayer porque sabíamos de la intención del Presidente de declarar non grato al comisionado Iván Velásquez, amenaza que se concreta hoy. El día de ayer, bajo el riesgo de que pudiera suceder eso, se presentó la acción de amparo en el sentido de evitar que el Presidente de forma equivocada malinterpretara la Convención de Viena y sobre todo violara el convenio de creación de CICIG, que es un convenio internacional suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas; es una convención que contempla los mecanismos de resolución de conflictos y el señor Presidente no agotó esas vías previas para resolver conflictos que pidiera tener con CICIG”, dijo Díaz.
TENSIÓN Y PRESIÓN
A partir de ese momento las circunstancias y el rumbo de la crisis tomó otro camino, los ministros del Ejecutivo fueron convocados a una reunión de urgencia en Casa Presidencial, la entonces ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack y el comisionado presidencial, Enrique Godoy presentaban su renuncia al gobierno de Jimmy Morales.
El descontento de la comunidad internacional y sociedad civil se evidenciaron en los primeros con la pronunciación de fuertes mensajes de preocupación y advertencia al Presidente y en los segundos en manifestaciones para respaldar el trabajo de Velásquez y reafirmar la necesidad de su permanencia al frente de la CICIG.
La ONU, CIDH, países cooperantes como Alemania, Suecia, Estados Unidos, senadores y congresistas estadounidenses, entre otros, eran las voces que pedían al mandatario rectificar o correr el riesgo de comprometer la ayuda de esos países e instituciones a Guatemala
“Cualquier acción de los funcionarios del gobierno guatemalteco para obstaculizar la justicia o de otra manera obstaculizar las funciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala o su Comisionado, o la oficina del Fiscal General, provocaría una fuerte reacción por parte del Congreso de los Estados Unidos”, dijo el senador estadounidense Patrick Leahy.
Al mismo tiempo se conocía que Morales podría decretar un estado de sitio y desobedecer lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Por algunas horas, se temió lo peor, aunque un día después su vocero, Heinz Hiemann y el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, descartaron que el gobierno tuviera esas intenciones.
Morales buscó, desde las primeras horas del domingo, sumar respaldos a su decisión. Primero en su propio Gabinete, en los alcaldes liderados por el jefe edil de Guatemala, Álvaro Arzú y Edwin Escobar de Villa Nueva, también presidente de la Asociación Nacional de Municipalidad (ANAM), asimismo, la bancada oficial de FCN salía a la defensa de la expulsión. El discurso no variaba y se le agregaban grupos de presión como sindicatos y organizaciones que promovían la idea de permitir la continuidad de la CICIG, pero sin Iván Velásquez.
EL PAPEL DEL PDH: CLAVE PARA EL FUTURO
A una semana de haber asumido, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, abanderó la protección de los derechos humanos durante la crisis, promovió acciones para que se respetaran las libertades de los guatemaltecos y de las principales víctimas de la arremetida presidencial.
Entre una de esas acciones fue la presentación de un amparo que a la postre sería resuelto favorablemente por la Corte de Constitucionalidad y que frenó en seco la intención del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al titular de la CICIG.
La CC otorgó un amparo provisional al PDH, pero el acto reclamado (la declaratoria de non grato y expulsión de Velásquez) se suspende en definitiva porque los magistrados consideran que el Presidente actuó de manera ilegal contraviniendo una norma constitucional.
Los magistrados que votaron a favor de esa decisión fueron: Francisco de Mata Vela, Gloria Porras, Boanerge Mejía, en contra Dina Ochoa y Neftalí Aldana.
Rodas promovió un amparo contra el presidente Morales, señalando como acto reclamado la declaratoria de non grato que emitió contra Velásquez, comisionado de la CICIG.
Los magistrados señalaron que tras examinar el contenido del documento transcrito, que contenía la declaración de Morales como persona non grata al Comisionado, la Corte advierte que el mismo carece de las solemnidades formales que la Constitución en sus artículos 182, segundo párrafo, y 194, inciso c) prescriben de la validez de la decisión que por su medio se intentó dictar.
La afirmación de que carece de las solemnidades formales exigidas, radica en el hecho de que el documento lo firmó únicamente el Presidente, sin refrendo del Ministro de Estado que corresponde, según el tema que trata el mismo, afirma la resolución.
Ese incumplimiento de la solemnidad formal de la que se hace mención, deriva en que el documento reprochado y la decisión resultan nulos de pleno derecho.
Otra de las falencias advertidas por los magistrados concierne en las incongruencias entre las fechas consignadas en el documento que contiene el “pronunciamiento”, ya que cita el 26 de agosto y en el apartado final se cita el 27 de agosto.
También se hace alusión, como fundamento legal que la decisión se basa en la literal p) del artículo 183 de la Constitución, que no guarda relación con dicha decisión, señalan los magistrados en la resolución.
Finalmente la Corte estimó necesario invocar lo normado en el artículo 12 del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que preceptúa “Toda controversia entre las partes, relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo, se resolverá por negociación entre las partes o por otro medio de solución mutuamente convenido”.
Y eso le ganó que la diputada oficialista, Sandra Patricia Sandoval, actuando de manera individual, citara al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para el 6 de septiembre a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Tanto la diputada Nineth Montenegro como el diputado Raúl Romero integrante de la Comisión, indicaron desconocer los motivos de Sandoval para citar a Rodas, recién llegado a la Procuraduría, pues apenas ha cumplido diez días de haber asumido el cargo.
“No me lo esperaba de forma tan pronta, no tengo ni diez días de haber tomado posesión, no quisiera pensar que se debe al amparo que se dio y afortunadamente se declaró con lugar, soy comisionado del Congreso, pero no subordinado a ellos y también no pudiera descartar que me feliciten por el trabajo que se ha hecho, eso espero, no quisiera pensar en ese extremo porque sería nadar contra la corriente de la población”, explicó Rodas.
¿QUÉ SE VIENE?
Para el martes la situación parecía haber terminado, sin embargo, es difícil aún dar por finalizado el conflicto entre la Presidencia y Velásquez, hasta el momento no se ha dado un acercamiento de Morales con el Comisionado o con la fiscal general, Thelma Aldana porque según se pudo conocer, el presidente quiere condicionar su antejuicio y las causas penales por corrupción.
Mientras que la CC en su resolución dejó en claro que el mandatario no podrá recurrir de nuevo al mecanismo de declaratoria de non grato.
Con ello, el presidente Morales no podrá invocar la Convención de Viena, como hizo en el pronunciamiento dado a conocer la mañana del pasado domingo, para declarar non grato a Velásquez y ordenar su expulsión del país.
De momento ahora la atención y los reflectores pasan hacia la petición de antejuicio contra el presidente Morales, que se conocerá el lunes en la Corte Suprema de Justicia y si se admite, pasará al Congreso.
Ayer este medio publicaba un amplio reportaje en el que se puede entender que el Presidente será apoyado por los diputados y por tanto, se declarará sin lugar el antejuicio.
