POR KIMBERLY LÓPEZ
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El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, explicó que en su experiencia de lucha contra las estructuras criminales en el país, ha observado en estas redes capacidades de mantener ilegalidades, al mismo tiempo apoyadas en lo legal.
Velásquez se refirió al combate con el crimen organizado en Guatemala, en The Wilson Center, en Washington DC.
El comisionado destacó en su discurso el hecho de que los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) operan en Guatemala con una “dualidad peligrosa” que combina la legalidad con lo ilícito, de tal modo que no perturban el orden constitucional “si no que logran hacerlo inoperando, por un lado la violación sistemática de reglamentos y estableciendo cortafuegos eficaces y eficientes”.
Es por ello que en dichas redes, según el comisionado, resulta sumamente complicado encontrar e investigar estos aparatos que operan en lo ilícito, sin alejarse de lo permitido por la Ley.
Velásquez también explicó que la CICIG en Guatemala se implementó como una entidad para la desarticulación de CIACS.
En relación a esto, también aseguró que en Guatemala existe una democracia frágil, con un aparato pequeño, con fuerzas de seguridad muy débiles, y que estas condiciones son las causas que han permitido que en el territorio del país se hayan podido desarrollar estructuras criminales dentro y fuera del aparato del Estado.
Según detalló, dichas estructuras recaen en prácticas de corrupción administrativa, corrupción financiera, contrabando, narcotráfico, despojo de tierras, entre otros.
Frente a esto, el comisionado consideró de vital importancia el fortalecimiento del sistema de justicia y cambios profundos en este sector.
«Es necesario que el Organismo Judicial (OJ) sea un cuerpo independiente que precisamente no obedezca a intereses, sino que esté en el centro de la selección la definición de sus capacidades, idoneidad, honorabilidad, que es una exigencia expresa en la constitución”, apuntó.
De darse estas condiciones en el país, continuó, se convertirían en una herramienta efectiva contra la impunidad que impera en estas redes.
A decir del comisionado, en el país es importante que se propicie una reforma constitucional que profundice la carrera judicial llevándola a niveles superiores, así como que considere la reorganización en el sistema de justicia y brinde una mayor independencia a entidades como el Ministerio Público.
De manera conclusiva, Velásquez señaló como “pequeños avances” las recientes reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y a la Ley Orgánica del Ministerio Público. No obstante, enfatizó en que faltan muchos cambios necesarios.
