El Tribunal Quinto de Sentencia Penal llegó a la fase final del juicio contra dos exintegrantes de la junta interventora del Patronato Antialcohólico, señalados por los delitos de concusión, abuso de autoridad, usurpación de calidades y caso especial de estafa, luego de escuchar las réplicas de las partes durante el debate.
En esta etapa del juicio, la jueza Bélgica Derás escuchó los últimos argumentos del Ministerio Público (MP), que solicita que Daniel William Castillo y Fredy Jerez sean condenados a 17 y 9 años de prisión, respectivamente. Por su parte, la defensa de ambos acusados pidió que sean absueltos de los cargos que se les imputan.
Asimismo, se escuchó la última palabra de uno de los acusados. Jerez tuvo la oportunidad de dirigirse a la juzgadora y reiteró que, a su criterio, las pruebas presentadas durante el debate demuestran su inocencia.
“Todos los elementos de prueba que hemos incorporado dejan de manifiesto la inocencia en todos los delitos que en mi caso se me imputan, de igual manera con el otro acusado. En ese sentido, de manera respetuosa solicito que, al darle valor probatorio a todos los medios de prueba que se diligenciaron, se dicte sentencia absolutoria a mi favor”, expresó Jerez.
MP pide penas de 9 a 17 años de prisión contra implicados en caso Patronato Antialcohólico
Sin embargo, debido a cuestiones de agenda y tiempo, la juzgadora señaló que la última audiencia debía aplazarse. Por ello, será hasta el próximo 8 de septiembre cuando se escuche la última palabra de Castillo, quien tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal y realizar su última solicitud.
Posteriormente, se espera que la jueza realice el análisis correspondiente y determine la fecha y hora para dictar sentencia en el caso, con lo cual se establecerá si los acusados son culpables o inocentes de los delitos que se les imputan.
El caso se remonta a 2004, cuando las autoridades revelaron una investigación por un supuesto hecho de corrupción que involucraba al entonces vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes López, y a los exintegrantes de la junta interventora del Patronato Antialcohólico.
De acuerdo con la investigación, ese año Reyes López habría otorgado a Jerez y Castillo un préstamo de Q555 mil, cuando ambos formaban parte de la junta interventora del Patronato Antialcohólico. El préstamo posteriormente habría sido considerado impagable. Como una forma de garantizar el pago de la deuda, los entonces integrantes de la junta habrían ofrecido como respaldo un terreno propiedad del patronato, valorado en Q26 millones, un monto considerablemente superior al préstamo recibido.
Esta situación generó señalamientos sobre un posible apropiamiento indebido tanto del inmueble como de bienes de la institución. Sin embargo, la defensa sostiene que los acusados no incurrieron en esas acciones y que únicamente cumplieron con las funciones que les fueron asignadas durante la intervención del Patronato Antialcohólico por parte de las autoridades del Ministerio de Salud.
