El juez séptimo penal Fredy Orellana le negó por tercera vez este 30 de septiembre la medida sustitutiva que solicitó la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, exdiputada del Movimiento Semilla.
Orellana considera que nada ha cambiado desde el 16 de agosto cuando la capturaron y no ha podido sustentar su permanencia en libertad porque sigue como directora de la institución.
El caso no tiene ninguna relación con el Instituto, si no es por una investigación abierta contra el partido Movimiento Semilla, y por eso, la defensa de Hernández, solicitó la medida para estar en libertad, y puso como ejemplo el caso del ex subsecretario de la Presidencia, Wuilliam Capriel.
Pero el juez Orellana dijo que no eran casos parecidos, porque Capriel ya no estaba en funciones. Había renunciado antes de ser procesado en el mismo caso que Hernández, por quien pesan acusaciones de financiamiento electoral no registrado.
Orellana dejó claro que no podía haber un principio de igualdad porque, a diferencia del ex subsecretario de la Presidencia, «la sindicada Hernández Gómez no ha dicho que presentó su renuncia en el Instituto de la Víctima».
Hernández recurrió al principio de igualdad, pero el juez le negó la solicitud, incluso, Hernández, aseguró que podría someterse al control telemático mientras se resuelve el proceso en su contra.
La defensa de la directora presentó una carta del departamento de Recursos Humanos del Instituto de la Víctima en donde consta que está suspendida del cargo, «a pesar de que aquí no se trata de un proceso contra el Instituto, si no es de índole electoral», recalcó la defensora Patricia Gámez.
#AhoraLH | Juez no da a lugar las medidas sustitutivas.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 30, 2024
DOCUMENTO CLANDESTINO
Aunque el caso investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se refiere a supuestos actos anómalos en la conformación y financiamiento del partido Movimiento Semilla y no vincula al Instituto de la Víctima, el juzgador aseguró que «el poder que Hernández pueda ejercer sobre trabajadores de la institución podría afectar la averiguación de la verdad en el caso que lleva el Ministerio Público».
A criterio del juez, la carta que entregó Hernández, en donde se asegura que está suspendida del cargo, no es válida, porque solo tiene una firma, pero no el nombre de la persona quien la emite.
Calificó ese escrito como «un documento clandestino», y, por lo tanto, no lo aceptó para validar que no había un peligro para intervenir en las averiguaciones.
¿POSIBLE MULTICAUSA?
Gámez, defensora de Hernández, argumentó que existe la posibilidad de una multicausa en el actual caso.
Argumentó que en el proceso original el MP investigaba una supuesta anomalía en la inscripción del partido Movimiento Semilla, en donde Hernández no tiene sindicación alguna; sin embargo, en la segunda fase, trata de un presunto financiamiento electoral ilícito, hechos diferentes a los cuales comenzaron con la investigación.
La defensora de Hernández afirmó que podría existir un problema en torno a quién conoce el caso, porque al tratarse de un caso diferente, debía verse en otra carpeta judicial y ante otro juzgador.
Sin embargo, la fiscal Leonor Morales, tomó tal declaración como un ataque a la investigación y las diligencias que realizan.
Afirmó que todo el proceso se ha realizado «conforme a derecho». El juez también rechazó los señalamientos, al igual que la Feci y agregó que no había motivos para creer que existe una multicausa.
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