Estructuras de Gobiernos pasados que se resisten a perder control en el Estado

Arte: Alejandro Ramírez

En los primeros meses del actual gobierno han surgido varios casos que ponen sobre la mesa cómo las estructuras de control de administraciones pasadas están dispuestas a dar batalla para aferrarse a sus posiciones dentro del Organismo Ejecutivo y otras instituciones.

Algunos de estos casos han sido develados por funcionarios de Gobierno, mientras que otros han trascendido a la prensa.

Dos de los más recientes fueron dados a conocer por La Hora: el contrato oscuro de publicidad en el Aeropuerto Internacional La Aurora y el gasto desmedido de combustible por parte del gerente del Fondo de Tierras (Fontierras), nombrado por Alejandro Giammattei.

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— Diario La Hora (@lahoragt) October 6, 2024

CASO MONDAL

Uno de los primeros casos que se dio a conocer fue el del ahora expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal, a quien el presidente Bernardo Arévalo intentó destituir hace algunos meses.

El gobierno denunció que Mondal no cumplía con los requisitos que juró tener para optar al puesto y que, incluso, para tal fin había mentido en una acta notarial respecto a su experiencia en el campo financiero.

Pero, a pesar de esto, Mondal se envalentonó y denunció al secretario General, Juan Guerrero, y al secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, en ese tiempo comisionado Nacional contra la Corrupción, porque supuestamente lo intimidaron el día que fue removido. Además, planteó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para asegurarse seguir en el puesto.

En principio, la máxima Corte ordenó la restitución de Mondal al frente del el Bantrab, y el Ministerio Público (MP) lejos de investigarlo, presentó solicitudes de antejuicio en contra Guerrero y Palomo al darle trámite a la denuncia de representante nombrado por Giammattei.

No obstante, el 25 de septiembre el pleno de la CC se reunió y votó para denegarle en definitiva dos amparos que había presentado Mondal. Los magistrados Luis Rosales y Claudia Paniagua, lo apoyaron y razonaron su voto, mientras Paulino Texaj cambio su postura.

Posteriormente, tanto Mondal como Luis Suárez presentaron sus renuncias a la entidad bancaria, esto tras el revés de la CC.

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

El 11 de julio pasado surgió otra polémica dentro de la Dirección General de Caminos (DGC), unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV). Las autoridades pretendían licitar por excepción la reparación del hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla.

Pero el proceso se cayó. El titular del CIV, Félix Alvarado, denunció que cuando la junta de licitación había recibido tres ofertas a precios “razonables” y se disponía a hacer la adjudicación, Gilberto Guerra, en ese entonces director de la DGC, intentó influir en los integrantes de la junta para que no adjudicaran el contrato.

Según la información proporcionada por las autoridades, el Director de Caminos sacó de la junta de licitación a uno de los miembros encerrándolo en su oficina. Al salir de la misma, este se retractó de su participación.

Como resultado, el procedimiento se estancó. El CIV denunció a Guerra en el MP, sin que a la fecha se haya conocido de algún avance. Por su parte, el exjefe de la DGC también acudió a la Fiscalía para demandar a las autoridades, aunque en este caso tampoco se han conocido avances.

 

Guerra ya formaba parte de la Dirección General de Caminos en un puesto de Técnico de Ingeniería de la División de Planificación y Estudios.

De tal cuenta, figura en las nóminas del personal de Caminos en el renglón 029 desde la administración de Alejandro Giammattei.

Cuando dio inicio el gobierno de Bernardo Arévalo y el CIV estaba a cargo de Jazmín de la Vega. El 25 de enero, la entonces ministra de Comunicaciones nombró a Álvaro Alfredo Cuellar Manzo como titular de Caminos y Guerra Flores como subdirector.

Pero el 19 de marzo, De la Vega destituyó a Cuellar Manzo y Guerra Flores se quedó a cargo.

COMPRAS EN EL IGSS

Las adquisiciones de medicamentos que ha efectuado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), señaladas de sobrevaloración, es otro ejemplo de cómo estas prácticas, prevalecen a pesar del cambio de Gobierno.

El actual presidente de la Junta Directiva de la institución, José Adolfo Flameco, fue nombrado por Giammattei el 3 de junio de 2021.

Desde entonces, farmacéuticas han sido beneficiadas con contratos millonarios. En especial, La Botica, que tiene vínculos con Miguel Martínez, pareja del expresidente, y exdirector del Centro de Gobierno en la administración pasada. Este año, hasta inicios de septiembre, la empresa en cuestión era la tercera más favorecida por el IGSS con contratos.

Asimismo, las que se han hecho de las adjudicaciones más voluminosas han sido J. I. Cohen y Lanquetín. Ambas se han beneficiado de la compra de sus productos obligadas por un amparo. La segunda recibió, este año, una adjudicación millonaria por la venta de irbersartán y clopidogrel a precios muy por arriba de los del mercado. En total, el contrato fue por Q371.7 millones y el año pasado también fue por una cifra similar. 

FONTIERRAS

El 16 de septiembre, La Hora publicó un artículo en el cual se dio a conocer el gasto desmedido en el consumo de vales para combustible por parte del gerente general del Fondo de Tierras (Fontierras), Byron Arnulfo Bin Quej.

Una auditoría practicada al fondo de cupones estableció que en 13 meses el vehículo asignado a dicho funcionario se consumió Q97 mil 390 en cupones para combustible, con lo que habría recorrido unos 157 mil kilómetros, 12 mil 76 por mes.

Esa cantidad de kilómetros es el equivalente a viajar ida y vuelta 167 veces a Flores, Petén, 57 veces a Ciudad de México y en 15 ocasiones a Nueva York, Estados Unidos.

El pasado 9 de septiembre, el Consejo Directivo se reunió para conocer el informe de Auditoría Interna, pero antes Bin Quej había reconocido con los auditores que no había llenado las bitácoras de consumo adecuadamente, pero lo justificó con que ningún gerente de la institución lo había hecho antes y a que, mensualmente tiene derecho a un pago por gastos de representación.

Pese a lo que parece ser un gasto desmesurado de cupones de combustible de un vehículo asignado a una persona, en la reunión de Consejo cuatro de los siete miembros votaron porque permaneciera en el cargo. Estos representantes fueron: el de Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (Conadea), el del sector de cooperativas, de las organizaciones indígenas y de las organizaciones campesinas.

Llamó la atención que incluso estos dos últimos, Héctor Israel Cu y Daniel Pascual, respectivamente, que fueron nombrados por el gobierno actual, votaron a favor de que Bin Quej se mantuviera en el cargo.

EN LA DGAC

El caso más reciente lo dieron a conocer autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que reveló a este medio la existencia de un contrato que perjudica al Estado y que fue firmado en 2013.

Se trata del contrato para la instalación de publicidad en el interior del Aeropuerto La Aurora, que la DGAC firmó con Media Airport System, en el cual le concedió el derecho con exclusividad por un periodo de 10 años.

Sin embargo, el contrato decía que el plazo comenzaría a correr desde el momento en que la compañía recibiera la última de las áreas, lo cual ha postergado año tras año.

La compañía dejó de pagar al Estado el arrendamiento desde 2014, razón por la cual la DGAC pretende desalojarlos. Pero esto no es posible porque la compañía consiguió una resolución de un juzgado civil que le protege sus derechos como arrendatario, pese a la millonaria deuda que mantiene con Aeronáutica y aunque continúa explotando económicamente las áreas del Aeropuerto Internacional.

Cuando el juez Federico Gerardo Maza, titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil resolvió la demanda en favor de Media Airport System, la anterior DGAC, encabezada por Francis Argueta, no hizo nada para evitarlo, ni siquiera una apelación u otra acción legal. Esto a pesar de que un juzgado contencioso-administrativo ya había fallado en contra de la empresa.

Ahora, cada vez que las autoridades intentan colocar información útil para los viajantes la empresa les advierte que cuenta con una resolución judicial que les impide al propio aeropuerto utilizar sus propias instalaciones. El área arrendada suma mil 774 metros cuadrados.

Recientemente, el representante legal de la empresa, Douglas Ovalle Ruano, dijo en una entrevista con La Hora que la compañía está dispuesta a devolver los espacios, toda vez se haga un proceso legal y con la participación de la Procuraduría General de la Nación. (PGN.

Representante legal de Media Airport System, es suplente en el IGSS

MARROQUÍN: REDES SIGUEN INTACTAS

En consideración del analista político y fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, “la corrupción y todas las redes que operan en Guatemala siguen intactas” y para estas, el cambio de gobierno no significó una depuración.

“Estas redes siguen incrustadas en muchas instituciones del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial y entidades autónomas. Siguen con jugosos contratos y esto tiene que ver con que las redes han dejado a su gente en puestos clave”, subrayó.

Por esa razón, añade, es fácil que sigan manipulado los procesos de licitación y que tengan conexiones con jueces que fallan a favor de ellos y que, incluso, hasta han incumplido contratos.

Marroquín agregó que estas redes son “complejas” ya que cuentan con operadores en los tres poderes para cumplir con sus objetivos de defraudar al Estado. Por eso, manifestó, “el sistema de justicia ha sido el instrumento y arma para facilitar y validar contratos anómalos”.

A la vez de criticar que el gobierno de Bernardo Arévalo no contaba con un plan para hacer una “poda” de actores corruptos dentro del mismo gobierno, señaló que los actores corruptos “no tienen miedo al cambio de gobierno ni a lo que pueda venir”, en parte, porque las cortes, todo apunta, quedarán integradas como ellos lo desean.