Barrientos, pese a ser ministro en la actual administración, fue destituido y ahora apresado. Diseño La Hora / Alejandro Ramírez

La detención del exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos este 11 de enero por parte del Ministerio Público (MP), es vista por analistas como una muestra de que el sector que se opone a los resultados electorales está dispuesto a jugárselo todo en estos últimos días antes de perder el poder Ejecutivo, representado en Alejandro Giammattei.

Barrientos, pese a ser ministro en la actual administración, fue destituido y ahora apresado supuestamente por no obedecer una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la Policía Nacional Civil (PNC) desalojara manifestantes en las protestas que hubo en las primeras dos semanas de octubre del año pasado, en rechazo a las acciones del MP en contra del proceso electoral.

Los analistas sostienen que, aunque estas acciones pueden ser calificadas como «patadas de ahogado», estos mismos actores están convencidos de que todavía pueden evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión del cargo el próximo 14 de enero, algo que sería ilegal, puesto que sería el equivalente a no respetar la orden de la CC de que todas las personas electas en el pasado proceso electoral deben tomar posesión del cargo.

 

Los analistas consideran que, aparte de la captura del exministro del Interior, la zozobra en los últimos días se alimenta también por los rumores de la captura de la vicepresidenta electa y por los posibles movimientos del Congreso de la República para evitar que los cargos electos por Movimiento Semilla asuman el próximo domingo.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a Herrera y ordenó a todas las autoridades abstenerse de ordenar su aprehensión sin antes haber agotado el proceso de antejuicio.

Además, el hecho de que el presidente Giammattei viajó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a defender sus acciones durante la crisis política, aunque en Guatemala hay un consenso de que él es uno de los principales impulsores.

En contraste, Barrientos dijo luego de ser detenido:  «Me pudieron haber llamado a declarar, pero puede haber un mensaje detrás de todo esto».

TILLIT: SE NIEGAN A ENTREGAR EL PODER

Para Lindsay Tillit, analista política de la organización Alas de Mariposa, las acciones de último momento obedecen a que “el grupo golpista” se niega a entregar el poder del Ejecutivo a Arévalo y Herrera.

“La campaña de terror, suspenso y angustia que se ha tenido desde los resultados de la primera vuelta es insólita, pero la mantendrán, porque no quieren entregar el poder, porque eso será soltar a las instituciones en donde hay tantos negocios”, remarcó.

La analista considera que el grupo que se rehúsa a dejar el poder aún cree que puede evitar la toma de posesión de Arévalo el próximo domingo, lo cual es preocupante porque eso implicaría una ruptura del orden democrático y sanciones a nivel internacional.

SANTOS: “INTENTONA SIGUE VIGENTE”

Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), afirmó que “la intentona de impedir que se respeten y garanticen los resultados electorales sigue vigente”; sin embargo, también cree que la captura de Barrientos obedece a una política de venganza y de arremeter en contra de todos los actores que se inclinan por garantizar una transición democrática.

Coincidió en que el principal objetivo de quienes buscan desconocer los resultados electorales es evitar que Arévalo y Herrera tomen el control del Ejecutivo y así, “mantener y profundizar el régimen de corrupción e impunidad de los últimos años”.

CUX: “ESTÁN DISPUESTOS A LO QUE SEA”

Por aparte, Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana, expuso que, aunque las acciones de los días recientes pueden calificarse como “patada de ahogado”, la ciudadanía y la comunidad internacional debe permanecer en alerta porque el grupo “golpista” parece estar dispuesto a lo que sea para atrincherarse en el poder.

En tal sentido, remarcó, no les importa cometer ilegalidades, como lo sería una eventual captura de la vicepresidenta electa, algo que, de solicitarse, autorizarse y ejecutarse sería “una consumación del golpe” porque “se atentaría en contra de la alternabilidad en el poder y en contra de la resolución de la Corte de Constitucionalidad” del pasado 14 de diciembre.

“Vemos como hay desesperación por parte del grupo golpista y de los  jueces afines y también sigue la intención clara de afectar el proceso electoral”, aseveró.

 

CC DEBE ACTUAR

Los analistas coincidieron en que la CC todavía tiene margen de acción y puede poner un freno a las acciones que buscan romper el orden constitucional.

“Aquí ya estamos hablando de un desacato de las resoluciones de la misma CC y de un profundo agravio y violación al orden constitucional. Llamo a la CC a que les ponga un alto a estos actores”, indicó Santos.

Mientras que Cux precisó que la alta Corte puede actuar de oficio o a través de los amparos que reciba y dejar sin efecto las acciones que pretenden desestabilizar la transición de mando.

Agregó que los abogados que fueron amparados en definitiva el pasado 14 de diciembre podrían solicitar a la CC una debida ejecutoria para que se obligue a los funcionarios a cumplir con la resolución que garantiza que las personas que fueron electas en los comicios del 25 de junio y 20 de agosto tomen posesión de sus cargos.


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Sergio Morales
Periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Temas políticos, comunitarios, gestión pública y migración.
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