El diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva de Prosperidad Ciudadana ha sido uno de los rostros destacados de la alianza oficialista. Foto La Hora/Jorge García Silva/Facebook

Han transcurrido 50 días, desde el pasado 30 de marzo cuando la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibió el expediente de retiro de inmunidad del diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva, aliado del oficialismo de Alejandro Giammattei, por su presunta implicación en actos de corrupción en el llamado Caso Insivumeh, por lo que ya suma seis meses de ser favorecido con proceso entrampado.

Cabe señalar que el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal tardó 49 días en un proceso de “notificación”, hasta que la solicitud fue recibida en la Secretaría de la CSJ. Otro aspecto a considerar es que el ente investigador presentó el requerimiento contra García Silva, casi tres meses después de que fuera presentado el caso.

El Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras presentó la solicitud a Gestión Penal del Organismo Judicial el pasado 8 de febrero, mientras el caso fue presentado el 5 de noviembre de 2021, cuando se registraron la mayoría de las capturas de personas vinculadas con el caso.

Aunque en esa ocasión el MP hizo mención de García Silva como uno de los sospechosos de estar involucrado, dejó pasar el tiempo sin presentar la acción para solicitar el retiro de la inmunidad, como lo haría posteriormente, derivado en una audiencia la jueza a cargo del proceso, instruyó a MP proceder con el proceso de antejuicio en contra del legislador oficialista.

OTROS ANTEJUICIOS CONOCIDOS

Contrario a esta situación, los magistrados de la CSJ, si han conocido y resulto recientemente, otras peticiones de retiro de inmunidad, tal es el caso del juez de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul quien fue separado del cargo como presidente del Tribunal.

En noviembre pasado, la CSJ le retiró el derecho de antejuicio al diputado opositor Aldo Dávila luego, quien fue denunciado por el MP supuestamente por agredir a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante una protesta.

FAMILIARES IMPLICADOS

En este caso, la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, en febrero pasado ligó proceso penal a nueve personas, entre estas, Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo del parlamentario. Ambos son señalados de lavado de dinero y asociación ilícita. A Monterroso Bonilla también se le señala de fraude.

LA INVESTIGACIÓN

Según las pesquisas preliminares, el MP señala que, en su calidad de diputado, García Silva “intervino posiblemente en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas, contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona por un monto estimado de Q30 millones”.

Por estos hechos, el legislador es señalado de lavado de dinero u otros activos, fraude y asociación ilícita.

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