El abogado Carlos Paz Archila, vive una situación similar a la de la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo y la de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Siomara Sosa. Foto: La Hora

Exfuncionarios del sistema de Justicia expresaron su rechazo ante la persecución penal en contra de varios abogados por ejercer acciones en el marco de sus funciones, tomando como punto de partida una denuncia contra Carlos Paz Archila, representante del periodista Juan Luis Font.

 

“Rechazaron la persecución penal que últimamente padecen profesionales del derecho que resultan señalados, acusados e incluso procesados por ejercer su profesión en distintas causas penales”, indicaron.

Exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y Tribunales Supremo Electoral o que en su momento presidieron el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), respaldaron el pronunciamiento.

En el comunicado mencionan uno de los casos más recientes, “una denuncia contra el abogado Carlos Paz Archila, quien patrocina como defensor al periodista Juan Luis Font, y que ahora resulta señalado por ilícitos que pretenden equiparar el libre ejercicio de la profesión con actividades delincuenciales.”

Su situación sería similar a la de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Siomara Sosa y la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo, quienes fueron detenidas a petición del Ministerio Público por ejercer su derecho a petición; los señalamientos en contra de ambas fueron desestimadas después de permanecer varios días en prisión provisional.

 

SEÑALADO POR FORMULAR PETICIONES

Esas acusaciones crean un paralelismo de la relación entre cliente y abogado con la de una organización criminal simplemente por formular solicitudes ante los órganos judiciales competentes, explicaron.

Por último, condenan el hecho de “someter a proceso por delitos de criminalidad organizada a abogados por el ejercicio legítimo de su profesión”.

También manifestaron su rechazo de “imputar una conducta antijurídica simplemente por desempeñar actividades que atañen a su función, carece de fundamento legal”.

PETICIÓN A FISCALES Y JUECES

Ante estos hechos los abogados exigieron a los fiscales que, como lo establece la ley del Ministerio Público, “apliquen objetividad para desestimar las causas que criminalizan la defensa profesional abusando irresponsablemente de la denuncia penal”.

Los profesionales del derecho también realizaron una petición a jueces y magistrados para que, “con independencia e imparcialidad, diluciden que al criminalizar el ejercicio profesional se distorsiona el sentido esencial de la justicia y de nuestra vocación, el derecho”.

 

 

FIRMANTES

Entre los exmagistrados que firmaron el pronunciamiento están, los abogados Ángel Alfredo Figueroa, Gabriel Medrano Valenzuela, Augusto Eleazar López, Carmen María Gutiérrez de Colmenares, Ricardo Alvarado Sandoval, Eugenia Mijangos Martínez, Mario Roberto Guerra Roldán, Luis Fernández Molina, Luis Felipe Sáenz Juárez, entre otros.

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