El embajador de Estados Unidos, William Popp y la Fiscal General, María Consuelo Porras, participaron en la donación. Foto La Hora/MP

Por María España
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Autoridades de los Estados Unidos y el Ministerio Público (MP) sostuvieron una reunión esta tarde, donde presentaron acciones estratégicas para el combate contra delitos relacionados al narcotráfico, entre ellas la asignación de fondos para fortalecer la Fiscalía contra la Narcoactividad.

La Embajada de EE.UU. en Guatemala, por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Cumplimiento de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), donaron mobiliario, equipo táctico, tecnológico y electrónico a la Fiscalía, así también proporcionarán capacitaciones en metodologías de investigación para el combate a estructuras criminales organizadas, informó el MP en un comunicado.

“INL asignó fondos para fortalecer las capacidades funcionales de la Fiscalía contra la Narcoactividad, para cumplir con una ardua tarea de desmantelar las estructuras criminales, carteles y todo en Guatemala”, indicó William Popp, embajador de EE.UU.

Además, señaló que la Fiscalía “no trabaja sola”, debido a que recibe el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Gobernación, y el Ministerio de la Defensa. “Esta lucha contra la narcoactividad continuará y va a ser fuerte, es una lucha clave para Guatemala, para la región, y para los Estados Unidos, y países aliados.”, puntualizó.

FISCAL ALEGRÍA MENCIONA AVANCES QUE HAN TENIDO

En tal sentido, Gerson Alegría, Fiscal de Sección de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, informó que han desarticulado estructuras criminales, incluyendo la detención de funcionarios públicos que se dedicaban al narcotráfico. Además, reiteró su compromiso de combate contra dicho flagelo.

Por su lado, la Fiscal General y jefa del MP, Consuelo Porras, expresó que desde 2018, dicha Fiscalía ha sido fortalecida, por lo que agradeció el reciente apoyo técnico y financiero brindado por la INL.

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“Se planteó como objetivo general el contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala y procurar que sus habitantes reciban la adecuada protección frente a graves transgresiones al ordenamiento jurídico”, aseguró.

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