El Tribunal de Mayor Riesgo D accedió a la petición formulada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) para imponer un pago de reparación digna, luego de que el pasado lunes condenara a tres exdiputados a penas de prisión por su implicación en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
En este caso, la PGN señaló que, tras analizar las pruebas con las cuales se comprobó la culpabilidad de los exparlamentarios, era necesario hacer solicitudes de resarcimiento al Estado de Guatemala.
En el caso del exdiputado Ronald Arango, la PGN indicó que las dos personas que este logró que fueran contratadas por el Ministerio de Salud no cumplían con las características de los puestos, tampoco se presentaron a trabajar y, aun así, cobraron sus salarios. Por lo tanto, deberá devolver el dinero de dichos salarios, que asciende a Q101 mil 148 con 86 centavos.
Sin embargo, en el caso de los exdiputados Aracely Chavarría y Humberto Sosa, las personas que fueron contratadas por el ministerio bajo la influencia de estos, si bien es cierto que tampoco cumplían con las calidades ni tenían la experiencia del caso, sí se presentaron a laborar en los puestos para los cuales fueron contratados.
Por lo tanto, la PGN solamente solicitó que ambos hagan una disculpa pública, la cual deberá publicarse en el diario oficial y en un diario de mayor circulación.
Esta petición fue atendida por el tribunal, quien dictaminó que estas serán las formas en que los exparlamentarios deberán resarcir al Estado, las cuales se suman a las penas de prisión de 3 a 7 años que fueron impuestas el lunes pasado.
Por su parte, los exparlamentarios aseguraron que siguen siendo inocentes, pues aún presentarán las impugnaciones que la ley les permite, con lo cual la sentencia dictada en su contra no está firme, por lo que consideran que no está probada su culpabilidad dentro de este proceso.
