La oficialización de los resultados de las elecciones generales 2023 se mantiene suspendida, derivado de una resolución que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el pasado viernes 7 de julio. Esa medida afecta el curso normal de la democracia, según expertos consultados.
Ese día, de manera unilateral, la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no hacer oficiales los datos de la primera ronda de los comicios e informar si se había cumplido con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que había mandado a las juntas electorales (JE) efectuar una nueva audiencia de verificación de escrutinio de actas.
El fallo de la CC, correspondiente a un amparo provisional, fue emitido el sábado 1 de julio último por solicitud de nueve partidos políticos que veían como un riesgo que el TSE adjudicara los cargos sin que se resolvieran las impugnaciones presentadas durante el conteo de votos, las cuales figuraban en las actas electorales.
La decisión de la CSJ, a la cual fue remitido el expediente del amparo, fue girada por petición de cinco de las nueve agrupaciones que habían actuado con anterioridad ante la CC.
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ORELLANA: PRESUNCIÓN DE ILEGALIDAD
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana fue abordado por La Hora respecto a si este retraso de la CSJ en resolver el amparo que inició en la CC afecta el curso normal de la democracia. Señaló que, a su criterio, en el caso de la resolución que únicamente firmó la presidenta del OJ podría representar una “presunción de ilegalidad”.
Además, afirmó que en la Constitución y el principio de legalidad está diseñado para proteger la democracia.
“Creo que el primer punto es el tiempo, el segundo la democracia que es relativo porque depende del resultado que arroje la resolución. El segundo punto es que más que hablar de la democracia, yo creo que hay que hablar competencia que pudo o no haber tenido la presidenta de la Corte”.
También explicó que: “tomando en consideración la naturaleza y el contenido de la resolución que ella unilateralmente firmó, si cabe cuestionar seriamente la legalidad de este procedimiento”.
Sobre el tema, el profesional del derecho planteó otro panorama, relacionado a desobedecer la resolución de la CSJ que fue firmada no por el pleno, sino solo por una magistrada, que es la presidenta del OJ.
Tristemente hay que advertir que se vienen horas difíciles que pueden ser amargas para el futuro del país por el empecinamiento de quienes no quieren reconocer la importancia de la expresión ciudadana el día 25 de junio. #EditorialLH https://t.co/hir4vwqGPk
— Diario La Hora (@lahoragt) July 9, 2023
“La Constitución misma dispone que nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales, que los funcionarios o empleados públicos deben proceder acatando la ley y la Constitución. Cabe, repito, un cuestionamiento muy profundo, respecto a una presunción de ilegalidad y de inconstitucionalidad por parte de lo actuado por la presidenta de la CSJ”, afirma
Al consultarle nuevamente si a su criterio, el retraso de la CSJ afecta el curso normal de la democracia, contestó: “todo nuestro sistema constitucional, y obviamente el sistema legal, está diseñado para proteger la democracia”.
Concluyó al afirmar que el punto más inmediato de análisis es que se haya cometido una ilegalidad o una inconstitucionalidad con una resolución firmada solo por Valdés, lo cual puede afectar la democracia.
VALENZUELA: DEMERITA ELECCIONES Y DEMOCRACIA
El exmagistrado del TSE, Jorge Mario Valenzuela, también fue consultado por La Hora y señaló que: “estamos ante un caso de judicialización de la política”.
“Existe atraso considerable ya en cuanto oficializar resultados. Existen dudas en cuanto a los resultados, y todo eso demerita el evento electoral y la democracia”, explicó.
Asimismo, destacó los efectos de este tipo de escenarios: “en todo caso, perdió el pueblo nuevamente al faltar credibilidad en las instituciones”.
Valenzuela afirmó que es: “urgente que se resuelvan inmediatamente todas las impugnaciones, y ya resueltas se convoque a segunda vuelta o balotaje para respetar los plazos y que se garantice una transición democrática”.
EL AMPARO
Nueve partidos políticos accionaron ante la CC, en donde solicitaron un amparo el pasado 30 de junio. Un día después les fue otorgado el beneficio, pero de manera provisional, y se trasladó el expediente a la CSJ.
Las agrupaciones buscan que se ordena realizar un nuevo conteo de votos, lo cual varios profesionales del derecho han señalado que no está contemplado en la ley.
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Días después de recibido el caso, ya concluida la segunda audiencia de revisión de actas, cinco de las nueve agrupaciones sostenían que no se había cumplido con la orden del tribunal constitucional, y pidieron a la Corte Suprema que verificara la situación por medio de una debida ejecución del amparo provisional.
El viernes 7 de julio pasado, Valdés ordenó suspender la oficialización de los resultados y pidió al TSE un informe circunstanciado, en el cual se debía explicar si las JE actuaron como lo indicó la CC.
Se intentó conocer cuándo la CSJ conocerá el amparo para dictar sentencia, pero no se respondió a las consultas.
