Escenario de la prensa en GT podría agravarse en elecciones 2023

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La Asociación de Periodistas Guatemalteca (APG), durante la presentación del informe «Estado de Situación de la Libertad de Expresión 2022: Terrorismo Judicial acecha a la Prensa», manifestó su preocupación ante la situación que atraviesa la prensa del país, ya que entre enero y octubre se han documentado 105 ataques y limitaciones al ejercicio profesional de comunicadores sociales.

Esa cifra corresponde al 26.99 por ciento de los referidos hechos que se han registrado en lo que va del gobierno de Alejandro Giammattei, que en total suman 389. Además, advirtió que la situación se podría agravar durante las elecciones generales de 2023.

La APG señaló que la censura contra la prensa podría derivar en una censura generalizada: “Esto es una grave amenaza a la libertad de expresión, no solo del gremio periodístico, sino de la ciudadanía en general. Además, las múltiples situaciones de ataque, especialmente la criminalización y que esto que pueda contribuir a más casos de exilio o desplazamiento forzado, que también impone un censura generalizada”, destacó Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de la APG.

Durante una conferencia de prensa, que se llevó a cabo este lunes 12 de diciembre, la APG destacó que este tipo de acciones puede generar autocensura, criminalización, ataques y exilio de periodistas

“Nos preocupa que este escenario se vaya a agravar, particularmente en enero y en el inicio del proceso electoral. Históricamente han sido los períodos donde más ataques y limitaciones a la libertad de expresión han existido, pero con la cooptación del sistema de justicia… (finaliza frase). Los agresores de periodistas pueden atacar con total impunidad, gracias al desdén de las investigaciones que ha mostrado (María) Consuelo Porras y la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. No nos extraña que además de los casos que ya hemos mencionado se pueden registrar agresiones, incluso asesinatos”, detalló Coloj.

Asimismo, informó que estos ataques irían de la mano “con el discurso confrontativo que abandera Giammattei”.

SOBRE EL INFORME

La APG señaló en el informe que “el actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incómodos y voces críticas a su administración, así como sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”, resaltó.

Se afirmó que “las acciones en contra de la libertad de expresión y el clima de impunidad general que favorece principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), provocaron que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se registraran 105 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística, de acuerdo a cifras del Observatorio de los Periodistas de la APG, tal como lo dio a conocer La Hora en la nota: “APG asegura que un “terrorismo judicial acecha a la prensa” desde el gobierno de Giammattei”.

REITERA RECHAZO A CRIMINALIZACIÓN CONTRA ROBINSON ORTEGA

La APG reiteró su rechazo a la criminalización que MP emprendió en contra del periodista Robinson Ortega, de la fanpage «Relax TV» en Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla, quien a mediados de año fue víctima de agresiones físicas y arresto arbitrario, cuando cubría un acto de abuso policial en contra de mujeres y menores de edad.

“Por este acto, la PNC y el MP lo acusaron de haber agredido a una agente. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa declaró falta de mérito a favor del comunicador, al no existir elementos que probaran su presunta agresión a la policía”, señala.

Ortega, en su momento, denunció el ataque en su contra. Además, aseguró que su equipo de trabajo resultó dañado. Afirmó que “la Fiscalía de Delitos contra Periodistas se negó a investigar el caso”, resaltó la APG.

¿QUÉ DICEN LAS INSTITUCIONES?

El Organismo Ejecutivo se pronunció con relación a lo manifestado por la APG, en torno a los señalamientos hechos en contra de la institución.

De esa cuenta: “El gobierno de Guatemala rechaza los señalamientos vertidos de manera irresponsable por medio de la APG y reitera su respeto a la institucionalidad del país y al derecho de libertad de expresión, mismo que ha sido promovido en diversos espacios de instancias gubernamentales.

Se agregó que durante el año se han convocado y transmitido más de 60 conferencias de prensa y diariamente se responden consultas de medio, las cuales se estiman en más de 800.

“No existe ningún mecanismo de censura, ya que diversas plataformas informativas publican diariamente múltiples notas críticas que muchas veces carecen de veracidad. Por otro lado, nuestra plataforma de recursos multimedia ‘Sala de Prensa’ alcanza los 2.8 millones de visitas, poniendo a disposición información de más de 140 instituciones gubernamentales”.

Finalmente, se reiteró el respeto a la independencia de poderes, “por lo que no se emitirá comentario alguno sobre procesos judiciales de ninguna naturaleza”.

El equipo de comunicación del MP indicó que “es respetuoso de la opinión de los respetables miembros de la APG; sin embargo, no se comparte la misma, ya que en ningún momento se han promovido acciones que busquen limitar la libertad de expresión”.

Asimismo, destacó que: “El MP cumple con su labor investigativa tal y como establece la ley. Por tanto, debe velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados. En ese sentido, ninguno de los casos mencionados guarda relación con el ejercicio de la labor periodística sino es en seguimiento a denuncias presentadas por la posible comisión de hechos ilícitos que la Fiscalía, por mandato legal, tiene obligación de investigar”, resaltó.

 

Señaló que en el caso “de la periodista Michelle Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que carece de fundamento lo que afirma el comunicado”, detalló.

“Así también es importante recordar que fue la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público quien creó una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral a los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, informó.

También se detalló el rol de la referida unidad de investigación.

“Esta fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019, ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos.

 

Además, invitó a la APG a acercarse al MP, a manifestar sus inquietudes en torno a la fiscalía especializada.

El vocero del Organismo Judicial (OJ), Rudy Esquivel, explicó que esa institución “no inicia acciones en contra de personas, incluidos comunicadores sociales o periodistas”.

Además, afirmó que dentro del sistema de justicia existen otras instituciones que se encargan de cumplir distintas funciones que se requieren en el gramaje institucional.