La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su comisión de Libertad de Prensa manifestaron su oposición a la aprobación y discusión de dos iniciativas de ley con las cuales el Congreso de la República pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en las plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de la fuerza letal en las manifestaciones ciudadanas, expresaron por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales.
En criterio de la APG, dichas propuestas están dirigidas a menoscabar los derechos de libertad de expresión, de prensa y de manifestación, además, para continuar implantando un ambiente general de censura y autocensura en el país.
— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) August 9, 2022
CONTRA LA LEY DE CIBERDELINCUENCIA
La primera de estas es la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, Decreto 39-2022, aprobada el pasado 4 de agosto, que según la entidad gremial busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades incurran en acoso (artículo 19).
Además, las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos o información (artículo 9) como sucedió con la investigación por actos de corrupción en el caso de la minera rusa que opera en Izabal, publicado a inicios de este año.
Consideran que aunque en ambos artículos indican que se excluirán los casos de libertad de expresión reconocidos en convenios y tratados aprobados por Guatemala, no existe garantía de que funcionarios, empleados públicos, políticos y sus allegados, en contubernio con el sistema de justicia no empleen esta norma para perseguir a medios, periodistas, ciudadanos u organizaciones sociales.
En el análisis de la ley, la APG señala que las posibles sanciones a periodistas por delitos contemplados en esta normativa, también alcanzarían a socios y accionistas de los medios (artículo 4) y en caso de sentencia, las autoridades podrán disponer de los objetos utilizados en el “delito” (artículo 22), lo que conllevaría al decomiso de dispositivos como computadoras, celulares o discos duros utilizados por el medio para albergar y publicar la información, lo cual es contrario a lo que estipula el artículo 35 de la Constitución Política de la República.
Sociedad Civil llama a la movilización y presentan exigencias básicas. Entérate aquí cuáles son 👇🏼 https://t.co/6fLoKpHqNj
— Diario La Hora (@lahoragt) August 10, 2022
Por su parte, las literales B y D del artículo 23 podrían ser empleados para prohibirle actividades comerciales al medio y el cierre definitivo o parcial de “establecimientos de la empresa”, lo que podría significar el cierre de negocios relacionados con el medio, o el medio en sí, dice la APG.
SOBRE EL USO DE FUERZA EN MANIFESTACIONES
Por tanto, para la APG, la iniciativa 6076 “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala” busca involucrar a las fuerzas castrenses en la disolución de manifestaciones ciudadanas y brindarles la potestad a los órganos de seguridad de utilizar la fuerza letal en tales circunstancias, concluye el comunicado.
