En la fotografía la fiscal general, María Consuelo Porras, y el mandatario Alejandro Giammattei. Foto: La Hora

Por medio de un comunicado, organizaciones internacionales manifestaron su preocupación con el creciente deterioro del Sistema de Justicia de Guatemala, y la forma en que se está desvirtuando la naturaleza del Ministerio Público (MP), el cual es dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras. Por ello, piden a la Comisión de Postulación tomar en cuenta objeciones contra aspirantes allegados al presidente Alejandro Giammattei.

“En lugar de fortalecer las investigaciones y la persecución penal contra redes de corrupción y estructuras del crimen organizado, el MP se está utilizando para perseguir a operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos comprometidas con la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos”, señalan.

Las entidades destacan que esto ha provocado que más de 20 exfuncionarios de justicia hayan tenido que salir al exilio.

 

ASPIRANTES VINCULADOS A GIAMMATTEI

Las organizaciones señalan que siguen de cerca el proceso de elección del próximo Fiscal General y manifestaron su preocupación que entre los aspirantes se encuentran varias personas cercanas a Giammattei, lo cual compromete la independencia e imparcialidad del designado.

“Esperamos que la Comisión de Postulación tome con seriedad las objeciones que las organizaciones de la sociedad civil presentaron en contra de los aspirantes con vínculos directos con el presidente Giammattei y personas con intereses particulares en la justicia”, resalta la misiva.

LES SOPRENDE INCLUSIÓN DE SEÑALADA EN LISTA ENGEL

Además, indican que “les sorprende” que la actual Fiscal General esté buscando su reelección después de ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por obstruir la justicia, y porque diferentes sectores sociales han exigido su renuncia por la criminalización contra operadores de justicia, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos.

En septiembre de 2021, Porras fue incluida en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos del Triángulo Norte del Departamento de Estado, desde que se conoció sobre su posible reelección múltiples organizaciones han realizado protestas contra la misma por su gestión.

 

EVALÚEN CON OBJETIVIDAD

En el comunicado las organizaciones aseguran que es importante que la Comisión de Postulación evalúe con objetividad la capacidad, independencia y ética de todos los aspirantes, “tal como lo establecen las leyes guatemaltecas y los estándares internacionales”.

Asimismo, recuerdan que en repetidas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas han hecho recomendaciones a Guatemala sobre la importancia de garantizar la objetividad, publicidad y transparencia en los procesos de elección de fiscal general y magistrados de las altas cortes del país.

CONTRA RESOLUCIÓN DE MAGISTRADA PORRAS

En este contexto, las entidades añadieron su desacuerdo con la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que anula la elección como magistrada titular, Gloria Porras.

“La magistrada Porras fue electa de manera legítima por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en marzo del 2021 y de manera sistemática se le ha impedido tomar posesión del cargo, como represalia por su labor independiente durante los dos periodos en que se desempeñó como magistrada de la CC”, aseguran.

Las organizaciones puntualizan que esta resolución acrecienta el deterioro del Sistema de Justicia en Guatemala y con ello se vulnera el acceso a la justicia para toda la población.

La CC anuló la elección de Gloria Porras como magistrada titular. Foto: La Hora/Archivo

LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES

La Fundación del Debido Proceso (DPL por sus siglas en inglés), Fundación por la Justicia, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Impunity Watch, Jotay, Latin America Working Group, Protección Internacional Mesoamericana, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), entre otras organizaciones son las que se suman al comunicado.

 

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