Este jueves se realizó una audiencia virtual por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se trataron temas de los derechos humanos de los operadores de justicia y la independencia judicial en Guatemala.
La audiencia se desarrolló en un contexto en donde los jueces de Mayor Riesgo Erika Aifán y Pablo Xitumul de Paz se encuentran en desventaja respecto al trámite de los antejuicios que se llevan en su contra, debido a la forma en que se han manejado los procesos dentro del Organismo Judicial.
La CIDH mostró su preocupación respecto a la situación que atraviesan los operadores de justicia y la independencia judicial en el país, resaltando que pareciera que los antejuicios presentados contra jueces de Mayor Riesgo, se trata de otra forma de persecución contra sus resoluciones.
La relatora de la CIDH, Esmeralda Arosemena, hizo referencia a los cincuenta y un antejuicios presentados contra jueces indicando que, “el solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones de antejuicios nos indica una situación de conflicto”, resaltó.
En respuesta a la solicitud del PDH Jordán Rodas, la CIDH organizó la audiencia titulada "GU: Situación de derechos humanos de operadoras de justicia e independencia judicial en Guatemala", donde intervendrán miembros de la sociedad civil y representantes del Estado de Guatemala. pic.twitter.com/WxGyhPRpby
— Diario La Hora (@lahoragt) October 28, 2021
EL CASO DE AIFÁN
En el caso de la jueza de Mayor Riesgo “C”, Erika Aifán, el juez pesquisidor Roaldo Isaías Chávez Pérez, nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el expediente de antejuicio, forma parte de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ) entidad que denunció a la juzgadora.
A pesar de esto, Chávez Pérez no se excusó de conocer las pesquisas, informando al IMCAOJ que se separaría del cargo de Secretario, el cual desempeña en la institución, por un lapso de tres meses, en lo que resolvía el antejuicio de Aifán.
Chávez argumentó ante el Instituto que realizaba esta acción “con la finalidad de buscar la objetividad”.
Por otro lado, la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, expresa su preocupación por los jueces Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios, quienes cuentan con medidas cautelares de la CIDH. pic.twitter.com/LC8Ha57iog
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NO ACEPTARON PRUEBAS DE DESCARGO DEL JUEZ XITUMUL
Por otro lado, en el caso del presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul de Paz, el juez pesquisidor y magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones Eduardo Galván no aceptó las pruebas de descargo del juzgador, enviando el informe a la CSJ sin escucharlo, tal y como lo indica el proceso para un antejuicio.
El juez Xitumul ha indicado en varias ocasiones que no se le notificó la fecha en que debía presentarse ante el juez pesquisidor para entregar dichas pruebas.
En este contexto, Xitumul ha tratado en cuatro ocasiones, de entregar los argumentos de su defensa al pleno de magistrados de la CSJ, sin embargo, las mismas han sido rechazadas indicando que el momento procesal ya había pasado.
Además, en la última resolución dictada el pasado 18 de octubre, se señaló a Xitumul de retrasar el proceso al presentar este tipo de solicitudes ante la Corte.
GARCÍA-SAYÁN INSTÓ A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN A JUECES
El pasado 21 de julio, el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán instó a las autoridades guatemaltecas a reforzar la protección del poder judicial y de los funcionarios públicos del país, indicando que eran preocupantes las acciones destinadas a debilitar el Estado de derecho y la independencia judicial en el país.
En este contexto, García-Sayán señaló que se está abusando del derecho penal para atacar a funcionarios públicos y de la justicia, “las mismas personas que protegen y garantizan los derechos humanos, que están fortaleciendo el estado de derecho y haciendo grandes avances en la lucha contra la impunidad en el país”.
En ese mismo mes, la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán había denunciado ante el relator de la ONU la persecución de la cual son víctimas jueces independientes, por las resoluciones dictadas en casos de alto impacto.
La juzgadora hizo referencia a las amenazas y hostigamientos que se realizan en contra de operadores de justicia y que se llevan a cabo en momentos clave contra ciertos jueces a cargo de casos de alto impacto.
