El Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán, rechazó la solicitud realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de condenar por la vía del procedimiento abreviado a tres exdiputados señalados de estar implicados en la contratación de plazas fantasma dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), porque dos de ellos cambiaron de parecer.
La Fiscalía había solicitado que los exdiputados fueran condenados a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables y la inhabilitación para ejercer en cargos públicos por el delito de tráfico de influencias.
La solicitud se planteó para los exdiputados Humberto Leonel Sosa, Aracely Chavarría y Ronald Arango, a quienes se les señala de estar vinculados a la contratación de personal en las áreas de Salud de Santa Rosa, Suchitepéquez y Guatemala de forma anómala.
Sin embargo, la judicatura rechazó el planteamiento, ya que solo Chavarría aceptó los hechos imputados, Sosa comentó que se sometía al proceso abreviado, pero no estaba de acuerdo con la imputación y Arango indicó que quería someterse al procedimiento ordinario.
ANTECEDENTES
La FECI determinó en esta investigación la participación de los exfuncionarios en actividades irregulares durante la administración del ministro de Salud, Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez (+).
La FECI solicitó sentencia de 2 años y 6 meses en la vía del procedimiento abreviado contra los exdiputados Humberto Leonel Sosa, Aracely Chavarria y Ronald Arango por el delito de tráfico de influencias dentro del caso Asalto al MSPAS.
?: Lourdes Arana/LH pic.twitter.com/TbQau6gqSM
— Diario La Hora (@lahoragt) July 27, 2021
Según el Ministerio Público, el exdiputado Luis Fernando Pérez, el exministro de Salud, Jorge Villavicencio y su hija Saraí Villavicencio lideraban una estructura por medio de la cual sustrajeron alrededor de Q50 millones de la cartera por medio de compras y adquisiciones de bienes, otorgamiento de plazas, así como licitaciones, algunas de ellas bajo el amparo de un Estado de Calamidad por el terremoto que afectó a San Marcos en 2012.
