La Corte Suprema ordenó presentar una denuncia penal el 2 de septiembre, con efecto inmediato. La institución confirmó ahora que las acciones fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) los días 7 y 9, después de que La Hora insistiera en conocer si se había cumplido el acuerdo.
El Organismo Judicial (OJ) terminó llevando ante el MP las denuncias por la presunta venta de plazas y ascensos dentro de la institución a raíz de investigaciones de este medio. Lo hizo después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara presentar una denuncia penal y de que La Hora preguntara durante semanas si aquella decisión había sido cumplida.
La institución confirmó ahora que las acciones jurídicas fueron presentadas los días 7 y 9 de septiembre. La información llegó después de que otro medio publicara que el OJ había acudido al MP y de que La Hora volviera a consultar a la Secretaría de Comunicación Social sobre el cumplimiento del acuerdo adoptado por los magistrados.
La denuncia era, en realidad, una decisión tomada desde el 2 de septiembre. Ese día, el pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó que la Asesoría Jurídica del Organismo Judicial actuara en representación de la institución, en calidad de parte agraviada, y presentara una denuncia penal por la posible comisión de hechos ilícitos relacionados con la presunta venta de plazas y ascensos. El acuerdo establecía, además, que debía ejecutarse con efecto inmediato.
La confirmación sobre las denuncias llega después de una semana en la que el Organismo Judicial evitó precisar públicamente si había cumplido con la instrucción de los magistrados. La Hora comenzó a consultar sobre el asunto desde el 4 de septiembre. Las preguntas fueron dirigidas a la Secretaría de Comunicación Social, pero durante varios días no hubo una respuesta concreta.
La institución terminó confirmado este 21 de septiembre por la noche que las acciones fueron presentadas ante el MP el 7 y el 9 de septiembre. En un mensaje difundido por la Secretaría de Comunicación Social, el OJ recordó que existen procedimientos legales para la selección, contratación, permutas, pasantías y ascensos de personal y advirtió a los ciudadanos sobre personas que puedan aprovecharse de quienes buscan un puesto de trabajo.
El mensaje también incluyó una declaración institucional de tolerancia cero frente a la corrupción y recordó los canales habilitados para presentar denuncias. La parte sustantiva llegó al final: las autoridades habían instruido a las áreas correspondientes para interponer las acciones jurídicas y estas ya habían sido presentadas ante el MP.
UNA DENUNCIA ORDENADA POR LA CORTE
La decisión de acudir al MP se produjo después de dos investigaciones de La Hora que documentaron posibles mecanismos para conseguir plazas y ascensos mediante pagos, recomendaciones políticas e influencias internas.
La primera investigación, publicada el 24 de agosto, reveló una conversación en la que una trabajadora vinculada con Recursos Humanos ofrecía a un aspirante una plaza presupuestada a cambio de dinero. En la conversación también aparecían como posibles vías de acceso las recomendaciones de políticos o diputados y el sindicato.
Dos días después, el MP informó que había abierto de oficio una investigación por la venta de plazas y ascensos. La pesquisa fue asignada a la Fiscalía contra la Corrupción. El fiscal general, Gabriel García Luna, confirmó entonces que la investigación ya había comenzado y que los fiscales estaban dando los primeros pasos.
La segunda investigación de La Hora fue publicada el 2 de septiembre, el mismo día en que la Corte Suprema acordó presentar la denuncia. En esa ocasión, una trabajadora de Recursos Humanos aparecía conversando con una aspirante que realizaba una pasantía y a quien se planteaba la posibilidad de permanecer en el Organismo Judicial a cambio de un pago.
La conversación incluía incluso los datos de una cuenta bancaria a la que debía realizarse el depósito. Según la grabación, la aspirante tendría que entregar una parte del dinero antes de obtener el puesto y el resto después de recibir su primer salario.
Fue ese nuevo reportaje el que llevó el asunto nuevamente al pleno de la Corte. El magistrado Estuardo Cárdenas puso sobre la mesa la investigación publicada por La Hora y propuso que el Organismo Judicial presentara una denuncia. Los magistrados aprobaron la medida.
LA DEMORA
El acuerdo fue adoptado mientras Claudia Paredes se encontraba de vacaciones. Durante su ausencia, el magistrado Carlos Lucero, vocal I, ejercía la presidencia en funciones. La resolución, sin embargo, no dejó la denuncia como una posibilidad futura: ordenó a la Asesoría Jurídica actuar en representación del OJ y estableció expresamente que la decisión tenía efecto inmediato.
Paredes canceló entonces sus vacaciones y regresó a sus funciones antes de la fecha inicialmente prevista.
Durante los días siguientes, sin embargo, el Organismo Judicial no confirmó a La Hora si la denuncia había sido presentada. La falta de respuesta contrastaba con la claridad del acuerdo de los magistrados y con el carácter inmediato que estos habían dado a la resolución.
La pregunta dejó de ser únicamente si existía un mecanismo para vender plazas dentro del OJ. Pasó también a ser cuándo y cómo la propia institución llevaría esos señalamientos ante el órgano encargado de investigar posibles delitos.
Ahora se conoce que las acciones fueron presentadas el 7 y el 9 de septiembre.
UN CASO QUE SE INVESTIGA
La denuncia del Organismo Judicial se incorpora a una investigación que el MP ya había abierto de oficio a partir de la primera publicación de La Hora.
El fiscal general había señalado que no tenía conocimiento de una denuncia reciente relacionada con la venta de plazas, aunque reconoció la existencia de antecedentes de años anteriores, incluidos casos en los que hubo condenas.
Paredes, por su parte, había negado tener conocimiento de una práctica de esa naturaleza. Dijo que no había recibido ni solicitado información o denuncias con elementos objetivos sobre pagos a cambio de nombramientos o ascensos. Al mismo tiempo, reconoció que durante 2026 sí había llegado al Organismo Judicial una denuncia relacionada con una presunta solicitud de dinero para obtener una plaza.
Ese expediente correspondía a un trabajador del área de mantenimiento de un Juzgado de Paz del interior del país. La Unidad de Régimen Disciplinario desestimó el caso después de que la persona denunciante no aportara pruebas que acreditaran los hechos. El trabajador renunció posteriormente y su relación laboral con el OJ terminó el 6 de abril de 2026.
El caso ahora deberá identificar ahora a quiénes participaron en las conversaciones registradas y llegar a la raíz de la estructura capaz de intervenir en la contratación o los ascensos dentro del Organismo evidenciada en los ofrecimientos documentados.
Tras investigación de La Hora, MP abre pesquisa por presunta venta de plazas y ascensos en el OJ
