El Ministerio Público (MP) abrió de oficio una investigación por la presunta venta de plazas y ascensos dentro del Organismo Judicial (OJ), luego de la investigación periodística publicada por La Hora que documentó un posible mecanismo de negociación de puestos mediante pagos, recomendaciones políticas e influencias internas.
El fiscal general y jefe del MP, Gabriel García Luna, confirmó este miércoles que la investigación ya está en marcha y que fue asignada a la Fiscalía contra la Corrupción.
“Sí, efectivamente, ya se inició de oficio la investigación”, afirmó al ser consultado por La Hora al cierre de una sesión del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed). El jefe del MP agregó que la fiscalía “ya está dando los primeros pasos dentro de la investigación”.
La pesquisa del MP se produce dos días después de que La Hora revelara una grabación en la que una trabajadora vinculada con Recursos Humanos del OJ ofrece a un aspirante una plaza presupuestada a cambio de dinero. Durante la conversación, la trabajadora también menciona como posibles vías de ingreso las recomendaciones de políticos o diputados y el sindicato, y explica al interesado que parte del pago tendría que realizarse antes de obtener el puesto y el resto después de recibir su primer salario.
La investigación periodística, sustentada en la grabación y en entrevistas con 15 trabajadores y funcionarios judiciales, documentó señalamientos sobre un posible sistema para obtener plazas o ascensos dentro del OJ mediante pagos o relaciones de poder.
Tres de los entrevistados aseguraron haber recibido directamente ofertas para conseguir puestos o ascensos a cambio de dinero, con montos que, según los testimonios recabados, llegaron hasta Q80 mil. Ahora, esos señalamientos serán materia de una investigación de oficio de la Fiscalía contra la Corrupción.
DENUNCIAS EN AÑOS ANTERIORES
El fiscal general fue consultado por este medio además sobre si el MP ha recibido recientemente otras denuncias relacionadas con la venta de plazas en el Organismo.
García Luna respondió que no tiene conocimiento de una denuncia reciente, aunque indicó que existen antecedentes de años anteriores.
“No, recientemente no tengo yo conocimiento, pero sí de años anteriores, incluso hay casos donde han habido condenas a personas indicadas”, declaró.
Ante los señalamientos documentados en la investigación, La Hora consultó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, sobre el supuesto cobro de dinero para ingresar, ascender u obtener plazas y sobre la posible intervención de diputados o del sindicato para favorecer a determinadas personas.
Paredes negó tener conocimiento de una práctica de ese tipo. “No he recibido, ni solicitado, ni he tenido conocimiento de denuncias, comunicaciones o documentación que contengan elementos objetivos, materiales y verificables sobre la realización de pagos a cambio del nombramiento o ascenso de trabajadores dentro del Organismo Judicial”, respondió.
Pero en su respuesta la presidenta reconoció que durante este año sí llegó al Organismo Judicial una denuncia relacionada con un supuesto cobro de dinero para obtener una plaza.
Presidenta del Organismo Judicial reconoce denuncia por venta de plazas, pero no pasó nada
“Se tiene conocimiento de una denuncia presentada por una persona particular, relacionada con una presunta solicitud de dinero a cambio del otorgamiento de una plaza”, señaló.
La denuncia, explicó Paredes, fue presentada contra “un empleado del área de mantenimiento de un Juzgado de Paz del interior de la República”. El caso fue trasladado a la Unidad de Régimen Disciplinario, que “le dio el trámite legalmente establecido y rindió el informe de investigación respectivo en el mes de abril del año en curso”.
La investigación terminó sin establecer responsabilidad. “Sustanciado el procedimiento, la parte denunciante no aportó medio de prueba alguno ni acreditó los extremos de su denuncia”, respondió la presidenta. Por ello, la Unidad de Régimen Disciplinario “la desestimó”, una decisión que quedó firme al no ser impugnada.
El trabajador denunciado tampoco continúa en el Organismo Judicial. Paredes indicó que “presentó su renuncia al cargo, habiendo finalizado su relación laboral con el Organismo Judicial el seis de abril de dos mil veintiséis”.
Paredes también asistió a la sesión de este miércoles de Conabed y, ante las consultas de este medio respecto al referido caso, evitó responder e ingresó directamente al salón.
#AhoraLH | Consultada a su llegada a la sesión de Conabed sobre la investigación de La Hora que revela la negociación de plazas dentro del Organismo Judicial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, evitó responder a las preguntas de este medio.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 26, 2026
RIESGO PARA LA JUSTICIA
El principal riesgo, advierten analistas consultados por La Hora, para notas posteriores, es que la eventual compra de una plaza no termine únicamente en un acto irregular de contratación, sino que genere compromisos posteriores dentro de una institución clave para la administración de justicia. Si una persona paga para ingresar o ascender, la relación de dependencia con quienes facilitaron el puesto podría mantenerse y traducirse en favores, protección o decisiones condicionadas.
Si se paga por una plaza, ¿qué más se compromete dentro del OJ?, cuestionan analistas
Los expertos también señalan que, de confirmarse un mecanismo de este tipo, el problema trasciende los casos individuales y puede afectar el funcionamiento institucional del Organismo Judicial. La posibilidad de que el acceso a cargos dependa de dinero, padrinazgos políticos o vínculos internos puede desplazar criterios como la capacidad y el mérito, además de generar espacios de influencia que eventualmente alcancen decisiones administrativas o jurisdiccionales.
Por ello, consideran que la investigación del Ministerio Público deberá establecer no solo si existieron cobros por plazas o ascensos, sino quiénes participan, cómo opera el mecanismo y qué ocurre después de que una persona obtiene el puesto. El reto, advierten, será determinar si se trata de hechos aislados o de una práctica con capacidad de instalar redes de corrupción dentro del Organismo Judicial y comprometer su independencia.
