Este viernes el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, resolverá si son ligados a proceso penal seis de las doce personas vinculadas al caso Diario Militar. La Fiscalía de Derechos Humanos los señala de delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada.
Durante la audiencia de primera declaración, la Fiscalía, imputó a Jacobo Esdras Salán Sánchez la desaparición de líderes sindicales y estudiantiles. Uno de los casos que individualizó el Ministerio Público fue la desaparición forzada de Silvio Matricardi Salán, el 13 de marzo de 1984.
Asimismo, se indicó que Salán Sánchez podría estar implicado en la retención y tortura de Álvaro René Sosa Ramos, quien a pesar de ser secuestrado logró escapar y refugiarse en la Embajada de Bélgica.
DESAPARICIÓN DE UN NIÑO DE 12 AÑOS
Según el MP, un grupo comandado por Jacobo Esdras Salán Sánchez también es señalado de la desaparición de Juan Pablo Armira López, desaparecido el 10 de marzo de 1983; supuestamente fue enviado a Chimaltenango y nunca se conoció de su paradero.
ESTADO DE SALUD DEL RESTO DE IMPLICADOS DEBE SER DETERMINADA POR INACIF
Entre los implicados en el caso, que no pudieron ser trasladados a la audiencia duro varios días, se encuentra:
Gustavo Adolfo Oliva Blanco
Marco Antonio González Taracena
Víctor Vázquez
Juan Francisco Cifuentes Cano
Los cuatro permanecen internados en el Hospital Militar y otros centros hospitalarios privados, por supuestos quebrantos de salud, lo cual deberá ser determinado por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Por otro lado, Eliseo Barrios Soto y Mavilio Aurelio Castañeda, fueron detenidos fuera de la ciudad capital y se espera su traslado para su primera declaración.
ANTECEDENTES
El pasado 27 de mayo el MP develó la investigación del caso denominado Diario Militar o Dossier de la Muerte, que establece la forma cronológica cómo las fuerzas de seguridad del Estado, entre 1983 a 1985, secuestraron, trasladaron a centros clandestinos de detención, torturaron, violentaron sexualmente y ejecutaron a más de 183 personas consideradas enemigas internas con base en la concepción de los manuales y planes militares, según la Fiscalía.
Muchas de las víctimas no se encontraban relacionadas con las Fuerzas Armadas Rebeldes, sin embargo, eran consideradas enemigos del Estado, por tener una mentalidad diferente a las del Gobierno de turno, por lo que eran consideradas una amenaza, añade el MP en su argumentación del expediente.
