Periodistas en cobertura. Foto La Hora / José Orozco

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que los señalamientos que el Ministerio Público (MP) hace en contra de ocho periodistas del extinto diario elPeriódico por obstrucción de justicia, contradice leyes nacionales e internacionales. Esta semana, dicha organización presentó ante el sistema de justicia un escrito legal en defensa de los comunicadores.

Según una nota publicada por la SIP en su sitio electrónico, se trata de un «amicus cuirae» en el cual se destacan las imputaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra de los periodistas, las cuales se derivan del proceso que siguió en contra de José Rubén Zamora, presidente del extinto medio de comunicación.

«El procesamiento de los periodistas por acusaciones de obstrucción de justicia contradice estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la constitución guatemalteca», se lee en la nota que cita al referido escrito legal.

Además, se detalló que con el actuar de la Fiscalía se vulneran varios preceptos establecidos en la Carta Magna, como:

Protección a la persona.

Deberes del Estado.

Libertad de emisión del pensamiento.

Derechos inherentes a la persona.

Preeminencia del derecho internacional.

De las relaciones internacionales.

De la comunidad centroamericana.

 

Así como normativas contenidas en la Ley de Emisión del Pensamiento, Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

 

SEÑALADOS

La FECI solicitó al Juzgado Décimo Penal B habilitar una investigación penal en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico por supuestamente haber tratado de desviar una pesquisa por lavado de dinero que se efectuaba en contra de Zamora.

Los señalados son:

Denis Obdulio Aguilar González.

Julia Catalina Corado Flores.

Gerson Allende Ortiz.

Edgar Armando Gutiérrez Girón.

Alexander Valdez.

Ronnie Alexander Ríos García.

Christian Vélix.

Gonzalo Marroquín Godoy, expresidente de la SIP.

 

Según el análisis de los abogados de la SIP, «las publicaciones sobre las cuales el Ministerio Público pretende realizar investigación penal, por el delito de obstrucción de justicia, se refieren a actuaciones realizadas por funcionarios públicos, en el pleno ejercicio de su cargo».

La ley guatemalteca establece que las críticas en contra de funcionarios, por el ejercicio de sus cargos, no pueden ser consideradas como acciones delictivas.

FISCALES SANCIONADOS

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, y Cinthia Monterroso, exagente de la referida unidad y ahora fiscal regional de nororiente, promovieron las acciones legales en contra de los ocho periodistas.

La SIP destacó que Curruchiche y Monterroso fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuestamente ser «actores antidemocráticos y corruptos», y los incluyó en la Lista Engel.

«Los periodistas acusados en este caso, promovido por fiscales sancionados por Estados Unidos, tuvieron que salir exiliados del país y no han podido continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo», se detalló.

 

ESTADO DEL PROCESO

En junio de 2023, Zamora fue condenado a cumplir una pena de prisión de seis años. Se le impuso esa sanción por el delito de lavado de dinero, pero fue absuelto por chantaje y tráfico de influencias.

Sin embargo, meses después, una sala de Apelaciones determinó que hubo irregularidades en el juicio y ordenó anular la sentencia, por lo cual deberá repetirse el debate oral y público.

Artículo anteriorEn medio de una polémica reelección, Bukele asegura segundo mandato
Artículo siguienteTransmisión: Audiencia de aceptación de cargos de José Luis Benito