El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York manifestó su “profunda preocupación”, por el continuo hostigamiento criminal de autoridades del Gobierno de Guatemala en contra de abogados, jueces, fiscales, exfiscales que han trabajado en casos de corrupción.
El denominador común entre los perseguidos, a su criterio, es su papel en el enjuiciamiento y la lucha contra la corrupción.
“Todos estos individuos trabajaron en casos de alto perfil que resultaron en sentencias penales y el encarcelamiento de oficiales del Estado, y la mayoría pertenecen a los Juzgados competentes para Delitos de Mayor Riesgo, la FECI o la extinta CICIG, todos los cuales fueron diseñados para desmantelar redes criminales a través de enjuiciamientos efectivos”, menciona el Colegio.
Recordaron que solicitó al Gobierno que se adoptaran medidas necesarias para proteger a la jueza Erika Aifán quien salió del país recientemente.
HOSTIGAMIENTO Y DETENCIONES SE HAN INTENSIFICADO
La entidad explicó que el hostigamiento y las detenciones se han intensificado amenazando la independencia judicial y el Estado de Derecho en Guatemala.
“En las últimas semanas, diversos medios de comunicación confiables han informado que, lejos de cumplir con su mandato legal, estas instituciones persisten en perseguir, encarcelar y criminalizar activamente a jueces, fiscales y abogados guatemaltecos por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones profesionales en la judicialización de casos de corrupción”, afirma el Colegio.
A la vez, anota que estos actos por parte de las autoridades guatemaltecas violan los principios del debido proceso, incluido el derecho a una audiencia pública, al iniciar procesos penales bajo reserva con base en acusaciones hechas por los propios abogados de quienes defienden a los acusados en casos de corrupción.
El Colegio de Abogados menciona que los procesos se llevan a cabo bajo reserva, las investigaciones no se hacen públicas y las audiencias correspondientes se posponen con frecuencia, prolongando la detención preliminar del acusado.
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Miguel Martínez se reafirma como el “poder” en el Gobierno 👉 [https://t.co/jsiV1sE6KR] pic.twitter.com/h1jvczu8w3— Diario La Hora (@lahoragt) May 24, 2022
DAN DETALLE DE CASOS
En su postura, también el Colegio detalla algunos de los casos preocupantes que incluyen el de Siomara Sosa, ex fiscal de la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) y su abogada defensora, Leily Santizo, ex mandataria de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala apoyada por las Naciones Unidas).
Las abogadas fueron detenidas y puestas en prisión preventiva después de que el Ministerio Público las acusara de presuntos delitos de colusión y obstrucción de la justicia.
Recuerdan a Virginia Laparra Rivas, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, que fue detenida el 23 de febrero de 2022 y acusada el 3 de marzo de abuso de poder y usurpación de funciones.
Sobre Laparra explican que las reclamaciones presentadas ante la Junta de Disciplina Judicial en contra de varios jueces en 2019 fueron por corrupción dentro de la judicatura.
Asimismo, el Colegio destaca a los fiscales auxiliares de la FECI Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar.
Y los anteriores, se añaden a casos junto con la intimidación y posterior exilio del ex jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval; el exfiscal Carlos Antonio Videz; la ex magistrada de la Corte Suprema y Fiscal General Thelma Aldana; la ex magistrada de Sala Claudia Escobar, y el ex fiscal Andrei González, así como la magistrada Gloria Porras, quien fue reelegida como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, pero luego inhabilitada para el cargo.
Exfiscal de FECI Siomara Sosa y exmandataria de CICIG, Leily Santizo fueron ligadas a proceso penal por el delito de colusión. Pese a la resolución del juez Tercero Penal, Geisler Pérez, ambas recuperarán su libertad al ser beneficiadas con medida sustitutiva. pic.twitter.com/6IojqkUuvn
— Diario La Hora (@lahoragt) March 7, 2022
“Adicionalmente, el fiscal auxiliar Eduardo Pantaleón, quien trabajó en casos de corrupción de alto perfil, incluido el Libramiento de Chimaltenango y aquellos que involucraron actos de soborno cometidos por miembros del poder judicial, fue arrestado por presuntos actos de obstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes”, indicó.
Recuerda que, en los últimos días, el juez Miguel Ángel Gálvez ha recibido múltiples amenazas luego de que dictara una orden de inicio de juicio en proceso penal contra nueve exmilitares y policías en el caso Diario Militar.
HACEN LLAMADO
El Colegio de Abogados de Nueva York afirmó que estos actos de persecución por parte de las instituciones del Estado, incluida la Fiscalía, contravienen claramente una serie de principios y normas fundamentales del derecho internacional, incluidos los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura.
Otro de los puntos que menciona es que numerosos gobiernos, organizaciones e individuos han expresado su preocupación por el patrón de ataques a la independencia de los jueces y fiscales que manejan casos de corrupción en Guatemala.
Por eso hacen un llamado a la Fiscal General, al Ministerio Público, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como guardianes del Estado de Derecho en Guatemala, a tomar todas las medidas necesarias y actuar de conformidad a la ley, además de cesar la criminalidad y ataques a quienes han combatido la corrupción en el país, defendiendo así el Estado de Derecho.
