La apresurada votación para retirarle la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hizo que 14 abogados y ciudadanos plantearan un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra los diputados que votaron la noche del 30 de noviembre.
La acción legal busca dejar sin efecto lo actuado por los 108 congresistas que levantaron el antejuicio contra las autoridades electorales por considerar anomalías desde la Comisión Pesquisidora.
En el expediente, los profesionales del Derecho recordaron las amenazas en contra del presidente de esa comisión, Enrique Montano, para que agilizara el informe.
«Con base en el artículo 49 literal a de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, se suspenda definitivamente o se deje en suspenso en cuanto a los magistrados del TSE», menciona la petición.
Los magistrados que son investigados por el Ministerio Público (MP) son Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes salieron del país luego de conocer la decisión de los congresistas, que de acuerdo con algunos analistas es una revancha política.
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EVIDENCIAS DE UNA SEGUNDA INTENCIÓN
Los abogados interponentes, incluyen como conclusiones que en el proceso, el Congreso «cometió una multiplicidad de ilegalidades en la tramitación de los antejuicios de los magistrados, pues no solo ignoró la ley aplicable, sino que ejerció sus facultades sin cumplir con los requisitos mínimos requeridos» por las leyes vigentes en Guatemala.
Asimismo, argumentan que la cantidad de ilegalidades cometidas evidencian la existencia de un motivo ulterior para el actuar del Congreso.
También que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido que es necesario atender el contexto político bajo el cual se da el cese de magistrados, incluyendo los electorales, porque este «resulta útil para entender las razones o motivos por los cuales se arribó a esa decisión».
Finalmente, señalan que durante la tramitación del antejuicio, el presidente de la Comisión Pesquisidora denunció públicamente amenazas en su contra e irregularidades en el proceso, y que la finalidad de la persecución de los magistrados era impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo asumiera el 14 de enero, incluyendo una declaración de una de las denunciantes.
SIN VISA
Los ataques contra los resultados electorales hicieron que organismos internacionales y cientos de ciudadanos cuestionaran las acciones de la fiscal Consuelo Porras, jueces y de los diputados.
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El día del retiro de inmunidad a los magistrados se alertó que Estados Unidos observaba las decisiones en el Congreso, por lo que decidió retirarle la visa a más de 100 congresistas, entre ellos Álvaro Arzú Escobar y Lázaro Zamora, quienes fueron los últimos en dar su aprobación y de esa manera alcanzar el número suficiente de votos para aprobar el antejuicio.
Además, sancionó con la Ley Magnitsky a Miguel Martínez, pareja sentimental del presidente, Alejandro Giammattei, que respondió días después con declaraciones en contra de Estados Unidos por dichas sanciones.
La denuncia contra los magistrados del TSE fue planteada por Giovanni Fratti y Karen Fischer al considerar anomalías en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero que no presentaron pruebas de sus sospechas.
Por retiro de inmunidad a magistrados del TSE, plantean amparo contra el Congreso
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 17, 2023
VOTACIÓN EN MINUTOS
Ese 30 de noviembre, el pleno hizo un primer intento por despojar de su inmunidad a los magistrados al principio de la sesión a petición del diputado Javier Hernández, pero la falta de suficientes votos provocó que se suspendiera esa moción y se iniciara la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el período 2024.
Sin embargo, al terminar esa aprobación, el diputado Alberto Sánchez promovió una moción para volver a tocar el tema de los magistrados del TSE, lo que les tomó pocos minutos, pese a la resistencia de algunos en votar, al final lograron 108 votos para aprobar que los magistrados perdieran su inmunidad y puedan ser investigados por el Ministerio Público.
