El Ministerio Público (MP) destacó que en 2023 la Fiscalía contra la Trata de Personas logró más de 120 personas fueron condenadas por el delito de trata de personas. De acuerdo los datos, los fallos fueron emitidos entre el 1 de enero y el 21 de diciembre pasado.
Según las estadísticas del trabajo de la referida unidad de investigación, en a lo largo del año se obtuvo:
- 126 personas condenadas.
- 101 sentencias emitidas.
- 325 allanamientos con orden de juez.
- 99 órdenes de aprehensión.
- 253 personas acusadas.
- 198 actos conclusivos.
LABOR
Esa Fiscalía contra la Trata de Personas promueve la investigación y persecución penal del delito de trata de personas en sus distintas modalidades, realizando todas las acciones que tiendan a proteger la vida, libertad e indemnidad sexual de las personas víctimas de este delito.
Según la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), el delito de trata de personas, conocida también como “la esclavitud moderna”, es una acción que violenta la dignidad, la integridad, la libertad y todos los derechos fundamentales del ser humano, que, a la vez, constituye una de las actividades ilícitas más rentables a nivel nacional e internacional.
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La Secretaría hace referencia a que quienes se dedican a estas acciones, ven a los seres humanos cono objetos que pueden ser comprados y vendidos una y otra vez, lo cual genera beneficios económicos para otras personas.
Según un informe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, el de departamento de Guatemala ocupó el primer lugar con mayor índice de denuncias por estos hechos, según detalles correspondientes de mayo de 2022 a marzo de 2023.
Estos fueron:
- Guatemala: 126 denuncias.
- Quetzaltenango: 20 denuncias.
- Sacatepéquez: 16 denuncias
DELITO Y SANCIONES
Según la ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, quien cometa este delito será sancionado con prisión de ocho a dieciocho años y multa de Q300 a Q500 mil.
Además, se contemplan estas acciones:
- Cualquier otra forma de explotación sexual.
- Los trabajos o servicios forzados.
- Cualquier tipo de explotación laboral.
- La mendicidad.
- Cualquier forma de esclavitud.
- La servidumbre.
- La venta de personas.
- La extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos.
- El reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados.
- Adopción irregular.
- Trámite irregular de adopción.
- Pornografía.
- Embarazo forzado.
- Matrimonio forzado o servil.
ALLANAMIENTOS POR CRIMEN
El pasado jueves 21 de diciembre, luego de una denuncia internacional presentada por el Consulado de la República de Colombia acreditada en Guatemala, se realizaron varios allanamientos relacionados con el delito de trata de personas.
Las diligencias se efectuaron en inmuebles ubicados en las zonas 4 y 9 de la capital, con el fin de fortalecer una investigación trasnacional en curso.
En esos allanamientos, las autoridades lograron ubicar y rescatar a una menor de edad.
Los hechos que se dieron a conocer al MP datan de 2019, cuando en México fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad colombiana, quien fue identificada como Daniela Patiño Hinestroza.
Ella habría denunciado haber sido víctima de una red transnacional de trata de personas que, entre otros países, operaba en Guatemala, en donde sufrió vejámenes.
Guatemala sin cumplir
Según la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en su reporte de 2023 sobre el delito de trata de personas, “el Gobierno de Guatemala no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo”.
Según el informe de EE. UU., se hicieron estos señalamientos:
El Gobierno de Guatemala brindó asistencia y remitió a menos víctimas a refugios públicos y de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Las víctimas adultas tuvieron menos opciones de refugio.
Las actividades de sensibilización en comunidades desatendidas y en situación de riesgo, no ofrecieron a las víctimas acceso directo para presentar quejas u obtener servicios, lo cual limitó el impacto de dichos esfuerzos sobre poblaciones marginales.
Otros de los señalamientos indica que la corrupción relacionada con los delitos de trata de personas sigue constituyendo un problema importante, lo cual dificultó la aplicación de la ley durante el año.
El problema se agudizó aún más en las zonas fronterizas, en donde la presencia del Gobierno y del Estado de derecho son débiles.
También se indicó que elementos corruptos, entre los cuales figuran miembros de las fuerzas de seguridad, facilitó los delitos de trata de personas y ayudó a que persista la impunidad al aceptar sobornos o colaborar con las organizaciones criminales, incluso obstaculizando la aplicación de la ley.
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