Esta mañana representantes de organizaciones campesinas, de la comunidad LGBTIA+ y pro-Derechos Humanos se reunieron una vez más a las afueras del Ministerio Público (MP) para exigir la renuncia de María Consuelo Porras, fiscal general, y el presidente Alejandro Giammattei ante un contexto recurrente de criminalización a los grupos vulnerables.
Los representantes centraron su discurso en las violaciones al territorio y la judicialización selectiva de actores. También enfatizaron la desprotección a miembros de las comunidades indígenas, mujeres y población de la diversidad sexual.
“Exigimos el cese de actos que violan los derechos de los pueblos originarios; demandamos la investigación inmediata contra los agresores y la protección a las personas vulneradas, así como el cese de la criminalización a quienes defienden la madre tierra”, resaltaron.
Diferentes organizaciones denunciaron el incremento de acciones de reprensión y desalojo violento hacia la población maya campesina en diversas zonas del país.
?: José Orozco/LH pic.twitter.com/7ngp9uM1ep
— Diario La Hora (@lahoragt) October 5, 2021
El pronunciamiento en contra de la opresión y solicitud de renuncia a Consuelo Porras y Giammattei fue firmada por:
Acción colectiva, alcaldía indígena de Santa Cruz Chinautla, Gente Positiva, alcaldía indígena de Palín, Amistad LGBTI, Autoridades Indígenas de Chuarrancho, Comité Campesino de Altiplano (CCDA), Central Campesina Chortí, Federación guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Mujeres con Poder Constituyente, entre otras.
DENUNCIAN LA CRIMINALIZACIÓN
Los presentes ilustraron la represión que se vive en el interior del país con la detención reciente de una lideresa que se encontraba con sus hijas de uno y tres años. “Este es otro caso de criminalización y judicialización de la legítima defensa de los pueblos originarios, de su tierra y territorio”, expresaron.
Asimismo, se pronunciaron respecto a la criminalización en San Juan Sacatepéquez donde el alcalde supuestamente busca reprimir a los defensores en el lugar.
EL MEM Y LA USURPACIÓN
En una parte del discurso, los representantes indicaron que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha violado el proceso de consulta de las comunidades para la ejecución del proyecto de la Minera Fénix. “Existe una actitud discriminatoria en que el Ministerio de Energía y Minas está tratando a las comunidades de El Estor, Izabal, manipulando un proceso de consulta para favorecer intereses y negocios de los rusos en el país”, señalaron.
Señalaron al ministro Alberto Pimentel y el viceministro Oscar Pérez de excluir a las comunidades y sus demandas, aunque la semana antepasada en la nota “Según comunidad q’eqchi’, demandas por caso Minera Fénix no han sido atendidas”, el viceministro negó que esto sucediera así.
Por otro lado, rechazaron la creación de la reciente Fiscalía contra el Delito de Usurpación, ya que, según los presentes, busca legalizar las inscripciones de tierras anómalas por parte del sector empresarial, dejando sin medios de producción a las comunidades. Esto a la vez, indicaron, ha propiciado el desalojamiento del territorio para los pueblos indígenas.
EL MP CONTRIBUYE A LA IMPUNIDAD
Los defensores argumentaron que el Ministerio Público ha actuado de forma irregular, procesando con agilidad casos contra líderes y defensores mientras otros se estancan. “Consuelo Porras se presta a los intereses de quienes la mantienen en el puesto”, aseguraron.
Defensores de Derechos Humanos se pronuncian en contra de las violaciones a la protección de los pueblos indígenas, asimismo rechazan la creación de la reciente Fiscalía contra Delitos de Usurpación. pic.twitter.com/CxOVPU6bn2
— Diario La Hora (@lahoragt) October 5, 2021
Consiguientemente calificaron la actitud del MP como una persecución estructural en contra de los individuos. “Definitivamente el Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, están reprimiendo, judicializando, fabricando casos para justificar la criminalización”, puntualizaron.
Al final de la carta leída se realiza la petición de renuncia del presidente Alejandro Giammattei y Consuelo Porras por las supuestas violaciones antes descritas.
