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El Departamento de Estado publicó un reporte sobre el clima de inversión en 2021 en 170 países y economías que representan para las empresas de Estados Unidos mercados potenciales. En el caso de Guatemala, destaca que es la economía más grande de Centroamérica, con un Producto Interno Bruto de US$77.4 mil millones en 2020, pero que se contrajo en aproximadamente 1.5%, debido a los impactos del Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota.
Además, enfatizan en que las remesas, principalmente desde Estados Unidos, aumentaron un 7,9% en 2020 y equivalentes al 14,6% del PIB.
Sin embargo, remarcan que, “a pesar de los pasos para mejorar el clima de inversión de Guatemala, las empresas internacionales que eligen invertir en Guatemala enfrentan desafíos importantes”.
Entre esos desafíos mencionan que las leyes y regulaciones complejas, las decisiones judiciales inconsistentes, los impedimentos burocráticos y la corrupción continúan obstaculizando la inversión.
“Citando las obligaciones del CAFTA-DR de Guatemala, Estados Unidos ha expresado su preocupación al Gobierno de Guatemala con respecto a la aplicación de sus leyes laborales y ambientales”, consigna.
El reporte aborda la apertura y restricciones a la inversión extranjera, sobre esto mencionan que el gobierno guatemalteco continúa promoviendo oportunidades de inversión y trabajando en reformas para mejorar la competitividad y el entorno empresarial.
“Como parte de los esfuerzos del gobierno para promover la recuperación económica durante y después de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Economía (Mineco) comenzó a implementar un plan de recuperación económica, que se enfoca en recuperar los empleos perdidos y generar nuevos empleos, atrayendo nuevas inversiones estratégicas y promover el consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel local y mundial”, expresan.
También citan un análisis de los límites al control extranjero y al derecho de propiedad, así como establecimientos privados, explicando que la Constitución guatemalteca reconoce el derecho a poseer propiedad privada y a realizar actividades comerciales.
“Las entidades privadas extranjeras pueden establecer, adquirir y disponer libremente de prácticamente cualquier tipo de interés comercial, con la excepción de algunos servicios profesionales como se indica a continuación”, remarca.
Destacan que la Ley de Inversión Extranjera señala específicamente que los inversionistas extranjeros disfrutan de los mismos derechos de uso, beneficios y propiedad que los ciudadanos guatemaltecos.
“Sin embargo, la ley guatemalteca prohíbe a los extranjeros poseer tierras inmediatamente adyacentes a ríos, océanos y fronteras internacionales”, recuerdan.
OBSTÁCULOS BUROCRÁTICOS SON COMUNES
Asimismo, el reporte aborda el régimen legal y la transparencia del sistema regulatorio, entre este el de las leyes tributarias, laborales, ambientales, de salud y seguridad no impiden directamente la inversión en Guatemala.
“Los obstáculos burocráticos son comunes tanto para las empresas nacionales como para las extranjeras, incluidos los largos procesos para obtener permisos y licencias, así como los despachos autorizados a través de la Aduana. Los sistemas legales y regulatorios pueden ser confusos y las decisiones administrativas a menudo no son transparentes”, explican.
En ese orden, resalta que las leyes y los reglamentos a menudo contienen pocos criterios explícitos para los administradores del gobierno, lo que da como resultado requisitos ambiguos que se aplican de manera inconsistente por diferentes agencias gubernamentales y los tribunales.
CONTINÚAN ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PODER JUDICIAL
Respecto del sistema legal e independencia judicial, el documento del Departamento de Estado señala que Guatemala tiene un sistema de derecho civil y que la ley codificada del poder judicial estipula que la jurisprudencia también es una fuente de derecho.
“El sistema judicial está diseñado para ser independiente del poder ejecutivo, y el proceso judicial en su mayor parte es procesalmente competente, justo y confiable. Continúan las acusaciones de corrupción dentro del poder judicial”, puntualiza el informe.
El documento que aborda diferentes temas, menciona aspectos de las políticas industriales y los incentivos de inversión, protección de los derechos de propiedad, de la propiedad intelectual, sector financiero, conducta empresarial responsable y otros.
CORRUPCIÓN SIGUE SIENDO UN PROBLEMA GRAVE
En el aspecto de la corrupción, consigna que el soborno es ilegal, según el Código Penal de Guatemala. “Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema grave que las empresas pueden encontrar en muchos niveles”, anotaron.
A la vez, destacan que Guatemala obtuvo 25 de 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, ubicándose en 149 de 180 países a nivel mundial y 28 de 32 países de la región.
Pero, hacen ver que los inversores e importadores se ven frustrados con frecuencia por transacciones aduaneras opacas, especialmente en puertos y fronteras alejados de la capital.
“Siguen existiendo informes de corrupción en los procesos aduaneros. De 2006 a 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) patrocinada por la ONU llevó a cabo numerosas investigaciones oficiales de corrupción de alto perfil, lo que dio lugar a importantes acusaciones. En particular, la CICIG dio a conocer un esquema de corrupción aduanera en 2015 que llevó a las renuncias del expresidente y vicepresidente”, anotaron.
EL ESTADO DE DERECHO Y EL SISTEMA JUDICIAL ES DÉBIL
Por otro lado, también hacen una proyección del entorno político y de seguridad, en el cual consideran que históricamente Guatemala tuvo una de las tasas de delitos violentos más altas de América Latina.
Aunque según la Policía Nacional Civil (PNC), la tasa de homicidios en 2020 fue de 15 por 100.000, un 28% menos que en 2019.
El Ministerio Público menciona que registró 455 femicidios en 2020 y reportó 23 en el primer mes de 2021, mientras los departamentos con la tasa más alta de delitos violentos fueron Guatemala, Escuintla e Izabal.
Sobre esto, puntualizan que el MP atribuye la disminución general de la violencia al cierre económico debido a la pandemia del coronavirus, incluidas las restricciones de viaje entre departamentos y la prohibición de la mayoría de las ventas de alcohol, pero, “todavía falta el Estado de Derecho y el sistema judicial es débil, está sobrecargado de trabajo e ineficiente”.
“La policía suele carecer de personal y, a veces, es corrupta. La policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes delictivos graves. Aunque la seguridad sigue siendo una preocupación generalizada, los extranjeros no suelen ser objeto de delitos”, enfatizan.
Asimismo, destacan que los ejemplos recientes de violencia incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y daños a la propiedad como resultado de protestas contra algunos proyectos de inversión.
OFRECEN INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Los documentos son elaborados con datos recopilados por funcionarios económicos en embajadas y consulados de todo el mundo, para ayudar a las empresas estadounidenses a tomar decisiones comerciales informadas.
El Departamento de Estado mencionó en un comunicado que también sirven como referencia para trabajar con los gobiernos socios para crear entornos propicios que no solo sean económicamente sólidos, sino que también se adhieran a altos estándares, como la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores.
“Los lectores también pueden acceder a puntos de contacto dentro de cada misión de los EE. UU. Para un seguimiento y consultas adicionales”, refirieron.
¿QUÉ ASPECTOS CUBRE EL INFORME?
Los informes cubren temas que incluyen: apertura a la inversión, sistemas legales y regulatorios, protección de los derechos de propiedad intelectual y real, sector financiero, empresas estatales, conducta empresarial responsable y corrupción.
“Nuestros puestos en el extranjero trabajan a diario para abordar muchas de las barreras a la inversión en EE. UU. destacadas en las Declaraciones sobre el clima de inversión. Abordar estas barreras puede crear oportunidades para las empresas estadounidenses y respaldar su crecimiento y expansión en los Estados Unidos y en los países socios”, añadieron.
Las Declaraciones sobre el clima de inversión también forman un capítulo de las Guías Comerciales por países del Departamento de Comercio y pueden leerse junto con esas guías para obtener una descripción amplia de los entornos de inversión y negocios en las economías extranjeras (https://www.trade.gov/ccg-)
El informe por país puede encontrarse en el siguiente enlace: https://www.state.gov/investment-climate-statements/.
