El estado de calamidad y su ampliación debe ser ratificado por el Congreso. Foto La Hora

Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

El Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Guatemala, cuestionó en un pronunciamiento si como país queremos volver a la normalidad de la violencia e impunidad, además de referirse a otros temas de la coyuntura en especial los ataques a operadores de justicia.

Por eso, mencionaron que desean defender las bases del Estado de Derecho y enfocarse en atender a la población guatemalteca, especialmente los más vulnerables, su salud y su ya frágil economía.

En su comunicado expresaron que desean retomar las preocupaciones y esperanzas, pero también los compromisos que el Consejo Nacional Apostólico (CNA), expresó en el contexto de esta crisis del COVID-19.

Asimismo, se refirieron a la verdad “manoseada” en la sociedad guatemalteca, que en momentos de crisis es la primera víctima por la falta de información y manipulación de la misma.

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APROVECHAN LA CRISIS POR EL COVID-19

“La corrupción y la impunidad que han predominado en el país cobran fuerza en esta crisis del COVID-19. Lo vemos en el Congreso de la República y en las “Comisiones de postulación” para la elección de magistrados de las Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia”, mencionó.

Además, cuestionaron los cimientos sobre los que se quiere construir la sociedad, entre si se quiere volver a la normalidad de la violencia y del miedo, del desempleo y de no poder alimentar a la familia, de una salud precaria y privatizada, del saqueo de los bienes comunes y públicos, padeciendo de los abusos de parte de autoridades, y de una actuación corrupta de parte de los altos funcionarios públicos.

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“No es momento de aprovechar este sufrimiento para asaltar la justicia, sino de defender las bases para un estado libre de los intereses de la corrupción y la impunidad”, explicaron.

De acuerdo con la Compañía de Jesús en Guatemala, en estos últimos días el país ha sido testigo del peligro que corre la institucionalidad democrática y la posibilidad de que el Estado de Derecho, responsable de garantizar justicia para todos los guatemaltecos sin distinción desaparezca por la imposibilidad de independencia de los poderes de Estado.

QUIEREN VULNERAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y CONTROLAR LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

Por otro lado, expresaron que las mafias quieren vulnerar la independencia judicial y controlar la elección de Magistrados y Magistradas de la CSJ y Sala de Apelaciones, al tiempo que recordaron que han utilizado a dos poderes del Estado, el Congreso y la CSJ, para desobedecer resoluciones y atentar contra la institucionalidad del país.

En ese sentido, externaron su preocupación y condena por la persecución contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la jueza Erika Aifán, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval y miembros de la sociedad civil, que han trabajado para la consolidación de la justicia independiente, lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.

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Por eso demandan a la Fiscal General del Ministerio Público (MP), a que cumpla con su función y aplique con claridad las acciones legales que correspondan en contra de quienes han incumplido y generado esta crisis institucional, que defienden a personas y autoridades deshonestas y persiguen sin fundamento a los que están desenmascarando la mentira y la corrupción de los poderes ocultos y mafiosos.

“Hacemos un llamado a los profesionales honestos del derecho, de las universidades, de los actores políticos, de la sociedad civil organizada y la ciudadanía para que seamos verdaderos seguidores de Jesús defendiendo la verdad”, apuntaron.

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