Grupos de exmilitares persisten en presionar por la aprobación de un pago de Q120 mil por los servicios prestados durante el Conflicto Armado Interno. Foto: La Hora / José Orozco

Grupos de exmilitares persisten en presionar por la aprobación de un pago de Q120 mil por los servicios prestados durante el Conflicto Armado Interno. En esta sexta ocasión en el año, los bloqueos coinciden con el fin del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República.

Después del 30 de noviembre no se realizan más sesiones ordinarias hasta enero del 2023 en el Palacio Legislativo, es decir, durante los próximos tres días los diputados pueden reunirse y aprobar iniciativas de interés para el oficialismo si lo desean o tendrían que convocar a sesiones extraordinarias.

En las últimas semanas fuentes que conocen de las negociaciones advirtieron a La Hora que el oficialismo logró el respaldo de los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para aprobar el Presupuesto 2023, elegir una Junta Directiva presidida por Shirley Rivera y designar a Frank Bode como Contralor General a cambio de la inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial.

 

Aparentemente también se aprestaban a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y aprobar las reformas a la Ley de Contrataciones que beneficiaría a las municipalidades con compras sin licitar hasta por Q2 millones, pero tras las reacciones de varias entidades académicas y cámaras empresariales, los diputados desistieron por ahora de continuar conociendo las reformas.

ANUNCIAN BLOQUEOS POR SEXTA OCASIÓN

Nuevamente con bloqueos los veteranos militares exigen la aprobación de la iniciativa de ley 5664 que estipula un pago a cada exmilitar de Q120 mil.

En tres meses han realizado bloqueos y protestas en seis ocasiones incluso por varios días. El 20 de septiembre fueron bloqueados distintos puntos de la ciudad capital.

El 4 de octubre también obstaculizaron distintas carreteras en todo el territorio, en esa ocasión los exmilitares hicieron retroceder con palos y machetes en mano a antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) en Ipala, Chiquimula.

Sin embargo, no hubo ninguna captura por ello, a diferencia de otras manifestaciones pacíficas, como se explica en la nota “¿Diferente trato? PNC no actuó contra exmilitares que amenazaron con machetes”.

También durante esa protesta fue capturado Elder José Luis Choc Rax, de 26 años, en La Ruidosa, Morales, Izabal, por portación ilegal de armas. Choc participaba en el bloqueo portando una escopeta semiautomática cuando fue aprehendido por la PNC.

De la misma manera, entre el 12 y 14 de octubre realizaron bloqueos en al menos 18 puntos del país, además de manifestar frente a Casa Presidencial, Palacio Legislativo y la Plaza de la Constitución.

En este último punto dos de los presentes se enfrentaron a golpes después de intercambiar insultos, como se documentó en el “Video: Exmilitares se enfrentan a golpes en Plaza de la Constitución”.

 

En la Plaza de la Constitución también manifestaron el 18 de octubre y posteriormente el 25 de octubre en Casa Presidencial donde permanecieron por varios días.

Ahora, anunciaron bloqueos en 10 puntos del país incluidos el Congreso, terminales aéreas y marítimas, fronteras, carreteras y puentes.

PUNTOS DE BLOQUEO

Para el martes 29 se alertó por la Comunidad de Veteranos Militares que realizarán bloqueos y movilizaciones en los siguientes puntos:

Congreso de la República (zona 1)

Terminales aéreas: La Aurora (zona 13), San José (Escuintla)

Terminales marítimas: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios (Izabal), Puerto Quetzal (Escuintla)

Petén

Tecún Umán, San Marcos

El Boquerón, Las Vegas y Piedras Negras, en Huehuetenango

El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa

Cruce a San Vicente Pacaya, Escuintla

Cruce a Cocales, puente El Zarco, Campamento, Chiquimula

Río Hondo, Zacapa

 

RECHAZAN PAGO DE Q36 MIL

Los diputados del oficialismo y algunos aliados aprobaron la iniciativa de ley 6073 “Ley Temporal de Desarrollo Integral”, la cual dispone beneficiar a los veteranos militares para que reciban un pago de Q36 mil cada uno.

Sin embargo, los exmilitares exigen al presidente Alejandro Giammattei vetar la normativa y presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del mandatario para que no sancione el decreto 51-2022. Por medio de este se les otorgaría el pago referido y no los Q120 mil que requieren.

El 19 octubre de 2021, los inconformes ingresaron por la fuerza a un área del Palacio Legislativo y ocasionaron daños en infraestructura, asimismo, incendiaron vehículos en el estacionamiento. Ellos recuerdan que el Presidente les ofreció apoyar la iniciativa durante su campaña en 2019.

 

Fátima Najarro
Graduada de la Universidad Rafael Landívar en Ciencias de la Comunicación. Fanática de la natación. Sin periodismo no hay democracia.
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