El periodo electoral está cada vez más cerca y hay expectativa por las condiciones en las que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desarrollará el proceso. La Hora consultó a expertos e hizo un recuento de los temas que empiezan a marcar el rumbo de las elecciones 2023.
Los consultados expresaron su preocupación en gran medida a causa de la adquisición de equipo informático y la temprana exclusión de candidatos.
EQUIPO INFORMÁTICO
Tal y como se describe en el reportaje: “Elecciones 2023: TSE busca adquirir equipos y software clave para resultados” el objetivo es la compra de dispositivos biométricos para las mesas electorales y un software para la digitalización de las actas y publicación de los resultados.
Conoce aquí la respuesta de Medrano al cuestionarle si existe relación entre las modificaciones a la normativa para el año electoral 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/E3LOmFSCgu
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En un primer momento, Smartmatic International Holding B.V. fue el único oferente, la empresa es representada por Elizandro López Flores, exviceministro Administrativo del Ministerio de Gobernación en 2020, bajo la Presidencia de Alejandro Giammattei.
La sociedad civil se pronunció ante esta acción provocando que el TSE rechazara la oferta.
Sin embargo, el 24 de octubre el TSE anunció que buscará adquirir un servicio informático nuevamente. Ahora la adquisición se realizará en seis eventos y según la presidenta de este organismo, Irma Elizabeth Palencia Orellana, se incluye la compra de equipo de computación, servidores, software, prestación de servicios e instalación de equipo para la prensa y otras áreas de difusión, así como servicio de computación portátil.
Por ese motivo, exmagistrados del TSE, expresidentes de Junta Electoral, así como organizaciones de sociedad civil presentaron una carta el lunes 7 de noviembre solicitando al Tribunal desistir de la adquisición de equipo informático para el proceso electoral 2023, pues señalan que podría alterar el actual modelo electoral.
El modelo tecnológico se basa en validar la identidad de los electores con los dispositivos y software biométricos, así como escanear y transmitir las actas desde los centros de votación en tiempo real y la creación de un portal web público que detalle la cantidad de actas esperadas y el progreso de transmisión, votantes participantes, votos obtenidos en cada una de las listas y porcentaje sobre el total de votos y votos inválidos.
SOLICITAN DESISTIR DE ADQUISICIÓN
En la solicitud los firmantes piden se desista de la adquisición, se asegure que el proceso electoral se llevará con transparencia, confianza y que se garantice que las Juntas Electorales se integrarán con las personas idóneas.
Como La Hora en diferentes publicaciones advirtió que los acuerdos incluían dejar participar a Sandra Torres en las elecciones de 2023. Detalles aquí ⬇️#LaHoraDeActualizarnos
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Recomendaron que el proceso electoral de 2023 se lleve a cabo utilizando los mismos procedimientos de verificación de eventos anteriores que han dado “transparencia y confianza”.
“En caso de ser estrictamente necesario la adquisición de algún sistema o servicio informático para el proceso, hacerlo totalmente transparente, siguiendo mejores prácticas internacionales y contando con la participación de empresas que cumplan con las condiciones técnicas requeridas y que su participación no genere desconfianza en el proceso”, justificaron.
CACIF ACCIONA
El pasado 9 de noviembre el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) impugnó ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la exclusión de candidatos presidenciales por supuesta campaña anticipada.
Además, se oponen a la centralización de la publicidad electoral y la limitación a la cobertura de prensa que se da a los aspirantes a cargos públicos.
“La contratación centralizada de medios de publicidad, que limita la libre difusión de pensamiento y la cobertura de eventos políticos y de los planes políticos”, argumentó el presidente del Cacif, Hermann Girón.
También accionaron en contra de la limitación de cobertura, argumentaron: “la cobertura por parte de los medios publicitarios de esas declaraciones e información de participación política y la venta a precios regulados y contratados a través del mecanismo del TSE, que detiene la libre empresa de los medios publicitarios y dificulta la cobertura de los temas políticos en Guatemala”.
El TSE detalla que VAMOS se encuentra realizando la posible propaganda electoral a través de las redes sociales y plataformas de Internet de la organización. Aquí los detalles 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/onPayIcaV3
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EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS
También el 28 de octubre el TSE informó sobre la “no inscripción” de Roberto Arzú García-Granados y de Neto Bran para las elecciones de 2023, por haber incurrido en campaña anticipada.
Ambos candidatos informaron en sus redes sociales que presentarán amparos y los recursos legales necesarios para participar en los comicios.
El Cacif también presentó una acción de inconstitucionalidad relacionada a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), esta se refiere a lo que se considera como campaña anticipada.
“Consideramos subjetiva, que pudiera tener dificultades de implementarse, la definición de campaña anticipada”, declaró Girón.
El sector empresarial reconoce que hay una gran cantidad de denuncias en cuanto a esta problemática. Sin embargo, argumenta que el interés de los políticos es hablar de sus planes y propuestas.
QUINTEROS: SE DEBE TRABAJAR EN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Alejandro Quinteros, analista de temas electorales, mencionó que “si se quieren hacer las cosas bien se debe trabajar en los manuales de procesos y procedimientos”.
Mulet expresó que ha recibido amonestaciones, pero que todavía no está fuera de los comicios. 👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/skkadkfIzy
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Sugirió que esos se deben validar con la ciudadanía que participa en las Juntas Electorales y a partir de esos manuales elaborar bases para la adquisición de cualquier equipo. También señaló que en esos casos suele ser más favorable recurrir a contratar el servicio y no a la compra de todo el equipo.
Explicó varios puntos de las bases de licitación del equipo que elaboró el TSE y mencionó como los puntos vulnerables “la identificación biométrica… la LEPP tanto como la del Renap lo que indica es que el único documento de identificación es el DPI… se pone un método alterno que no estaría en ley y que además la misma ley del Renap habla que en algunos casos la huella digital no se puede usar”.
Añadió que “Lo que se entiende es que si no se identifican con la huella no pueden votar”.
También señaló la preocupación el proceso de transmisión de voto porque los centros de votación enviarán digitalmente las actas a la capital para la digitalización de datos la cual “no es descentralizado” y haría que “las juntas electorales perderían su razón de ser que es ser las custodias del voto y resultados”.
Concluyó diciendo: “lo correcto y lo único viable es desistir de esas bases”.
PINTO: HAY UNA DISMINUCIÓN EN LA CONFIANZA A LA DEMOCRACIA
Virginia Pinto, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) afirmó que según algunas encuestas “hemos podido ver que esta confianza a la democracia, en las instituciones y en la política pues en las encuestas nos da a entender que hay una disminución de la confianza”.
Indica que el TSE es “encargado de garantizar que esa confianza se mantenga y se incremente.”
Agregó que el modelo electoral guatemalteco “ha sido reconocido por esa descentralización que se tienen en el voto con las juntas receptoras de votos”, por lo que como asociación creen que es importante preservar y cuidar este modelo electoral.
Además, resaltó en cuanto a la compra del equipo informático que “las adquisiciones se hagan de la manera más transparente posible que no afecten a la confianza que se tiene en el proceso electoral”.
TSE CONVOCARÁ A ELECCIONES
La institución informó hace unos meses que hará la convocatoria a elecciones el 20 de enero de 2023; la primera vuelta de los comicios será el 25 de junio para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, 340 corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Y de ser necesaria la segunda vuelta presidencial, se llevará a cabo el 20 de agosto.
