José Alejandro Córdova, Procurador de los Derechos Humanos, respondió a un requerimiento de la organización de los 48 cantones de Totonicapán. Foto La Hora / José Orozco

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, respondió al comunicado de 48 Cantones de Totonicapán en el cual solicita que se pronuncie por las recientes actuaciones del Ministerio Público (MP), asegurando que la institución no se involucra en “cuestiones políticas partidistas, ni emite juicios políticos”.

En el escrito, los 48 Cantones de Totonicapán sostuvo que es función del PDH velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los guatemaltecos, incluyendo el derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho de manifestación y el derecho de elegir y ser electos.

“Que en la actual coyuntura nacional, el MP y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha violado los derechos del pueblo de Guatemala, y que el PDH no se ha pronunciado en defensa de los derechos de la población y ha estado totalmente ausente, lo cual muestra su complicidad con los enemigos de la democracia y la libertad en Guatemala”, aseguraron los 48 Cantones.

En esta línea, la organización solicitó al PDH un pronunciamiento y cumplir con la función de verificar el respeto de los derechos humanos de la población por parte de las instituciones estatales, y que conforme los expedientes de mérito para realizar las denuncias a “donde corresponda”.

Al mismo tiempo, requirió que se verifique el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente frente a las violaciones de derechos por parte de “proyectos extractivos que explotan y destruyen los recursos naturales no renovables en los territorios ancestrales”.

 

PDH: NO EMITE JUICIOS POLÍTICOS

Al respecto, el PDH emitió un pronunciamiento en el que reafirmó su “compromiso” con la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de los guatemaltecos, incluyendo el derecho de libre expresión del pensamiento, el de manifestación, así como el de elegir y ser electo.

A su vez, el magistrado de conciencia indicó que desarrolla su actuación con “independencia” y “objetividad”, ya que se rige por principios de “imparcialidad y apego a la legalidad”, y que en caso de constatar violaciones de derechos humanos hace las recomendaciones pertinentes para la corrección de la conducta agraviante.

Sobre los eventos dentro del proceso electoral, instó al sector justicia para que dilucide de forma expedita los conflictos legales con absoluta imparcialidad, estricto respeto al debido proceso y al principio de inocencia, con el fin de que se respete el Estado Constitucional de Derecho y la democracia en el país.

“Respecto a la actual coyuntura nacional, el PDH es una institución autónoma, y como tal, actúa de acuerdo con su mandato y los principios que rigen su labor. La institución no se involucra en cuestiones políticas partidistas ni emite juicios políticos”, subrayó.

A su vez, instó a las organizaciones políticas a que se dé un respeto recíproco entre ellos, manteniendo la paz y armonía para celebrar la fiesta cívica que aún está en proceso de culminación, garantizando la democracia en el país.

DICE QUE CONTINÚA EN APRESTO DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

De la misma manera, expresó que “contrario a lo insinuado”, la Procuraduría ha estado y continuará en apresto a la situación de derechos humanos en el país, incluyendo el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Según Córdova esto se evidencia en la constitución de diversas mesas de diálogo para atender situaciones de interés, tal como el conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán, reformas relacionadas con la factura electrónica, así como la creación de nuevos tributos, “entre otros”.

“La institución ha mediado, promovido acciones constitucionales, realizado investigaciones y emitido recomendaciones para garantizar el respeto de estos derechos”, expuso.

 

CONTINÚAN ACCIONES CONTRA TSE Y SEMILLA

Las acciones por parte del ente investigador en contra de Semilla, así como del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se han incrementado luego de la segunda vuelta electoral, en la que Bernardo Arévalo resultó presidente electo.

Las actuaciones del MP incluyen la solicitud de información sobre las Juntas Receptoras de Votos, el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), Juntas Electorales Departamentales, digitadores, coordinadores, así como centros de votación.

La Fiscalía de Delitos Electorales también requirió el retiro de inmunidad contra el titular del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, así como contra la presidenta Irma Elizabeth Palencia Orellana y los magistrados Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Mynor Custodio Franco Flores y Ranulfo Rafael Rojas Cetina.

Además, el Registro de Ciudadanos suspendió provisionalmente al Movimiento Semilla, en seguimiento a la orden del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, lo cual derivó en el desconocimiento del Bloque Legislativo del partido en el Congreso.

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