Los miembros de la Cámara de Representantes de Florida, en su mayoría republicanos, aprobaron una serie de medidas solicitadas por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, para endurecer la estadía de migrantes indocumentados en el Estado del sur; sin embargo, esta no es la primera vez que en el país norteamericano entran en vigencia leyes en contra de migrantes.
En junio de 2011, Alabama decidió declarar a la inmigración irregular como un delito, lo cual repercutió en el trabajo que realizaban los migrantes, provocando un éxodo hacia otros Estados del país norteamericano.
LA LEY ANTIINMIGRACIÓN DE ALABAMA
La Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama, conocida como HB 56 aprobada en junio de 2011 pretendía permitir a la policía del Estado de Alabama verificar el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa.
A su vez, estableció como un delito estatal el transportar, ocultar u hospedar, así como dar vivienda en renta a migrantes sin documentación respectiva, inclusive si se trataba de familiares.
De esta cuenta, también se determinó que los migrantes indocumentados arrestados no podrían pagar fianza para salir de prisión.
La ley también obligaba a los empleadores a comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores, mientras que al abrir negocios se obligaba a acreditar la residencia en el país norteamericano.
La normativa también exponía que, al inscribir a los niños a escuelas, se debía informar sobre el estatus migratorio del menor.
En dicha oportunidad, el gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, aseguró que se trataba de una normativa para que las personas en situación legal para residir en Estados Unidos tuvieran mayores trabajos.
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HRW: VIVEN SIN DIGNIDAD
Tras la entrada en vigor de la normativa, Human Rights Watch (HRW) publicó el informe denominado “Vivir sin dignidad: La Ley de Inmigración de Alabama”, que denunciaba las consecuencias generales de la entrada en vigor de la normativa.
“En su intento de expulsar del estado a los inmigrantes en situación irregular, la ley no reconoce de ninguna forma que muchos de ellos llevan muchos años viviendo en el estado y están profunda y ampliamente ligados a Alabama a través de sus familiares ciudadanos estadounidenses, su trabajo y su vida en la comunidad”, expone el documento.
Según menciona el informe, una gran cantidad de migrantes migraron hacia otros Estados, por lo que recopiló las versiones de las personas que intentaron vivir en Alabama, en donde logró documentar abusos por parte de policial quienes le aseguraban a los migrantes que no contaban con derechos.
Las personas también mencionaron a HRW que tenían miedo de denunciar crímenes a las autoridades, ya que a los migrantes que no se les pagó su salarió tuvieron que darlo por perdido debido a que se negaba el derecho de los migrantes en los Tribunales.
Entre otras denuncias, destacaron que incluso no se permitió a los migrantes comprar medicinas, ya que no era una ciudadana estadounidense. Además, los menores hijos de migrantes sufrieron de acoso y discriminación en las escuelas debido a la ley.
AFECTA ECONOMÍA
De la misma forma, HRW documentó que la entrada en vigor empezó a afectar la economía y la imagen del estado, ya que los agricultores señalan escasez de trabajadores, las empresas que dependen de las comunidades empezaron a tener dificultades y las empresas extranjeras reconsideraron sus inversiones.
De acuerdo al texto, pese a que las afirmaciones dicen lo contrario, los migrantes pagaron en 2010 cerca de US$130 millones en impuestos.
El profesor Samuel Addy, del Centro de Investigación Comercial y Económica de la Universidad de Alabama estimó en dicha oportunidad, que la ausencia de 10 mil migrantes provocaría una contracción de US$40 millones en la economía de Alabama.
FLORIDA APRUEBA LEY ANTIINMIGRANTES
Siguiendo ese antecedente, la Cámara de Representantes de Florida aprobó una serie de medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, entre las que se incluyó el requerimiento a empresas con más de 25 empleados a usar el programa E-verify para la contratación de migrantes con el fin de determinar su estatus migratorio y con ello, imponer multas en caso de que se trate de migrantes indocumentados.
Esta normativa también obliga a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid y que los departamentos de emergencia tengan que recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes.
Los congresistas también decidieron que el transporte de migrantes sin un estatus legal sea un delito con penas de hasta 15 años de prisión, además se realiza un financiamiento de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes.
A su vez, decidieron que las licencias de conducir legalmente emitidas en 16 estados y el Distrito de Columbia no son reconocidas. Establece la eliminación de exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.
Entre otras medidas, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio, requiere las agencias de aplicación de la ley para que recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal y además, designa US$12 millones para el traslado de migrantes a otros estados del país.
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EMPIEZAN REPERCUSIONES
Pese a que la normativa entrará en vigencia el próximo 1 de julio, los migrantes han decidido salir de Alabama. En varios videos compartidos en redes sociales se observa que los sitios de trabajo fueron abandonados por el personal migrante, tal como consignó La Hora en la nota: “Videos: migrantes abandonan trabajos en Florida tras aprobación de controvertida ley”.
“Estoy solo aquí. Hoy no vino a trabajar ni el bloquero ni el plomero, nadie, nadie. Ya se está sintiendo la ley, aunque no la han aplicado, no sé si por miedo a la ley de Ron DeSantis”, menciona el usuario @erwiwi_oficial en TikTok.
De acuerdo a la organización Unidos US: “Esta legislación dañina hace lo más anti-Florida al convertir en criminales a los floridanos que brindan ayuda a familiares, amigos o vecinos indocumentados, incluidos aquellos que han vivido en Florida durante muchos años y tienen hijos que nacieron en Estados Unidos, y que contribuyen con millones de dólares de impuestos y US$12.6 mil millones a la economía de Florida”.
