Masacre Tamaulipas: la justicia que no llega para las familias de migrantes fallecidos

El 21 de enero se cumplen dos años de la masacre en Camargo, Tamaulipas, México, en la que 15 migrantes guatemaltecos fueron atacados con armas de fuego e incinerados. Aunque familiares exigieron en su momento deducir responsabilidades, los señalados de su traslado ilícito no han enfrentado a la justicia e incluso algunos de ellos permanecen prófugos.

Stuardo Campo, a cargo de la Sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, explicó que el caso involucra a la familia Coronado, quienes han estado activos en la política guatemalteca; entre los señalados está el exalcalde de Comitancillo, San Marcos, Ramiro Coronado Pérez.

En total se encuentran vinculadas otras 15 personas, pero el Ministerio Público señala una serie de retrasos que han impedido que enfrenten la justicia. Según Campo están a la espera que se desarrolle la audiencia de apertura a juicio en donde se decidirá si los acusados enfrentan debate oral y público.

 

“Pero se ha ido difiriendo la fecha de la audiencia por algunas acciones legales que han ido interponiendo los abogados defensores”, mencionó el fiscal, quien aseguró que además recientemente hubo una excusa por parte del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal para no continuar conociendo el proceso y está a la espera que una Sala de Apelaciones resuelva si la judicatura seguirá conociendo el proceso.

También recordó que la Fiscalía promovió una solicitud de retiro de derecho de antejuicio contra la jueza de Primera Instancia Penal de San Marcos, Blanca Elizabeth González Gálvez, lo cual fue declarado con lugar por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Migrantes se apuntan récord histórico y remesas cierran en US$18,040.3 millones

FAMILIA, TRÁFICO Y POLÍTICA

Según Campo, de alguna manera se trata de una familia que forma parte de una estructura criminal que participa activamente en la política guatemalteca.

“De alguna manera sí, porque el señor Ramiro Coronado Pérez es exalcalde del municipio de Comitancillo. Sabemos que la familia Coronado siempre ha estado activa en política”, expuso el fiscal.

Aseveró que ese “clan” está directamente vinculado con el tráfico de guatemaltecos que perdieron la vida en Tamaulipas, no con las muertes debido a que el hecho fue ejecutado por un comando armado de policías, quienes enfrentan proceso en México y en donde se busca encontrar a los autores intelectuales.

Sostuvo que, por el tráfico ilícito de los guatemaltecos, el MP señala a la estructura familiar Coronado, agregó que cuentan con pruebas sólidas para sostener ante un Tribunal de Sentencia su responsabilidad.

5 PRÓFUGOS Y 10 SINDICADOS

La Fiscalía que dirige Campo el 28 de enero de 2022 ejecutó 19 allanamientos y reportó la captura de 10 de las 15 personas por las que solicitaron órdenes de aprehensión, la mayoría son miembros de la familia Coronado, entre ellos el exalcalde de Comitancillo.

Los detenidos son:

 

Sin embargo, el exalcalde de Comitancillo durante el período de 2012 al 2016 por el Partido Patriota, se encuentra prófugo, al igual que su sobrina, Diana Maricela Coronado Marroquín, así como Walter Iván Jiménez Miranda, José Francisco Jiménez Gómez y Rudy Amílcar Ramírez Aguillón.

En su momento, la Fiscalía presentó la acusación formal contra todos los señalados y dentro de la investigación identificó otros eventos de tráfico de migrantes, así como más supuestos partícipes de la estructura criminal.

“Es decir, en total tenemos 10 personas vinculadas a proceso que están de alguna u otra forma relacionadas con este grupo posible o posible grupo delictivo organizado, que traficó a estos 15 guatemaltecos a México y le digo 15 porque, aunque fueron 16 los que fallecieron, pero uno de ellos era el guía y era miembro de la familia Coronado, que era el señor Adán Coronado Marroquín, hijo del señor David Coronado Pérez”, mencionó Campo.

 

CASO EN MÉXICO SIN AVANCES

De igual manera, en México se desarrolla un proceso judicial en contra de 12 agentes policiales quienes pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), quienes son acusados de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad.

Hasta el 22 de enero de 2022, la defensa de los policías había logrado retrasos en la audiencia para determinar si eran enviados a juicio, sin embargo, desde ese momento el caso no ha tenido mayores avances.

Campo afirma que los policías continúan detenidos y que tienen otras líneas de investigación todavía abiertas, las cuales aún no han sido judicializadas. “Pero no tengo mayor conocimiento de los avances de esos procesos”, aseveró.

Este año hay dos agrupaciones políticas inscritas más que en el proceso electoral de 2019. Conózcalos aquí: #PorSiNoLoVio
https://t.co/OJs3FVnnWd

— Diario La Hora (@lahoragt) January 8, 2023

SE DESCONOCE SI PDH HA DADO ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES

La Hora consultó con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a cargo de José Alejandro Córdova, para conocer si se ha dado seguimiento y acompañamiento a los familiares de las víctimas, pero no respondió.

100 PROCESADOS EN EL 2022 POR TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

En febrero del 2022, el Congreso de la República aprobó las reformas a la Ley de Migración, con el fin de endurecer las penas contra los coyotes, quienes podrán enfrentar penas de 10 a 30 años por el tráfico ilícito de personas.

El fiscal Campo destacó que en 2022 el MP logró procesar a más de 100 personas por dicho delito y solicitaron 50 órdenes de captura contra integrantes de estos grupos delictivos, de los cuales cuatro fueron con fines de extradición a Estados Unidos.

Argumentó que se trata de las primeras extradiciones en la historia de Guatemala por tráfico de migrantes, las cuales fueron realizadas dentro del caso denominado “Alfa 7”, que operativizaron el 2 de agosto de 2022 y con el que ejecutaron 19 capturas.

 

Resaltó que lograron la incautación de aproximadamente Q2 millones, es decir US$130 mil, así como más de 100 vehículos de alta gama, entre estos pick ups, camionetas y vehículos de último modelo.

La fiscalía también logró la desarticulación de por lo menos tres estructuras criminales, presentó 70 acusaciones en Tribunales de Justicia en contra de presuntos traficantes de personas y lograron sentencias condenatorias de 10 hasta 16 años de prisión.

ROLDÁN: NO HA CAMBIADO NADA

De acuerdo a Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDG) de la Universidad Rafael Landívar, “no ha cambiado nada” debido a que el territorio mexicano cada vez es más peligroso para los migrantes por el vínculo entre narcotráfico, crimen organizado y autoridades federales o locales.

Resaltó que el tráfico de personas se ha diversificado por las repercusiones de la migración tanto de Estados Unidos como de México, lo cual supone mayor vulnerabilidad para migrantes en búsqueda de llegar al país norteamericano.

Aseguró que se mantiene el número de guatemaltecos que viajan en búsqueda de mejores oportunidades, pues han continuado las deportaciones, accidentes y hechos violentos. “Escuchaba un testimonio de un migrante deportado que decía que lo volvía a intentar a pesar de las dificultades, o sea que es mayor el interés, deseo del porqué están huyendo del país, que los riesgos que puedan correr en el camino”, mencionó.

Tamaulipas: Policías entrampan proceso por crimen de 16 migrantes guatemaltecos

Recalcó que las cifras de migración demuestran que de nuevo vuelven a subir los flujos migratorios al nivel de 2019, debido a que durante la pandemia hubo una disminución, pero que en 2021 repuntó.

Detalló que la situación se complica debido a que migrantes de otros países también se están uniendo, no únicamente de Centroamérica, sino de Venezuela, Haití, Cuba por lo que las instituciones públicas deben accionar para generar políticas que beneficien a los territorios y lo cual puede ser lo único que pueda ayudar a disminuir los deseos de migrar.

LA TRAGEDIA

El 21 de enero de 2021, un total de 15 guatemaltecos que buscaban ingresar a Estados Unidos con el fin de cambiar la situación económica que vivían en Guatemala fallecieron a manos de un grupo de policías.

Los elementos de las fuerzas de seguridad de México atacaron a los migrantes guatemaltecos y luego el vehículo en el que viajaban, junto con los cuerpos de las personas fue calcinado.

Las víctimas fueron identificadas como: