María Consuelo Porras, fiscal general, requirió en 2020 un amparo a la CC. Foto La Hora

La elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones se ha retrasado por casi tres años, mientras el Congreso de la República la sigue relegando a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ordenó en su momento proseguir con la selección bajo ciertos lineamientos, en respuesta a un amparo requerido por el Ministerio Público a cargo de la fiscal general, María Consuelo Porras.

Consultado el MP si planteará alguna acción debido al incumplimiento de la resolución, la entidad indicó que lo resuelto por la CC, integrada en ese entonces por otros magistrados, no fue lo solicitado por el ente investigador e incluso menciona que los diputados han realizado acciones al respecto.

 

EL ARGUMENTO DEL MP

El jefe de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, respondió a La Hora que esa institución solicitó que se repitiera todo el proceso para la elección de Cortes.

“Sin embargo, la CC no atendió el acto reclamado y resolvió que se desarrolle el proceso con base a la nómina de candidatos”, agregó.

DICE QUE CONGRESO HA REALIZADO ACCIONES

Pese a que las dos Juntas Directivas del Congreso que presidió el diputado oficialista, Allan Rodríguez, así como la actual, dirigida por Shirley Rivera han agendado en los últimos puntos la elección de CSJ y Corte de Apelaciones, Pantaleón expresó que el Organismo Legislativo: “ha realizado acciones en ese sentido”.

Además, mencionó que el Legislativo deberá continuar con estas acciones para la elección de magistrados.

Por último, afirmó que existe una investigación penal al respecto, en referencia al caso Comisiones Paralelas 2020, por lo que, aseguró que el MP continuará con la misma.

Momento en el que los diputados discutían cómo realizar el proceso de elección de Cortes en junio de 2020. Foto La Hora/Congreso

COMISIONES PARALELAS 2020

Las Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en ese tiempo dirigida por Juan Francisco Sandoval, señaló que, en el marco del proceso de la elección de magistrados de dichas cortes, Gustavo Alejos sostuvo reuniones o comunicaciones con diputados, empresarios, jueces, candidatos a magistraturas, así como integrantes de la comisión de postulación.

El MP estableció que Alejos conformó un listado de candidatos consensuado en los acercamientos antes mencionados cuando se encontraba recluido en un centro hospitalario.

La nómina era la que el que Congreso de la República debía de elegir para conformar la CSJ y la Corte de Apelaciones.

 

Por este caso, la fiscal general solicitó un amparo en la CC, el cual otorgó el 6 de mayo de 2020 y en el cual se establecía que los diputados debían elegir a viva voz y a los candidatos más idóneos considerando los indicios recabados por el MP contra varios de ellos.

OTROS PODERES PODRÍAN TENER MISMA RUTA

La Hora este sábado publicó el reportaje “La extensión de plazo en la CSJ, ¿La ruta en otros poderes?”, en el cual analistas explican que la continuidad de los magistrados podría replicarse en otros poderes del Estado e instituciones.

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), afirmó que dos actores de la clase política más dura y pura incidieron en haber roto el sistema republicano de Gobierno de pesos y contrapesos, señalando que lo mismo podría pasar con diputados, el contralor, presidente o cualquier otro funcionario.

Oswaldo Samayoa, analista independiente, afirmó que el poder judicial está siendo sometido a intereses políticos, además de señalar una posible manipulación del sistema judicial para el proceso electoral 2023.

Mientras Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia afirmó que buscan tener el control del sistema de justicia. “A estrategia consiste en mantener cooptada la administración y empezar a tomar decisiones en los casos emblemáticos de corrupción”, afirmó.

De la misma forma, La Hora publicó el pasado 27 de agosto el reportaje “El control total de las instituciones: la diferencia entre VAMOS y otros oficialistas”, el cual señala que además de buscar la estrategia de un millón de votos en las alcaldías para asegurar que el binomio presidencial pase a segunda vuelta y una considerable cantidad de diputados del partido VAMOS llegue al Congreso, también pretende garantizar el control de las instituciones públicas designado en ellas a allegados como la fiscal general, Consuelo Porras, magistrados de la CC entre otros.

Gustavo Alejos, sindicado en varios casos, habría tratado de influir en el proceso de elección de Cortes.
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