Este 13 de octubre se cumplen tres años desde que se debieron asumir nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA), sin embargo, el proceso se mantiene detenido en el Congreso de la República, sin que hasta ahora se observen avances.
Ante ese escenario, La Hora consultó con analistas quienes explicaron que dicha estrategia de control sobre la justicia, podría replicarse en otros poderes del Estado.
Además, es importante recordar la estrategia de VAMOS para continuar en el poder con la obtención de 1 millón de votos provenientes de 200 alcaldes y que ha incluido la designación de actores vinculados al oficialismo en entidades clave.
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El Congreso es el encargado de elegir las cortes de cada período, no obstante, ha retrasado el proceso. Incluso, en mayo del 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se eligieran excluyendo a quienes podrían estar vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020, pero en las sesiones no existen consensos ni avances.
Los magistrados de estas dependencias son quienes representan la máxima autoridad del Organismo Judicial, su cargo ha durado siete años y el 13 de octubre, llegarán a ocho; cuando su periodo corresponde únicamente a cinco años.
QUEZADA: SI SUCEDIÓ CON LA CSJ Y CA, MAÑANA PUEDE SER CUALQUIERA
“Dos actores de la clase política más dura y pura incidieron en que se haya roto el sistema republicano de Gobierno de pesos y contrapesos”, inició diciendo Francisco Quezada, abogado y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), sobre el retraso de la elección de magistrados.
El jurista se preocupó sobre esta situación y cómo ha pasado desapercibida, “es lamentable que a la fecha la mayoría de la población de Guatemala no sabe lo grave que es el hecho de haber roto un sistema de pesos y contrapesos y haber quebrantado un sistema constitucional y no venga esa capacidad de indignación o asombro”.
Además, advirtió sobre la réplica de esta dinámica en otras dependencias del Estado. “Si sucedió con la CSJ y CA, el día de mañana puede suceder con cualquiera. El día de mañana pueden prorrogar su mandato los diputados, el contralor, el presidente, el que queramos”.
“Es un antecedente que, si no se ha anlizado, sí se debe de realizar y como uno de los peores que hemos tenido en la historia constitucional”, manifestó Quezada e indicó que los diputados no eligen “porque tienen perfectamente chantajeada a la CSJ y la CA. En el momento que no se alineen, eligen”.
“Se perdió la independencia judicial, ahora la independencia judicial está a cargo del Congreso”, señaló sobre el poder que rige a los magistrados.
SAMAYOA: TRES PUNTOS CLAVE SOBRE EL RETRASO
Oswaldo Samayoa Sosa, abogado y doctorado en Derecho Constitucional Internacional, opina que es preocupante y se puede afirmar que no se está viviendo “un orden constitucional que habla de un período de cinco años, sin embargo, se cumplirán ocho la otra semana”.
El abogado explicó en tres puntos lo que este retraso significa para el país. “Primero que el poder judicial está siendo sometido a intereses políticos, eso es lo más grave. Cuando la Constitución claramente nos habla de la independencia de estos poderes políticos”.
Como segundo punto indicó que a lo interno “esta falta de independencia política está conllevando persecución selectiva de algunos juzgadores, investigadores y abogados por los casos que llevan. Esto pone en crisis casos complejos de corrupción”, expresó.
Además, señaló que estas acciones, “han puesto en amenaza la integridad personal y la vida de algunos funcionarios y algunas personas que han tenido que salir del país”.
Samayoa Sosa apuntó a que “esta es la posible manipulación del sistema de justicia para el proceso electoral 2023 en donde todo lo que niegue o resuelva el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo conoce la CSJ”.
Esto en referencia a la integración de la CSJ por magistrados criticados por favorecer a actores corruptos, según la opinión pública. “Hasta ahora tenemos duda de su independencia, a eso agregarle la reinstalación de una persona (Blanca Stalling) que no tendría que haberse sumado a esta corte”, detalló.
IBARRA: LA ESTRATEGIA ES MANTENER COOPTADAS LAS INSTITUCIONES
Para Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, es clara la situación y el porqué del retraso de la elección de magistrados en las Cortes.
“Vía estos magistrados de la CSJ y CA se busca tener el control del sistema de justicia, la estrategia consiste en mantener cooptada la administración y empezar a tomar decisiones en los casos emblemáticos de corrupción”, explicó la analista.
Aunque se han realizado votaciones por parte de los legisladores, estas no han tenido un resultado visible, “se han realizado tres a principios del año 2021, en más de tres años solo han hecho la pantomima de que inician la votación”, refirió Ibarra.
“Hay incumplimiento de deberes de los diputados, eso es un delito. Están incumpliendo con una obligación constitucional y en su momento se planteó a los diputados una denuncia al respecto, pero por supuesto que no prosperó”, manifestó sobre el delito en el que han incurrido los legisladores.
Además, señaló que mediante este atraso han ido creando rutas para destruir y cooptar los procesos de Fiscal General, Director General del Inacif, Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
“Esto lo hacen bajo la sombrilla de la alianza oficialista junto a muchos de los magistrados de la CSJ y CA, Congreso, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, el Presidente y algunos grupos empresariales”, detalló Ibarra y enfatizó que es la búsqueda de “cooptar todos los espacios”.
En tanto, 26 magistrados titulares y suplentes de la CSJ, así como 225 de las Salas de Apelaciones debían haber sido electos en 2019, en tanto las Cortes han sido blanco de críticas porque se han visto politizadas y señaladas de tener una justicia selectiva por parte de organizaciones civiles e internacionales.
LA ESTRATEGIA DE VAMOS HA INCLUIDO A OTRAS ENTIDADES
La Hora publicó el 27 de agosto el reportaje «El control total de las instituciones: la diferencia entre VAMOS y otros oficialistas».
Las bancadas Vamos y UNE están negociando la aprobación de la normativa como parte de un paquete que incluye el presupuesto 2023 y la inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial.👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/PfUIL4gaDJ
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En el reportaje se destaca que asegurar la inscripción de 200 alcaldes para su reelección de la mano del partido oficial, reunir al menos un millón de votos para el binomio presidencial y un monto similar para diputados del listado nacional que encabezaría Miguel Martínez, así como obtener el pase directo a la segunda vuelta es la estrategia de VAMOS para las Elecciones Generales del 2023.
Además, se consigna que de acuerdo con analistas consultados, la aspiración del partido oficial no se limita solo a una fórmula matemática que garantice el triunfo, sino en el control de las instituciones públicas designando al frente de ellas a allegados como la fiscal general, María Consuelo Porras, los magistrados de la CC, entre otros.
