La Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (Fecajud), de la que forma parte la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), presentó un informe en el cual realizan un diagnóstico sobre el sistema judicial en Guatemala, en el que resalta el atraso de la renovación de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones desde 2019.
El documento explica que las Cortes deben de durar cinco años en sus funciones; sin embargo desde 2019 tuvieron que quedarse los magistrados actuales, “sin que haya voluntad por parte del Congreso de la República” para elegir a los nuevos magistrados.
En este sentido, razona “que se han perpetuado en sus cargos hasta la fecha y quienes interfirieron en los listados finales de los candidatos a magistrados”.
“26 magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, así como 225 de las Salas de Apelaciones debían haber sido electos en 2019, pero a raíz de las acciones legales relacionadas con el proceso de nominación por las Comisiones de Postulación, este proceso estuvo retrasado”, registra el escrito.
En este sentido, especificaron que con base a la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) los magistrados electos en 2014 siguen ejerciendo sus funciones de administración de justicia, por lo cual están “atentando contra la norma constitucional del período y está en contravía directa con la Constitución”.
CONGRESO HA HECHO UN ESFUERZO NULO
El informe especifica que la falta de renovación de Cortes fue resaltado con la alarma emitida por el relator Diego García-Sayán, quien manifestó que el Congreso: “ha hecho un esfuerzo nulo para avanzar en el proceso de integración de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones”.
“También ha categorizado las debilidades en el proceso de selección de jueces
y magistrados como una crisis del modelo de nombramientos”, sostiene el escrito.
SEÑALAN CONTROVERSIA EN POSTULADORAS
Dentro del documento, los profesionales del derecho expusieron que existen controversias en torno al funcionamiento de las comisiones de postulación y que estas son utilizadas para cooptar el sistema de justicia.
Lo anterior es debido a un interés de los operadores políticos de colocar en el poder judicial a personas afines para garantizar impunidad y mantener el control de los organismos.
Recalcan en que los comisionados no votaron de manera imparcial negociando con redes criminales, lo cual fue evidenciado en la elección para el período 2019-2024.
Enfatizan en que “son creadas facultades de derecho para tener más comisionados para sumar votos y tener más comisionados en las postuladoras”.
COMISIONES PARALELAS
Asimismo, hicieron mención al caso Comisiones Paralelas 2014 donde se evidenció la participación de Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis y Eddy Giovanni Orellana Donis, así como el caso Comisiones Paralelas 2020, en el que se sindicó a Gustavo Alejos Cambara por su participación para interferir en la lista de candidatos a elegir por parte del Congreso.
“El alcance de estas redes gremiales criminales que manipulan dichas comisiones tiene un interés más profundo toda vez que teniendo el control de jueces y magistrados logran manipular el sector justicia generando con ello en primer lugar comercializar/vender la justicia y en segundo lugar garantizándose impunidad”, recalca el documento.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 13, 2022
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
De la misma manera, subrayan la falta de requisitos de los candidatos, siendo el que más se incumple es el de la reconocida honorabilidad ya que algunos jueces y magistrados están vinculados con redes criminales o que las resoluciones que emiten son para generar impunidad a dichos grupos.
“Son señalamientos graves que al momento de buscar su reelección en el caso de los magistrados estas tachas no son tomadas en cuenta al momento que presenta su papelería no siendo efectivos los filtros para que las personas idóneas ocupen dichos cargos públicos”, enfatizan.
Además, expusieron que las postuladoras, facultades de derecho de universidades que participan en proceso de nombramiento incluyen candidatos que no cumplen con los requisitos legales, incluso falsificando títulos, exponiendo el caso de Ranulfo Rojas y Antonio Cornejo, quienes fueron seleccionados para integrar el Tribunal Supremo Electoral.
EL DEMÁS DIAGNÓSTICO
En el diagnóstico por parte de Fecajud exponen que existieron irregularidades en la designación de Corte de Constitucionalidad (CC), así como una concentración de poder dentro de la CSJ, la falta de seguridad física y jurídica a jueces independientes, quienes además sufren de acoso junto con distintos operadores de justicia.
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INFORME: NO BASTA CON SOLO RECONOCER LA LABOR DE OPERADORES DE JUSTICIA
El informe finaliza señalando que a pesar de los ataques que sufren los operadores de justicia en el país organizaciones internacionales han destacado en los últimos años a esos personajes que a pesar de los ataques mediáticos, amenazas y persecuciones no claudicaron en la lucha contra la corrupción.
“Siendo así que Guatemala cuenta con dos campeones anticorrupción galardón otorgado por el gobierno de Estados Unidos, siendo estos el ex fiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro y el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, de la Asociación de Jueces por la Integridad”, añade.
“Hoy, ante la falta de interés del estado de fortalecer al sector justicia en la lucha contra la corrupción el panorama es desalentador derivado de la criminalización dirigida en contra de los operadores de justicia y la pasividad o temor de la población de manifestarse en contra de ésta”, manifiesta.
“La consecuencia directa es que la corrupción e impunidad se siguen enraizando en el país”, resalta.
Enfatiza que los esfuerzos de fortalecimiento tienden a ser calificados como enemigos de la transparencia, tendenciosos y estigmatizando con calificativos de índole ideológica o “bien utilizando un discurso de supuesta injerencia en asuntos exclusivos del Estado de Guatemala”.
Formulan que lo anterior pone en peligro el acompañamiento de organizaciones internacionales en el fortalecimiento del sector justicia.
“El Organismo Judicial no cumple su función de defensa de la gestión de jueces imparciales, independientes y sometidos a las leyes del país”, enuncia.
“Por el contrario, pone en entredicho su función al estar al servicio de redes criminales, que como quedó apuntado, manipulan el sistema de lección de altas cortes, con el fin de generarse impunidad y en sintonía, debilitan al sistema judicial de Guatemala”, declara.
“No basta con solo reconocer la labor de los operadores judiciales independientes, lo que se necesita es fortalecerlos tanto jurídica como físicamente debido a los ataques constantes a los que están sujetos por la labor que desempeñan”, concluye el informe.
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DOS AÑOS SIN RENOVAR CORTES
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) evidenció que candidatos a las magistraturas, comisionados, diputados, así como otras personas se reunieron con Gustavo Alejos Cambara con el de incluir en la lista final los integrantes que conformarían la nómina de candidatos a CSJ y Corte de Apelaciones.
Con lo cual, la Fiscalía presentó ante la CC un amparo el cual fue otorgado por la alta corte decretando que debían de realizar la elección con personas con capacidad e idoneidad, excluyéndose a los que carecieran de las mismas.
Desde el 6 de mayo de 2020, la CC ordenó al Congreso elegir Cortes, sin embargo, coincidentemente cuando se coloca en punto de agenda, los legisladores no reúnen la cantidad mínima como quórum para realizar el proceso.
