La Hora tuvo acceso por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública al expediente completo que motivó la denuncia que el secretario general del presidente Bernardo Arévalo, Juan Gerardo Guerrero, presentó el pasado 7 de marzo en contra del secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, y mano derecha de la fiscal general, María Consuelo Porras, por el supuesto uso de fondos públicos para la persecución política de dos exfuncionarios exiliados en Estados Unidos.
Danza de dinero: El FOPAVI dispuso de casi Q2 mil millones en los cuatro años de Giammattei
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2024
Guerrero dio a conocer sobre el caso, sin embargo, al ser cuestionado por la prensa en detalles no dejó conocer más de los pormenores. Según el secretario de la presidencia, el 16 de noviembre de 2021 Pineda, en su calidad de secretario del MP, dirigió un oficio al entonces presidente, Alejandro Giammattei, y le requirió pagar un bufete de abogados en EE. UU. para actuar en contra de dos personas exiliadas «utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado».
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«UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO»
La ex fiscal general, Thelma Aldana, y el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fueron los dos ex operadores de justicia que incomodaron a Porras y Pineda desde su exilio en Washington y de esa cuenta fue el secretario general del MP quien envió un oficio al entonces presidente Giammattei.
Porras, Pineda y Giammattei comparten una sanción por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los tres tienen prohibido el ingreso al país norteamericano al ser considerados personajes «Corruptos y Antidemocráticos». Además, han sido señalados de perseguir políticamente a funcionarios que investigaron corrupción en la cúpula política del país. A la fecha hay más de 30 ex operadores de justicia guatemaltecos exiliados.
Presidencia presenta denuncia en contra de Ángel Pineda, mano derecha de Porras
Los documentos confirman lo que Guerrero denunció ante la prensa semanas atrás, pero revelan la carta con la que Pineda habría convencido a Giammattei para contratar a un bufete norteamericano para darle persecución penal a Aldana y Sandoval desde su exilio, en la capital de Estados Unidos.
«El Ministerio Público ha ejecutado diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de la persecución penal en el país, las cuales han sido objeto de críticas y comentarios malintencionados, dirigidos única y exclusivamente al desprestigio institucional, ocasionando con ello un grave perjuicio no solo a la institución, sino al Estado de Guatemala a nivel internacional», reza el tercer párrafo.
Mientras que el cuarto los señala de forma directa: «es importante-acotar que dichas acciones de desprestigio internacional han sido instigadas en su mayoría por la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, y el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quienes han indicado que se encuentran bajo asilo político en los Estados Unidos de América, derivado de diversos procesos penales que se siguen en su contra».
Sobre Porras y Sandoval recae un racimo de órdenes de captura relacionados con supuestos delitos que habrían cometido al frente de sus cargos en el MP. Ambos aseguran que se trata de una persecución política a manos de sus vengadores, algunos que habrían puesto tras las rejas, con la ayuda de la administración del MP que dirige Porras.
ATRIBUYÓ SANCIONES DE 2021
Desde el 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos, actualiza la denominada Lista Engel, el listado que envió al Congreso de ese país de las personas señaladas en actos de corrupción de los países del Triángulo Norte. En esa ocasión, fueron incluidos 20 guatemaltecos, diputados, jueces y magistrados.
Pero para el 20 de septiembre de ese año, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter (ahora X) que Porras y Pineda también eran incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre la corrupción.
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Ante esa crisis y dos meses después de ser incluido, Pineda indicó en el oficio que «en este orden de ideas, las acciones que han sido adoptadas recientemente por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en contra del Estado de Guatemala, bajo el supuesto que se combate la corrupción a través de sanciones a funcionarios, ha significado (…) el desprestigio internacional de la dignidad y honorabilidad de funcionarios, sin el agotamiento de un debido proceso».
«Bajo dicha premisa, la serie de sanciones y acciones que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha impuesto al Estado de Guatemala, son producto de la constante propaganda sistemática que han dirigido la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández y el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, afectando con ello no solo los intereses del Ministerio Público de Guatemala, sino del Estado en general al verse condicionada la cooperación externa para el fortalecimiento de la justicia», responsabilizó Pineda a Aldana y Sandoval sin pruebas fehacientes.
MÁS DE Q460 MIL MENSUALES
Guerrero señaló semanas atrás que como consecuencia de la exposición de Pineda, el entonces Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, bajo órdenes de Giammattei, inició las gestiones necesarias para emprender dicho acto ante el Ministerio de Finanzas Públicas «asignando de forma urgente recursos financieros adicionales por el valor de Q461 mil 600 mensuales».
En una nota publicada el 2 de junio de 2022 por este Diario, titulada «La obsesión de Giammattei con la Lista Engel que nos cuesta millones«, se dio a conocer que Giammattei instruyó al Ministerio de Economía para que contratara a la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP con el afán que esta represente al Estado de Guatemala en un arbitraje internacional.
Giammattei quería a un abogado en específico: Daniel Pulecio-Boek, quien se promociona por tener experiencia en casos de personas sancionadas e incluidas en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. Meses antes, Porras y Pineda habían sido sancionados por aquel país, por primera vez.
“Por lo anterior, acudo en estos momentos ante la Contraloría General de Cuentas a solicitar auditoría al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas en relación con los actos anteriormente descritos ocurridos durante los años 2021 y 2022”, dijo Guerrero en conferencia de prensa.
En 2022 La Hora publicó la contratación del bufete Greenberg Trauring, LLP
SOBRE ÁNGEL PINEDA
Ángel Arnoldo Pineda Ávila es el secretario general del MP y su rol es asistir a Porras. Desde junio de 2021 se convirtió en la mano derecha y ojos de la encargada de la persecución penal, es la persona que coordina y dirige el despacho de Porras, sin embargo, su alcance de incidir en toma de decisiones llega hasta otras dependencias del Estado, según el reportaje «El mundo que Consuelo Porras ve a través de Ángel Pineda y el vínculo con Giammattei».
Pineda cobró protagonismo la primera semana de diciembre de 2023 cuando en rueda de prensa el MP informó a la población guatemalteca que a su criterio las Elecciones Generales 2023, que le dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo, eran «nulas de pleno derecho» bajo la tesis de un supuesto fraude electoral condenado por instancias internacionales como un intento de «Golpe de Estado».
Pineda es el vínculo entre Porras y las demás dependencias que forman las áreas de fiscalía del MP, puesto que se encarga de convocar y coordinar reuniones de trabajo, cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Es oficialmente una pieza clave en el círculo de poder más cercano a la Fiscal General y que incluso sostuvo reuniones privadas con el expresidente Alejandro Giammattei.
En el Cara a Cara con La Hora, estos compromisos asumió Ángel Pineda
