La contratación del bufete estadounidense Greenberg Trauring, LLP recibió millones de quetzales del Estado de Guatemala para involucrarse en casos relacionados con personas sancionadas por Estados Unidos, reveló La Hora en publicaciones que salieron a la luz en junio de 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
La firma volvió a ser noticia el pasado jueves 7 de marzo, luego de que la administración del presidente, Bernardo Arévalo, denunciara por medio de la Secretaría General de la Presidencia al secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, por haber sugerido al expresidente Giammattei contratar al bufete para ejercer una «persecución política» en contra de guatemaltecos que se encuentran en el exilio.
La exfiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, son dos de los que aseguran ser víctimas de una persecución política a manos de la actual jefa del MP, María Consuelo Porras. A ellos se les suman otros que enfrentan procesos ante el empecinamiento del órgano investigador en su contra.
Ángel Pineda asegura que denuncia de Presidencia es por desconocimiento y descontextualizada
CONTRATACIÓN MILLONARIA
En una nota publicada el 2 de junio de 2022 por este Diario, titulada «La obsesión de Giammattei con la Lista Engel que nos cuesta millones», se dio a conocer que el entonces gobernante instruyó al Ministerio de Economía para que contratara a la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP con el afán que esta represente al Estado de Guatemala en un arbitraje internacional.
Giammattei quería a un abogado en específico: Daniel Pulecio-Boek, quien se promociona por tener experiencia en casos de personas sancionadas e incluidas en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. Meses antes, Porras y Pineda habían sido sancionados por aquel país, por primera vez.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 8, 2024
Pulecio-Boek, es un abogado que ha representado a varios funcionarios gubernamentales y empresarios de alto nivel relacionados con el Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la sección 353 del Departamento de Estado estadounidense, conocida popularmente como Lista Engel, publicado en julio de 2019, tal como indica la página digital de esta firma.
La contratación de Greenberg Trauring, LLP fue una petición directa del expresidente. El contrato, aparentemente, fue para llevar un caso de arbitraje internacional, pero la verdadera intención habría sido defender a funcionarios guatemaltecos sancionados por EE. UU.
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Desde que se supo de esta sanción, Giammattei se empecinó en una lucha contra el Departamento de Estado de aquel país. Incluso, en varias ocasiones se mofó de la Lista Engel y dijo que en Guatemala haría una «lista del Zopilote».
El 11 de mayo de 2022, dijo que en esta incluiría a los “enemigos de Guatemala (…) porque sí, si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos el zopilote vale algo”.
Según el objetivo señalado por el Gobierno, de que el bufete llevaría un caso de arbitraje internacional y cobraría entre US$2 millones y US$2.5 millones (unos Q15 millones a Q19 millones).
En la denuncia presentada Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, se afirmó que el pago que se hizo al referido despacho jurídico fue de Q461 mil 600 mensuales.
FINANCIA A POLÍTICOS
El bufete contratado ha aportado en la campaña de varios políticos de Estados Unidos. Uno de ellos fue el congresista republicano Marco Rubio, senador por el Estado de Florida, que en varias ocasiones se han pronunciado en contra de las sanciones bajo la Lista Engel, y señalado la injerencia de la Casa Blanca en asuntos internos de Guatemala, como en el proceso de reelección de Porras al frente del MP.
La firma se posiciona como uno de los 20 mayores contribuyentes del senador de 2009 a 2022, con un monto de US$99 mil 447, según una nota de La Hora.
El mismo 2 de junio de 2022, La Hora publicó la nota «Bufete en EE. UU: Janio Rosales no se pronuncia por contrato que gestionó», en la cual se detalló que el entonces titular del Ministerio de Economía (Mineco) evitó emitir comentarios relacionados con la contratación del bufete.
«El Mineco ya tenía contratado un bufete de abogados para abordar cinco casos que fue designado luego de un proceso de licitación, pero el -ex- presidente Giammattei dio instrucciones para decantarse por la firma Greenberb Traurig, LLP con una propuesta planteada por el referido abogado», dice la nota en referencia a Pulecio-Boek.
Tanto Miguel Martínez como Giammattei terminaron siendo sancionados por EE.UU., al final de su gestión por el gobierno de Estados Unidos.
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